Productores agrícolas se aliaron para justificar la extracción del agua del canal principal que abastece a una de las dos potabilizadoras que suministran agua a los habitantes de Los Mochis, mientras que el gobierno municipal cambió la mira para buscar a los responsables del desabasto urbano, los propios usuarios domésticos.

Esto después de una reunión entre Mariana Baca y el alcalde, Gerardo Octavio Vargas Landeros en donde el segundo pretendía que los productores agrícolas fuesen obligados a retirar las bombas charqueras del canal Lateral 18, pero resultó convencido de que estos estaban en orden y explotando un derecho y, en consecuencia, reenfocó sus baterías a los usuarios domésticos, a quienes aplicará una segunda sanción por mal uso, luego de que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA) hace algunos meses recortara el gasto mínimo, encareciendo el uso del vital recurso.

Así, los productores agrícolas recibieron una segunda aprobación para continuar sacando agua del canal.

De acuerdo a Baca, el agua que sacan las bombas charqueras (17) es aportación solidaria de los agricultores Artola, Gutiérrez, Murrieta, Zazueta, Leyva y Prodemex en favor de pequeños propietarios y de algunos ejidatarios.

Negó que los agricultores se estén robando el agua para consumo humano, y que el módulo de riego Santa Rosa sea cómplice en la extracción u omiso en su responsabilidad de evitarla mediante vigilancia de los canales.

“El agua para consumo humano no se toca. El robo de agua sería un ridículo, un abuso de mi parte. Esa agua que están sacando son aportaciones de algunos productores privados que se solidarizaron con sus compañeros y decidieron dar lo que no utilizan. Ya quedan muy pocos productores con riegos pendientes”, dijo la lideresa.

Tras esa reunión, Vargas Landeros cambió de opinión, pues antes había demandado que se sacaran del canal las bombas charqueras ilegales.

Incluso, su policía trató de quitarlas, pero sin conseguirlas.

Hasta antes de esa reunión, el alcalde opinaba que las bombas charqueras en realidad se estaban robando el agua para consumo humano, a tal grado que el nivel del canal 27 más 600 que abastece a la potabilizadora “Hernández Terán”, se había quedado sin niveles.

Esas críticas las detuvo abiertamente, cambiándolas por “cebollazos”.

En su aparición pública más reciente ponderó su cooperación con la Red Mayor del valle del Fuerte y el módulo Santa Rosa.

“Hemos dicho que es un tema muy sensible (sequía), que nos está golpeando desde hace dos años, que la proyección en los próximos meses va a estar muy difícil, pero que la colaboración entre la Red Mayor y los Módulos es muy importante. Hay grandes productores que echaron a volar sus pozos con el afán de ayudarle a los pequeños que no han terminado de hacer sus riegos”, explicó Vargas Landeros.

Dijo que el santa Rosa asiste a nueve plantas potabilizadoras y hasta ahora ninguna ha tenido desabasto.

También aseguró que el suministro de agua potable para la población está garantizado, pues la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA) no enfrenta problemas en cuanto al volumen disponible, sino en la conducción del recurso hídrico hacia las plantas potabilizadoras.

Y reiteró que multarán a quienes derrochen al agua, y a quienes instalen bombas presurizadoras.

Por su parte, Carlos Julián Avendaño García, Gerente General dijo que las plantas potabilizadoras tienen afectaciones por las extracciones a los canales abastecedores de la potabilizadora.

El gerente de JAPAMA destacó que, aunque el organismo no tiene injerencia en la regulación de los canales ni en la operación de pipas que se abastecen en estos puntos, sí mantienen un monitoreo constante e informan a los módulos de riego sobre cualquier irregularidad. “Nosotros no controlamos los canales ni las pipas que cargan agua ahí, pero si recibimos alguna denuncia o aviso, lo turnamos de inmediato al módulo correspondiente para que ellos determinen si los vehículos tienen permiso o deben ser restringidos”, detalló.

Avendaño García subrayó que la comunicación y coordinación con los módulos de riego se ha fortalecido en los últimos meses, con el propósito de mitigar el impacto de la sequía y asegurar el suministro de agua potable. “Es una labor permanente y hoy más que nunca se ha reforzado”, concluyó.

Este jueves, el canal Lateral 18 tenía instaladas 17 bombas charqueras, desde su punto de control hasta la carretera México 15. Y ninguna tenía supervisión del módulo. La única vigilancia a distancia era de los operadores de los motores o de los tractores.

La policía municipal vigilaba de cerca esas máquinas, pero sin molestar a los operadores.

Artículo publicado el 16 de marzo de 2025 en la edición 1155 del semanario Ríodoce.