A pesar de que el 74% de las armas de fabricación estadunidense se recuperan en México, no existe voluntad política por parte de EU

Aún con los miles de armas que llegan de Estados Unidos a México, y arman a las diferentes facciones del Cártel de Sinaloa y Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el tráfico de armamento de ese país a territorio mexicano no se detendrá, porque no existe voluntad política del gobierno estadunidense para acabar con ese delito, opinaron analistas de seguridad.

Gerardo Rodríguez Sánchez-Lara, profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), recalcó que, aunque la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos), quiera detener el contrabando de armas a México, sus recursos son limitados, y la falta de apoyo político los detiene, y lo más que logran hacer son reportes anuales sobre el contrabando de armas.

“Pero hay un punto importante, que así cómo Estados Unidos presiona a México por el tema del fentanilo, también México puede exigir cooperación a Estados Unidos para detener el tráfico de armas hacia nuestro país”, observó Rodríguez Sánchez-Lara.

Según un reporte del ATF publicado la semana pasada, las armas que entran a México terminan principalmente en los estados fronterizos de Sonora, Chihuahua, Baja California, que según señala la DEA, son controlados por grupos criminales afiliados al cártel de Sinaloa y CJNG, además de hacer hincapié en las más de 50 mil armas de origen estadounidense aseguradas en México, entre 2022 y 2023.

Al menos un 74 por ciento de toda arma de fuego, de manufactura estadunidense, traficada a nivel internacional, fue recuperada en México, cita la investigación de este año, titulada Evaluación Nacional para el Comercio y Tráfico de Armas de Fuego (NFCTA): Proteger a Estados Unidos del tráfico de armas de fuego.

La gran cantidad de armas que llegan a México, son el principal ingrediente que combustiona la violencia en México, y habría cobrado la mayoría de los 26 mil 715 asesinatos que se registraron en México en 2024, según datos de las mismas autoridades mexicanas.

Alejandro Celorio Alcántara, analista de seguridad y ex consultor de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), observó cómo el reporte valida lo que señaló el ex canciller Marcelo Ebrard, en octubre de 2022, cuando señaló que Nuevo México, Texas y California, eran los estados de dónde venían la mayoría de las armas que terminaban en México.

“Pero el reporte también muestra como las empresas armamentistas son negligentes, porque aun sabiendo que sus armas van a llegar a México, no hacen algo para evitarlo o para remediar el problema, pero además nadie verifica qué tiendas venden armas al mayoreo, quién las compra, y dónde se recoge ese armamento que termina en México”, dijo Celorio Alcántara.

Como parte de aquella investigación, hecha por el gobierno mexicano, México demandó a empresas fabricantes y distribuidoras de armas en una Corte Federal en Boston, Massachusetts, en agosto de 2021.

“La prioridad para México es reducir la violencia y para ello se requiere un esfuerzo para el control de tráfico de armas”, dijo en su momento el ex canciller Marcelo Ebrard.

La demanda, hecha en contra de ocho empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, no prosperó, y un año más tarde, México presentó una segunda demanda contra los mismos fabricantes de armas, esta vez ante una Corte Federal de Distrito de Tucson, Arizona.

En noviembre de ese mismo año, México solicitó ante una Corte Interamericana de Derechos Humanos, una consultoría con relación al comercio de armas y su impacto en los derechos humanos.

“Es probable que no vayan a avanzar esas demandas, pero fue muy buen precedente que la cancillería mexicana interpusiera esta, aunque ya se llevó este caso ante la suprema corte de Justicia de Estados Unidos”, dijo Rodríguez Sánchez-Lara, quien además es coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia por la UDLAP

Aun cuando el reporte del ATF no es nada nuevo, sino que los publican anualmente, y los resultados de los últimos años mantienen estadísticas muy similares, Celorio Alcántara subraya que estos resultados deben de exigirse al gobierno de Estados Unidos para que cada vez mejor se sepa de donde provienen las armas que llegan a México.

“En la última década, el gobierno de los Estados Unidos no ha hecho lo que debería hacer, incluso, durante el verano de 2022, el tráfico de armas no era un delito en ese país. Hoy sí es un delito, y las autoridades ya tienen un argumento jurídico para detener a un vehículo que se cree lleva una gran cantidad de armas, y revisarlo”, dijo Celorio Alcántara.

Durante un trabajo de campo realizado por este semanario, en Yuma, Arizona, en 2020, se ingresó a una tienda de armas, donde se podrían comprar desde pistolas, hasta AK47, M16, incluso Barrets calibre .50. El único requisito era ser mayor de 21 años, y tener licencia o pasaporte vigente. Sobre el número máximo de armas que podían adquirirse, el vendedor respondió “las que necesite”.

Sobre el reporte del ATF, el gobierno mexicano fijó una postura neutral, aunque sí se precisó que debía hacerse algo para detener el tráfico de armas.

“Se trata de un informe del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos, que es la publicación final del volumen del comercio de armas de fuego, un estudio del volumen nacional del comercio y tráfico de armas de fuego, y ahí están reconociendo el tráfico de armas desde Estados Unidos a México”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, duranta una de sus conferencias matutinas.

Para los traficantes de armas consultados en su momento, esto de comprar y vender armas no es más que un negocio.

Pero es un negocio que cobra muchas vidas, le observó a uno de ellos luego de ser entrevistado por una periodista de National Geographic.

La respuesta fue fría: “Pero yo no soy el que jala el gatillo, ni tampoco al que le apuntan”.

Artículo publicado el 12 de enero de 2025 en la edición 1146 del semanario Ríodoce.