La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un amparo que buscaba obligar al Estado mexicano a crear una ley general, una institución especializada y un presupuesto específico para atender el desplazamiento forzado interno en el país, según Aristegui Noticias.

El caso fue promovido por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), que argumentó que la ausencia de un marco jurídico federal deja en situación de vulnerabilidad a miles de personas desplazadas por la violencia y otras causas. La organización estimó que este fenómeno ha afectado a cerca de 390 mil personas desde 2016.

Al resolver el Amparo en Revisión 269/2025, el máximo tribunal concluyó que ni la Constitución ni los tratados internacionales aplicables establecen una obligación expresa que pueda exigirse mediante un juicio de amparo para ordenar la creación de una legislación específica.

La Corte también determinó que las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en esta materia no son vinculantes para el Estado mexicano, por lo que su cumplimiento corresponde al ámbito de decisión de las autoridades competentes.

Con esta resolución, la SCJN dejó en manos del Poder Legislativo cualquier eventual creación de una ley federal para atender el desplazamiento forzado interno.