La misma semana que varios establecimientos de Culiacán, como cascada, anunciaron que bajaban las cortinas por no poder sostenerse más tiempo ante el clima de inseguridad, el gobernador Rubén Rocha Moya se reunió ante diputados en una mesa de trabajo que se agendó como “Plan de Reactivación Económica”.

Lejos de ser un plan integral para impedir el cierre de más empresas, la reunión a la que se convocó a los alcaldes de todos los municipios, diputados federales y senadores, fue en realidad para hacer pública la solicitud al Congreso del Estado para que aprobara la contratación de un crédito de largo plazo por 2 mil 300 millones de pesos.

En el mismo salón Constituyentes en donde se realizó la reunión, los empresarios semanas atrás habían expuesto a los diputados que vivían una situación incierta por el impacto de violencia y que estaban luchando para sostener el pago de la nómina y la subsistencia de sus negocios. La propuesta había sido la gestión de prorrogar el pago de impuestos y contribuciones al IMSS, Infonavit, entre otras demandas, para evitar cerrar.

Ninguno de estos temas se tocó por parte del mandatario estatal en lo que llamó Plan de Reactivación Económica.

En su narrativa ante los diputados, Rocha Moya explicó que había pedido que se le permitiera hablar del Plan de Reactivación de la Economía de Sinaloa y presentar a su vez la iniciativa de ley para el crédito.

Cuatro factores

En el inicio de su mensaje dijo que el plan de reactivación económica tomaba en cuenta cuatro factores económicos, que tenían que ver con las inversiones del gobierno federal, la del gobierno estatal, así como la de la iniciativa privada con capital local, nacional y extranjero.

En los hechos, no se trató de la presentación de un plan de reactivación económica emergente, como sugirió la convocatoria presurosa con la que se invitó a todos los integrantes de la actual legislatura, alcaldes, diputados federales y senadores, sino un recuento, por ejemplo, de la inversión que ya había sido anunciada con anterioridad por el gobierno federal, incluido en el Presupuesto de Egresos 2025. De ahí los 39 mil 940 millones, es decir, no se trataba de recursos adicionales para atender la coyuntura que vive la entidad.

Citó la tecnificación de distritos de riego de Culiacán y El Fuerte con una inversión de 13 mil millones de pesos. Este proyecto, sobre el cual incluso ya se firmó un convenio con la Comisión Nacional del Agua desde el pasado 20 diciembre, parte de un programa nacional multianual del gobierno federal para evitar el desperdicio de agua de uso agrícola.

Mencionó también la construcción de un hospital general de zona por parte del IMSS que implicará una inversión de 2 mil millones de pesos. Este proyecto ya había sido anunciado por el mismo gobernador el pasado 2 de septiembre, luego de haber sostenido una reunión con el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

Citó la adquisición de dos aceleradores lineales nuevos con valor de 150 millones de pesos para reducir los tiempos de espera en el Instituto Sinaloense de Cancerología. Se trata de una inversión consumada por parte del gobierno federal, quien hizo llegar el equipo desde el pasado 31 de julio para favorecer a la población que está luchando con algún tipo de cáncer.

En la presentación del plan de reactivación se incluyeron también los estímulos federales a productores de maíz por 2 mil 940 millones, los cuales están incluidos en el Presupuesto 2025 del gobierno federal.

Incluyó en el Plan de Reactivación a la Economía un monto de 22 mil millones de pesos a los programas sociales, que ahora tienen rango constitucional, destinados a adultos mayores, discapacitados, las becas a estudiantes de preparatoria y secundaria.

Por parte del gobierno estatal se refirió a una inversión de 6 mil 962 millones de pesos, en donde hizo referencia a la inversión pública productiva, como llamó a la realización de obra pública, y a la inversión en programas sociales.

En el “Plan de Reactivación Económica” incluyó el referido a entrega gratuita de uniformes y útiles escolares al alumnado de escuelas públicas, que ya se había aprobado en diciembre dentro del Presupuesto Estatal de 2025, y que forma parte del marco legal en Sinaloa desde septiembre de 2019.

En la reunión el gobernador se refirió también a los mil 900 millones incluidos en el Presupuesto 2025 para programas sociales y apoyos a grupos vulnerables, como el programa para discapacitados, el fondo para personas desplazadas y los apoyos a pescadores con el Bienpesca.

Mencionó el presupuesto de obras del Instituto Sinaloense para la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) por 857 millones de pesos, los cuales incluyen a la Escuela Normal Experimental de El Fuerte, entre los planteles beneficiados, contenido también dentro del Presupuesto de Egresos 2025.

En su presentación citó las inversiones de la iniciativa privada con capital nacional y local por 30 millones de pesos, incluso la extranjera calculada en 8 mil 392 millones de dólares.

Estas últimas referidas a proyectos ya muy conocidos por el de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), que actualmente enfrenta diversos litigios legales de grupos indígenas que se oponen a la instalación de la planta de amoniaco, y otras ya muy difundidas por la Secretaría de Economía por Mexinol, Tetakawi, ATR Sumitono y DH2 Energy.

Carta marcada

Al final de la presentación que se prolongó casi por dos horas vino el anuncio de la solicitud de un crédito de largo plazo por 2 mil 300 millones de pesos que serían invertidos en su totalidad en 36 obras en 20 municipios.

El monto solicitado es equivalente a la cantidad que el Gobierno estatal está obligado a pagar al SAT, producto de actuaciones irregulares durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel al infringir el Convenio de Colaboración Administrativa en Material Fiscal Federal celebrada entre la Federación y el estado.

Unas horas más tarde de la realización de la reunión, la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico dio el visto bueno a la propuesta del gobernador. Al siguiente día se leyó la solicitud ante el Pleno, se dispensó la segunda lectura y se turnó a la Comisión de Hacienda Pública y Administración.

La mañana del viernes, en sesión extraordinaria el Pleno del Congreso del Estado aprobó la contratación de la deuda, el cual había asegurado el gobernador tenía viabilidad porque el gobierno estatal tiene calidad crediticia, disciplina financiera, estabilidad fiscal, procesos competitivos y responsabilidad institucional para liquidar empréstitos.

¿Cuáles obras públicas se harán con el crédito?

El gobernador propuso un listado de 36 obras repartidas en los 20 municipios de Sinaloa. Entre los proyectos incluyó el Centro de Convenciones de Culiacán, que ya había estado en el programa de obras de 2024 con una inversión de 100 millones de pesos, pero que no se realizó. Para el 2025 fue contemplado nuevamente, pero con una inversión de 300 millones de pesos.

Un par de horas antes de la votación del crédito, los diputados de la Comisión de Hacienda Pública y Administración incluyeron en el dictamen una reasignación de recursos para Ahome que eliminó la rehabilitación del pavimento del bulevar Adolfo López Mateos en Los Mochis por 48.2 millones de pesos, para en su lugar realizar obras prioritarias de infraestructura pública.

Redujeron también de 20 a 15 millones el proyecto de remodelación de la Plazuela 27 de Septiembre en Los Mochis, para dedicar la diferencia en las citadas obras prioritarias de infraestructura municipal en ampliación de drenaje, bacheo, alumbrado público, entre otras.

Artículo publicado el 12 de enero de 2025 en la edición 1146 del semanario Ríodoce.