La designación de cárteles como terroristas, una declaración política

La designación de cárteles como terroristas, una declaración política

Avanza Trump en la clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas

 

La designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, propuesta hecha apenas el jueves de la semana pasada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es más una declaración “con impacto político” que una realidad, porque en la práctica, va a ser difícil que apliquen el gobierno de américa del norte aplique una ley como esa, consideró Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Cisen.

“La declaración es política, porque no es bueno para México que en su territorio haya organizaciones terroristas, pero que se quieran ir contra toda empresa o individuo que haya dado dinero a los narcos, va a ser muy difícil”, sostuvo Valdés Castellanos, que dirigió el Cisen durante la administración del expresidente Felipe Calderón.

La medida impone tres reglas para que un individuo, empresa o grupo criminal sea declarado como organización terrorista, y estos criterios son que sean extranjeros, que hayan participado en actos terroristas, o bien, que tengan la intención de hacerlo. A partir de esos criterios, si un individuo o empresa ayuda, o aporta dinero a uno de estos individuos o grupos, se le considera también parte de ellos y, por tanto, enemigo de Estados Unidos.

Sobre este punto Valdés Castellanos infiere lo ambigua que resulta la ley, porque en teoría cualquier empresa que haya financiado a los cárteles ya es terrorista, pero si se considera a todas las empresas que hay en México y que han sido extorsionadas, entonces el problema es más grave de lo que parece, porque desde esa perspectiva casi toda empresa habría financiado a los grupos delincuenciales del país, y por consiguiente hoy serían organizaciones terroristas.

Y aquí irían empresas automotrices, fabricantes de refrescos, empresas norteamericanas, sucursales bancarias que sin duda han sido extorsionadas, y que por tanto aportaron dinero al narco; ellos también caerían en el financiamiento de grupos terroristas. ¿Estarían dispuesto Trump a ir tras todas esas empresas?”, observa Valdés Castellanos.

El analista de seguridad y autor de libros como La Historia del Narcotráfico en México, va más allá, pues apunta que las armerías en Estados Unidos que venden armas a los cárteles de las drogas, deberían de estar sujetas a ser perseguidas bajo esta acta, y les tendrían que cerrar sus armerías, embargar sus activos, inventarios y bienes.

“¿Estaría Trump dispuesto a todo esto?, no lo creo”, dijo Valdés Castellanos.

De acuerdo a la nueva ley, los cárteles designados como organizaciones terroristas extranjeras (FTO por sus siglas en inglés), son el Cártel de Sinaloa y sus diferentes facciones; Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noroeste, en Tamaulipas; Cárteles Unidos en Michoacán, y La Familia Michoacana, también en Michoacán.

La medida, según explicó la Casa Blanca, busca proporcionar herramientas jurídicas para que las autoridades congelen activos, impongan sanciones y procesen a personas y entidades que ayuden a los cárteles.

Pero además busca promover una mayor colaboración interinstitucional entre entidades como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el FBI, la DEA, el Departamento del Tesoro, así como otras agencias de la comunidad de inteligencia para combatir a los cárteles como un frente unificado.

“Es muy necesario mejorar el intercambio de inteligencia y la coordinación operativa entre agencias federales, estatales y locales. Es un tema que he discutido repetidamente con los legisladores”, dijo el presidente Trump en su momento.

Para Víctor Gerardo Garay Cadena, excomisionado de la desaparecida Secretaría de Seguridad en México, esta propuesta ha sentado al gobierno mexicano en la mesa de diálogo con “un arma cargada sobre la mesa, pero también con un cuchillo en la boca”.

“Será un parteaguas en la vida criminal de la “narcopolítica” en el país, pues de entrada está la difuminación del Cártel de Sinaloa, los antiguas liderazgos cayeron de alguna forma y los herederos no respetaron esas reglas o tradiciones para direccionar esa empresa criminal de varios tentáculos”, dijo Garay Cadena.

Y agregó: Vemos cómo se han eliminado a narcotraficantes y los muchos que estarán buscando negociar o entregarse a las autoridades norteamericanas en busca de beneficios y protección, pero el manotazo desde la Casa Blanca, creo, va a llegar hasta la clase política vigente.

Sobre esa posibilidad, Valdés Castellanos dice: “Pues si se les demuestra que políticos tienen cuentas y que han apoyado a los narcos para que obtengan beneficios que financien sus operaciones, también irían por ellos”.

Los criterios de la orden ejecutiva identifican, no sólo a los principales cárteles de la droga en México, sino también a otras entidades transnacionales como el Tren de Aragua (TdA) y La Mara Salvatrucha (MS-13), y otros grupos aún por designar.

¿Se abre la posibilidad de una incursión militar?

Donald Trump es el presidente que más órdenes ejecutivas ha firmado, y lo ha hecho en menos de un mes. “Esta es una grande (…) México probablemente no lo quiera, pero lo tenemos que hacer”, dijo antes de firmar la orden para que arranque el proceso para designar a los cárteles como organizaciones terroristas.

Ioan Grillo, periodista especializado en narcotráfico, opinó que, aunque la medida no garantiza una intervención militar, esto la pone un paso más cerca.

Expertos coinciden que la primera fase iría principalmente sobre las empresas que tienen vínculos con los carteles. Dentro de ello, es posible un escenario de congelamiento de cuentas y cancelación de visas.

“No hay nada en el lenguaje legal de una designación como “organización terrorista” que autorice cualquier tipo de acción militar”, declaró para Reuters Elisabeth Malkin, subdirectora de programas para América Latina de International Crisis Group.

Artículo publicado el 16 de febrero de 2025 en la edición 1151 del semanario Ríodoce.

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