El INEGI señala que en 2023 en el estado había 88 mil 392 carpetas de investigación pendientes

Abatir el rezago en las investigaciones es una propuesta de la persona que llega ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, pero en la práctica nunca se cumple.

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El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestra la situación de las fiscalías locales y de la Fiscalía General de la República y en el caso de Sinaloa revela que cada año se acumulan las carpetas de investigación sin resolver.

En su Plan de Persecución Penal, Sara Bruna Quiñónez Estrada, tenía como objetivo mayor eficiencia en la resolución de las carpetas de investigación, pero no lo cumplió; y para la actual fiscal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, también es una de sus prioridades.

Según el INEGI, en la FGE de Sinaloa las investigaciones sin resolver aumentan año con año; y de acuerdo con los resultados, en 2021 la Fiscalía tenía 74 mil 704 carpetas de investigación o averiguaciones previas pendientes de concluir, y al cierre de 2023 eran 88 mil 392.

Informes del Consejo Estatal de Seguridad Pública, establecen que en Sinaloa los delitos con mayor impunidad, en los que más del 90 por ciento de los casos no se resuelven, son el robo de vehículo, lesiones dolosas, violencia familiar, homicidio culposo, robo a comercio, homicidio doloso, narcomenudeo, robo a casa y robo a banco.

El CESP señala en sus estudios, que el personal de la FGE Sinaloa tiene carga excesiva de trabajo; y ejemplifica que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas tiene adscritos 22 agentes del Ministerio Público y 7 mil 546 carpetas de investigación, por lo que a cada agente le correspondería investigar 343 casos.

En órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar el rezago se mantiene. Al 31 de diciembre de 2021 había 7 mil 158 mandamientos judiciales sin ejecutar y para el cierre de 2023 eran 7 mil 195.

En 2021, la entonces Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez, presentó su Plan Estratégico de Persecución Penal, en el que uno de sus objetivos prioritarios era la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal.

“El Plan Estratégico de Persecución Penal pretende lograr una mayor eficiencia en la resolución de las denuncias y querellas recibidas, mejorar el funcionamiento institucional y coadyuvar en que la sociedad obtenga una respuesta por parte de la Institución del Ministerio Público, en la materialización de sus derechos de seguridad, acceso a la justicia y reparación del daño”, indica.

Los datos del INEGI muestran que el plan no cumplió con su objetivo y al contrario aumentó el número de carpetas de investigación y averiguaciones previas pendientes de resolver.

Después de que Quiñonez Estrada renunció a la Fiscalía por irregularidades en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, Claudia Zulema Sánchez Kondo asumió el cargo de Fiscal General con el mismo objetivo de abatir el rezago.

Durante su comparecencia en el Congreso del Estado, una de sus prioridades, dijo, es abatir el rezago.

“Las principales acciones que asumiría serían una revisión y seguimiento del estado actual de la integración de las carpetas de investigación, uno de los principales temas y factores importantes de la procuración de justicia es abatir y acabar con la impunidad, es un trabajo arduo, es un trabajo necesario desde cada agencia del ministerio público trabajar la parte de las carpetas de investigación, el rezago con el que cuenta la institución con el que se ha iniciado desde año atrás o que se ha dejado esta parte y dar resolución a esas partes”, expresó.

Mencionó que otro punto prioritario será la coordinación con otras instancias para eficientar el acceso a la justicia de los sinaloenses respecto a la recepción de denuncias o querellas y las solicitudes para la celebración de audiencia, buscando que las partes tengan un acceso a una justicia pronta.

“Otras de las propuestas de trabajo que tengo para realizar son mesas de trabajo con las y los titulares de las agencias del ministerio público, así como de las inspecciones de la Policía de Investigación y el personal pericial, para dar el debido seguimiento a las determinaciones resueltas, así como las propuestas de procedimiento abreviado, las solicitudes que se presentan ante órganos jurisdiccionales, lo cual conlleva a resultados en vinculación a proceso, formulación de imputación”, indicó.

El Censo del INEGI muestra que a nivel nacional en las Fiscalías estatales y en la FGR hay 2 millones 600 mil 680 carpetas de investigación o averiguaciones previas pendientes de resolver que representan una disminución en comparación con 2022 cuando eran 2 millones 865 mil 162.

Durante 2023, se registraron 2 millones 18 mil 676 personas inculpadas y/o imputadas registradas en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público, cifra que representó un aumento de 4.6 por ciento en comparación con lo reportado en 2022.

En Sinaloa fueron 35 mil 954 personas inculpadas o imputadas y los estados que concentraron la mayor cantidad de personas fueron Estado de México, con 383 mil 552; Guanajuato, con 154 mil 965, y Jalisco, con 146 mil 672.

Artículo publicado el 17 de noviembre de 2024 en la edición 1138 del semanario Ríodoce.