Pablo Gómez Álvarez, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la cual es titular investiga al consorcio Latinus, que obtuvo entre 2019 y 2024 dos mil 437 millones de pesos de gobiernos estatales entre ellos el de Sinaloa.
Durante la conferencia de prensa matutina Gómez Álvarez, negó que se investigue a los trabajadores ni colaboradores, excluyendo a Carlos Loret de Mola, al no ser Loret accionista, co-dueño ejecutivo, o gerente en el consorcio empresarial bajo el nombre de ‘Latinus’, la investigación no lo contempla como sujeto de interés: “otra cosa, independientemente de que él junto con otras personas más les preste servicios y les cobre”.
De acuerdo con un documento mostrado por el titular de la UIF, en 2021 el gobierno de Sinaloa pagó más de 15 millones de dólares al consorcio; asimismo otros gobierno estatales como Nuevo León y Tamaulipas también entregan de manera directa dinero mediante contratos.
Por otro lado, añadió que de manera indirecta recibe dinero de tres empresas (Diseño de Salud Integral, Digimedical y Samedic) recursos del TEPJF, y de los gobiernos estatales de Michoacán, Estado de México e Hidalgo.
Precisó que el Consorcio Latinus está compuesto por cuatro empresas, pero que son dos (Digital Beacon Programatic y BCG Limited Consulting) las que cobran de entidades públicas, y que todos sus ingresos provienen de las mismas.
