Pese a la crisis de violencia que vive Sinaloa, los recursos para revertirla, son insuficientes, señala Miguel Calderón Quevedo

El Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2025 para Sinaloa, por un monto de 70 mil 004 millones 102 mil pesos, de los cuales 3 mil 613 millones, que representan un 5.6 por ciento, estarán destinados a seguridad y justicia.

Y, a pesar de que los miembros de la Comisión de Hacienda y Administración hicieron reasignaciones por 322 millones 720 mil 539 pesos, respecto al proyecto presentado por la Secretaría de Administración y Finanzas, para destinarlos en su mayoría a seguridad pública, el recurso se quedó muy lejos de lo esperado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) para tratar el tema de inseguridad que atraviesa Sinaloa.

Si existía un momento histórico para que las autoridades destinasen el recurso suficiente para combatir el tema de la inseguridad y el rezago dentro de la Fiscalía General del Estado, era este, en medio de la pugna de dos facciones del Cártel de Sinaloa, sin embargo, la falta de solidaridad de la autoridad parece no querer atajar la situación, consideró Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del CESP.

Fue el 12 de diciembre, cuando el CESP instó a los legisladores locales a revisar el presupuesto que se destinaría en materia de seguridad para el 2025. Calderón Quevedo señaló que el proyecto presupuestal derivado del ejecutivo estatal, no atajaba la situación de violencia que se vivía.

Los miembros del consejo propusieron que el presupuesto dirigido a seguridad debía incrementarse al menos un 40 por ciento en las reasignaciones, ya que el acumulado presupuestal de todas las dependencias relacionadas a la seguridad y justicia, apenas tenía un incremento del 13 por ciento respecto al 2024.

Para ilustrar la situación, Calderón Quevedo señaló que, el ejecutivo estatal pretendía destinar 283 pesos por cada habitante a la Secretaría de Seguridad Publica de Sinaloa en 2025, cuando en Chihuahua se ejercía mil 286 y en Sonora mil 224.

Los ajustes se hicieron, las reasignaciones se aprobaron, pero el presupuesto a seguridad y justicia sigue siendo insuficiente para el tamaño del problema.

“Tenemos un sentimiento agridulce al respecto de nuestra petición, porque sí, efectivamente, en algunos rubros representaba algunos incrementos que pudieran parecer históricos, se quedaron todavía muy lejos del 40 por ciento que al menos solicitamos al poder legislativo sobre las reasignaciones”, declaró.

En materia de seguridad las instancias que más asignación de recursos tuvieron frente al 2024 fueron el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que recibirá 545 millones 407 mil pesos y representa un incremento del 22.97 por ciento; seguido de la Comisión Estatal de Búsqueda con 53 millones 966 mil pesos asignados y un incremento del 19.93 por ciento; y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado con 900 millones 368 mil pesos y un aumento del 19.04 por ciento, respecto al año anterior.

El incremento de la Secretaría de Seguridad Pública fue de 10.9 por ciento respecto a 2024, el de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue de 6.3 por ciento y el de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, de 6.07 por ciento.

El presupuesto final en 2025 para la FGE fue de mil 140 millones 023 mil pesos; sin embargo, el aumento porcentual está por debajo de la inflación y apenas son 70 millones de pesos más que en 2024, “es un logro menor”, desdeñó Calderón Quevedo.

Manifestó que la FGE requiere más de 300 millones de pesos adicionales respecto al 2024; no obstante, la primera propuesta hecha por el ejecutivo estatal para la FGE contemplaba una reducción respecto al año anterior. Mil 089 millones pesos fue lo presentado por Joaquín Alberto Landeros Güicho, secretario de Administración y Finanzas. Ante dicha situación, el coordinador general del CESP señaló que, mientras que Chihuahua destinó a la Fiscalía estatal 864 pesos por cada habitante y en Sonora 700, en Sinaloa, el ejecutivo solo pretendía otorgar 354 pesos.

El caso de la FGE toma relevancia en medio de la serie denuncias y casos que se han acumulado en los últimos cuatro meses del año, señaló Calderón Quevedo, en el que cerca del 60 por ciento de los homicidios del 2024 y alrededor de 680 denuncias presentadas ocurrieron de septiembre a noviembre.

Dentro de las reasignaciones, también se contemplaron 3 millones de pesos para la profesionalización de 70 policías y apoyo a la carrera policial. Para Calderón Quevedo, esa también fue una satisfacción a medias, ya que la realidad es que se necesitan 400 elementos más en la policía estatal.

Otro de los señalamientos fue el recurso destinado a la creación y funcionamiento de la policía cibernética que, si bien era un rezago y se pondrá en marcha el año siguiente, 10 millones de presupuesto queda muy por debajo de las necesidades para operar un área de ese tamaño, dijo.

Tan solo lo destinado para la compra de patrullas y grúas, 15 millones 5 mil pesos, fue superior al presupuesto de la policía cibernética. “La tecnología no es barata, no es económica. Mientras la delincuencia no tiene topes presupuestales ni tiene criterios para ejercer, nosotros tenemos muchas limitantes de este lado del combate a la delincuencia”, agregó.

“Nosotros pusimos sobre la mesa que estamos viviendo un momento histórico, del 9 de septiembre a la fecha, en el cual, pudiese comprenderse que la petición que hacíamos tiene mucho sentido. Parece que no aprovechamos ese momento histórico, estas circunstancias para poner a tono las necesidades presupuestales con el tamaño del problema, de nuevo, desafortunadamente se quedó muy arriba el tamaño del problema con el recurso que vamos a destinar al 2025”, expresó.

Artículo publicado el 22 de diciembre de 2024 en la edición 1143 del semanario Ríodoce.