El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción informó que el gasto de 687 mdp señalado como irregular en el último año, no fue aclarado por los organismos de gobierno fiscalizados

Instituciones integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción informaron que en el último año el gasto de 687 millones de pesos señalado como irregular no fue aclarado por organismos de gobierno y se judicializaron siete carpetas de investigación por presunta corrupción.

El Comité Coordinador del Sistema dio a conocer las principales acciones y actividades de los integrantes en el último año.

La información de la Auditoría Superior del Estado señala que en las auditorías financieras se señalaron irregularidades por un monto de 874 millones 758 mil 637 pesos, de los cuales 687 millones 924 mil 747 pesos no fueron solventados por las instituciones fiscalizadas.

Detalla que 5 millones 492 mil 822 pesos fueron reintegrados a la tesorería y el gasto de 181 millones 341 mil pesos fue solventado cuando los auditores solicitaron los documentos.

La mayoría de las observaciones fueron a los organismos paraestatales, en los que hubo irregularidades en 545 millones 572 mil pesos.

Las observaciones en las que hubo daño o perjuicio a la hacienda fueron por la falta de documentación comprobatoria y justificativa, omisión del reintegro de recursos a la tesorería de la federación o a la tesorería estatal y pagos adicionales por incumplimiento de obligaciones u otros.

Menciona que en el último año presentaron informes de auditoría específicas a la UAS, Ayuntamiento de Culiacán, Congreso del Estado y el Ayuntamiento de Mazatlán.

Por esas auditorías la ASE hizo mil 099 acciones y recomendaciones y mil 050 no fueron atendidas.

En las auditorías específicas los auditores determinaron irregularidades en 286 millones 550 mil 771 pesos, de los cuales no aclararon el gasto de 256 millones 788 mil 861 pesos.

En el caso de Culiacán destaca que la auditoría fue por la contratación de arrendamiento de camiones recolectores de basura, por los que el municipio pagó 117 millones de pesos.

La auditoría fue realizada cuando Jesús Estrada Ferreiro, el alcalde que firmó el contrato, ya estaba en proceso penal, ya que la investigación fue iniciada por una denuncia presentada por un ciudadano en la Fiscalía General del Estado.

El ex presidente municipal y los integrantes del Comité de Adquisiciones están vinculados a proceso penal desde octubre de 2022 por presuntamente asignar sin licitación el contrato a una empresa que no tiene camiones y ésta los renta a un tercero.

La ASE asegura que ejerce sus funciones con integridad, imparcialidad e independencia, para alcanzar la eficacia y eficiencia plena en nuestros procesos, en cumplimiento al compromiso y responsabilidad institucional de realizar la revisión y fiscalización superior en apego a los más altos estándares de calidad y de mejora continua.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que el año pasado recibió 10 denuncias por las que se abrieron nueve carpetas de investigación.

Detalla que una carpeta fue declinada por incompetencia en razón de materia y judicializó siete carpetas, todas contra funcionarios universitarios.

La FECC señala que en dos carpetas vincularon a proceso a 10 personas y en otras cinco carpetas, en las que no se ha resuelto el auto de vinculación, están involucradas seis personas en cada una.

Las investigaciones contra funcionarios de la UAS fueron por presuntas compras ilegales en carne de res, pollo, tortillas, materiales de construcción y la contratación de obras de rehabilitación y mantenimiento.

Los procesos penales involucran al rector separado del cargo, Jesús Madueña Molina, el ex rector Juan Eulogio Guerra Liera y a los ex integrantes del Comité de Adquisiciones Héctor Melesio Cuen Díaz, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadrón, Salvador Pérez Martínez, Manuel de Jesús Lara Salazar, ⁠Norma Alicia Aguilar Navarro e ⁠Ismael García Castro.

El viernes pasado judicializaron otra carpeta que no está incluida en el informe. La nueva carpeta es por la presunta compra ilegal de uniformes, lonas, mamparas y artículos publicitarios por 56 millones de pesos.

El informe detalla el estado en el que se encuentra la Fiscalía especializada en investigar delitos de corrupción.

Para investigar esos delitos tienen siete agentes del ministerio, un coordinador de agentes del Ministerio Público, un perito y cuatro agentes de investigación.

La FECC presume que la judicialización es del 77 por ciento, tomando en consideración que en el periodo se registraron nueve carpetas de investigación y se judicializaron siete.

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción asegura que a través de la colaboración de instituciones y organismos públicos intensificaron las acciones para fortalecer el combate a la corrupción mediante políticas que significaron un avance en la cultura anticorrupción en Sinaloa, tanto en el sector público, como en el privado, involucrando a la sociedad civil.

Menciona que los integrantes del Sistema han realizado trabajos para consolidar institucionalmente el aparato rector en materia anticorrupción de la gestión pública del estado, pudiendo así identificar los desafíos, a fin de prevenir los posibles actos de corrupción que permitan intensificar los mecanismos de rendición de cuentas.

Artículo publicado el 21 de julio de 2024 en la edición 1121 del semanario Ríodoce.