Durante la primera semana de marzo, media ciudad de Los Mochis se quedó sin agua en horarios escalonados durante 48 horas. Además, la baja presión en las tomas domiciliaras se acentuó en todo el municipio.

La causa, el módulo de riego Santa Rosa no surtía los volúmenes suficientes al canal de suministro de agua cruda a la potabilizadora “Hernández Terán”, porque el ramal alimentador Lateral 18 acusaba un arrastre por descenso de los niveles.

El descenso se atribuyó a que el Distrito de Riego 075 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había determinado que el agua para irrigar cultivos ya se había terminado, y que en las presas sólo quedaba almacenamiento para consumo humano.

La Red Mayor del Valle de El Fuerte confirmó esa misma versión: no hay más agua para riego, sólo para consumo humano.

Sin embargo, al menos 10 potentados agrícolas de Los Mochis sí tenían agua, y pese a la emergencia humana por sequía, estos continuaban regando.

Una fuente que pidió anonimato denunció que “se trata de familias de paperos, de maiceros que están tomando agua del canal Lateral 18 en complicidad de todas las autoridades, municipio, estatal y federal. El módulo Santa Rosa lo sabe, pero es cómplice, y hasta su defensor, porque no hace nada. ¿No me cree? Hagamos un recorrido juntos por el canal Lateral 18”.

El recorrido se realizó el miércoles 5 de marzo a las 13:00 horas, iniciándose en el punto de Control del canal principal Valle del Fuerte (Lateral 18). Era el kilómetro 18 más 420 metros. De ese punto hasta el kilómetro 23.7 en donde se encuentran el canal ramal sublateral que alimenta a la potabilizadora “Hernández Terán”, hay una recta de 5.3 kilómetros.

Y en la cubeta del canal se conducen 1.7 metros cúbicos por segundo, suficientes para abastecer sin complicaciones a la potabilizadora “Hernández Terán”, que a su vez surte agua potable a media ciudad de Los Mochis. La parte norte está conectada a la potabilizadora Comisión de Río Fuerte que recibe agua cruda del módulo de riego Taxtes.

En el recorrido se comprobó que sobre la recta del Lateral 18 hay 10 bombas charqueras adosadas a tractores, bombeando agua hacia las tomas de sublaterales. Las charqueras fueron colocadas en los represos de los kilómetros 14, 13, 12 y 9, para rematarlas justo donde comienza el límite rural de la ciudad.

Ese miércoles, ninguna máquina agrícola tenía un solo documento pegado a las carrocerías que revelara la propiedad o los permisos para la extracción de agua.

Las resistencias

La premisa de que el agua conducida por el canal lateral 18 estaba destinada para consumo humano fue defendida por la Policía Municipal de Ahome el miércoles 5 de marzo, cuando se desplegó sobre los bordos del ramal para retirar las bombas charqueras ilegales. Algunas de ellas fueron sacadas, pero en las acciones, uno de los juniors de un agricultor pudiente los enfrentó, oponiéndose a que se le retirara.

El junior fue sometido y cuando era trasladado a la barandilla, su padre apareció y justificó la extracción de agua por una orden del módulo de riego, pero no mostró documento alguno. Los policías liberaron al joven, cuando funcionarios del módulo confirmaron la versión del padre.

Pero al día siguiente, el jueves 6 de marzo, la situación había cambiado. Y los tractores ya ostentaban un documento con el cual el gerente del módulo Santa Rosa, Fernando Jadiel Armenta Félix, aprobaba el uso del bombeo, y en el mismo papel, el productor se responsabilizaba de cualquier daño a la infraestructura.

La circulación del documento y su respectiva adhesión al tractor tenía una causa. El día anterior, la policía municipal se desplegó en el canal para retirar las bombas ilegales. En esa intervención, el hijo de un productor, a quien se identificó como “Reyes” se opuso a que le quitaran la bomba y fue arrestado. El junior sólo fue liberado cuando el papá intervino. Luego, el documento roló.

