Un juez de control dictó el cuarto auto de vinculación a proceso y la tercera separación del cargo de rector a Jesús Madueña

Los funcionarios universitarios acumulan compras presuntamente ilegales por 133 millones de pesos, de acuerdo con las imputaciones que ha formulado la Fiscalía General del Estado.

La semana pasada un juez de control dictó el cuarto auto de vinculación a proceso y la tercera separación del cargo de rector a Jesús Madueña Molina y a los integrantes del Comité de Adquisiciones Soila Maribel Gaxiola, Salvador Pérez Martínez, Héctor Melesio Cuen Díaz, Óscar Orlando Guadrón y Jorge Pérez Rubio.

En dos de esos procesos penales también está involucrado el ex rector, Juan Eulogio Guerra Liera; y los integrantes del Comité durante su gestión, Manuel de Jesús Lara Salazar, Norma Alicia Aguilar e Ismael García.

Madueña Molina, además, tiene un proceso penal por abuso de autoridad junto con el encargado del despacho de rectoría Robespierre Lizárraga Otero.

En septiembre de 2023 los funcionarios ya habían sido vinculados por la compra de 45 millones de pesos en tortillas; y en noviembre por la compra de 68 millones de pesos de carne de res y pollo.

En el nuevo proceso el rector separado y el Comité están señalados de contratar sin licitación 20 millones de pesos en obras de rehabilitación y mantenimiento.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la UAS contrató a la empresa Arquitectos Constructora de Sinaloa, propiedad de Nasser Augusto Sánchez López y César Cuadras López, para trabajos de rehabilitación y mantenimiento.

Los trabajos que hicieron fueron instalación de puertas, falsos plafones, paredes de tablarroca, mosquiteros, cancelería, pisos y ventanas, en escuelas y gimnasios de Culiacán y Mazatlán.

La Fiscalía señaló que las contrataciones debieron realizarse mediante el procedimiento de licitación pública, pero lo hicieron por adjudicación directa.

Según la FGE, durante el 2021 el proveedor emitió facturas por un monto total de 10 millones 898 mil 756 mil y en 2022 de 10 millones 65 mil 506 pesos.

La constructora, reveló la Fiscalía, solo tiene tres empleados para hacer trabajos de albañilería y para el tipo de obras que hicieron a la UAS subcontrataban, por lo que presumen que tuvieron un costo mayor.

Milton Ayala Vega, abogado de Madueña Molina, aseguró que los recursos con los que se pagaron las obras eran de origen federal por lo que la Fiscalía Estatal y el juez del fuero común no tienen competencia para conocer el caso.

Comentó que las facturas que suman 20 millones, no todas están pagadas y al ser de 2021 y 2022 ya están prescritas por lo que la UAS no reconoce ese adeudo.

Manifestó que la FGE menciona que la contratación fue por 10 millones cada año, pero es acumulado de todas las obras que se contrataron con esa empresa.

Los contratos, dijo, están dentro del monto establecido para adjudicación directa.

Detalló que en la carpeta de investigación la Fiscalía solo incluyó 12 contratos de 2021 y los montos son de entre 11 y 46 mil pesos y un peritaje realizado por la misma dependencia establece que por ellos la UAS pagó 233 mil pesos.

El abogado General de la UAS, Yamir de Jesús Valdez Álvarez, acusó que la FGE busca confundir al juez y a los medios al dar diferentes cifras.

Detalló que en la audiencia inicial el 27 de junio la Fiscalía dijo que la UAS había pagado 10 millones en 2021 y 10 millones en 2022; y en la continuación de la audiencia inicial el 2 de julio, mencionaron que el monto de las facturas pagadas en 2021 es de 3 millones 375 mil 624 pesos y en 2022 fue de 4 millones 231 mil 893 pesos.

El juez Carlos Alberto Herrera resolvió que sí había elementos para presumir que cometieron el delito y vinculó a proceso a Madueña Molina por desempeño irregular de la función pública y a los integrantes del Comité por ejercicio indebido del servicio público.

Mencionó que con la información que presentó la FGE se advierte que contrataron a un proveedor que no contaba con los recursos humanos suficientes y subcontrataba personal.

Como medida cautelar el juez separó del cargo por tercera vez a Madueña Molina y por segunda vez a los integrantes del Comité de Adquisiciones, excepto a Óscar Orlando Guadrón, quien ya está jubilado; prohibió salir del país sin autorización y deben presentarse a firmar cada mes.

Tras dictar el auto de vinculación, el abogado General de la UAS, Yamir Valdez, dijo al juez que ojalá ya esté ratificado como juez porque solo así se justifica su actuar y prestarse a ese circo.

“Es una vergüenza para el sistema de justicia no solo de Sinaloa, sino del país. Va pasar a la historia como la vergüenza que es”, expresó.

—¿Concluyó?, preguntó el juez

—Sí, ya, señor vergüenza, porque no le puedo llamar su señoría, respondió Yamir.

El jueves 4 de julio el rector separado y los ex integrantes del Comité tenían programada otra audiencia por la presunta compra irregular de materiales de construcción.

Al inicio de la audiencia cuando Madueña Molina se presentó, el juez se percató que estaba enfermo y le preguntó si quería agua y le dijo que si quería podía retirarse porque no habría audiencia.

Cuen Díaz no estuvo presente y envió un justificante médico y una solicitud para que le permitieran conectarse vía Zoom.

El abogado del rector separado manifestó que Madueña Molina sí estaba enfermo, pero podía estar en la audiencia y Cuen Díaz podía conectarse en ese momento si le enviaban un link de Zoom, por lo que le pidió celebrarla.

Los fiscales también dijeron al juez que había condiciones para que se llevara a cabo la audiencia. El juez Carlos Alberto Herrera resolvió que no había condiciones y reprogramó la audiencia para el próximo 27 de septiembre.

Artículo publicado el 7 de julio de 2024 en la edición 1119 del semanario Ríodoce.