Juan Francisco Rodríguez Ponce, jefe operativo de la policía preventiva, confirmó el incidente y dijo que la vigilancia en los canales continuará.

Ríodoce buscó la réplica de la presidenta del módulo Santa Rosa, Rosa Mariana Baca Martínez y de su gerente, Fernando Jadiel Armenta Félix, pero la recepcionista los negó. Ella ofreció tramitar una cita sobre el tema. Hasta el viernes, la cita no había sido concedida.

De acuerdo con la fuente, el Santa Rosa tiene asignada una superficie de 33 mil 044 hectáreas, pero para el ciclo otoño-invierno 2024-2025 recibió una dotación de 99 millones de metros cúbicos de agua, por lo que forzosamente debió haber restringido en 60 por ciento las superficies a sus socios. Sin embargo, la meta fue sobrepasada.

De acuerdo con el portal de la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte, al 30 de noviembre del 2024, el Santa Rosa tramitó permisos de siembra para 23 mil 984.62 hectáreas, de las cuales 6 mil 844 hectáreas son de papa. Es decir, el tubérculo es el principal cultivo.

La reducción de la superficie a la mitad ordenada por Conagua fue rebasada con 8 mil 470 hectáreas.

Según la Red Mayor del Valle del Fuerte, el Santa Rosa logró 105 millones de metros cúbicos de agua para uso agrícola, pero esa asignación la agotaron rápido al sobrepasar la superficie disponible. Por ese excedente, el módulo logró a través de gestiones diversas que se le asignara un volumen almacenado en la presa Miguel Hidalgo y que era para la Red del Valle del Carrizo.

Héctor Félix Alejo, ex presidente del módulo de riego Santa Rosa, dijo desconocer porque aún se riega la papa y no los maíces, pues todos los socios saben que el organismo ya no tiene dotación.

Esa información la ha pedido incontables veces a la dirigencia del módulo, pero estos han sido parcos o abiertamente omisos en entregarla “No sabemos lo que está pasando. Lo único que entendemos es que los paperos sí tienen agua, pero los maiceros no”.

Las bombas que están en el canal Lateral 18, todas son del sector privado. El sector social no tiene ninguna, aclaró. “No sabemos cómo está la cosa”.

El ex dirigente es también campesino en el ejido Las Vacas, y en esa demarcación hay una superficie de 500 hectáreas de maíz que están en espera de marchitarse por falta de riego.

“No sabemos qué es lo que está pasando. El módulo no informa”.

Disposición oficial

A finales de febrero, el Distrito de Riego 075 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había decretado que el volumen de los canales era sólo para consumo humano y que los riegos de cultivos estaban ya suspendidos, orden que se oficializó en reunión con el alcalde y las dirigencias de los módulos de riego.

Allí, el alcalde Gerardo Octavio Vargas Landeros ordenó a la Policía Municipal y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) incrementar la vigilancia sobre los canales abastecedores para eliminar el robo de agua por productores agrícolas y para detectar derrochadores del líquido.

Además, pidió a los usuarios domésticos, comerciales e industriales el uso eficiente del agua y detener el derroche, advirtiendo que será arrestado quien desacate el ordenamiento.

Las restricciones al consumo no eran nuevas en esta administración, pues desde agosto del 2024, el gerente de Japama, Carlos Julián Avendaño García, había anunciado una reducción de subsidios a los consumos mínimos. Y esta reducción era del 40 por ciento. En ella, la dependencia bajó a 12 metros cúbicos de consumo subsidiado de 20 metros cúbicos que se decretó en la ley.

“Fue una petición de Conagua y de la comisión Estatal de Agua Potable (Ceapas), y que debíamos atender”, dijo en su momento.

Este viernes, el alcalde Vargas Landeros ordenó más dureza contra los derrochadores de agua.

La Japama continuó avisando que habrá baja presión en las tomas domiciliarias del sur de la ciudad, y las bombas charqueras no dejan de extraer agua del canal Lateral 18.

Artículo publicado el 9 de marzo de 2025 en la edición 1154 del semanario Ríodoce.