Campesinos del ejido Carrizo Grande, arrinconados en la miseria

CARRIZO GRANDE. El despojo.

Campesinos y nativos mayos-yoremes del ejido Carrizo Grande en Ahome, denunciaron una serie de triquiñuelas consecutivas con las que los han despojado de sus terrenos de uso común al grado de terminar en manos privadas, en operaciones irregulares aprobadas por tribunales agrarios y la promotoría agraria de Sinaloa.

Julio Valenzuela Leyva, Alfonso Higuera Verduzco, Roberto Ortega Valenzuela, Epigmenio Llanes Villa, José Miguel Valenzuela, Guadalupe Castro Acosta, Jesús Palafox Corral, Trinidad Castro Mendívil y Apolinar Cota Capasegua, fundadores del ejido, denunciaron que los tribunales agrarios de Sinaloa y la Promotoría Agraria de Ahome, en realidad sirven para legalizar los despojos de predios a los legítimos propietarios y dejar en indefensión a los derechosos, validando acuerdos y hasta venta de terrenos invendibles por ser de uso común.

La etnia mayo-yoreme de la sierra de Navachiste afirmó que es tanta la radicalización de las dependencias públicas en favor de los adinerados que durante 20 años ocultaron acuerdos que favorecían a los comuneros, y aún hoy se niegan a actuar.

Los campesinos, con documentos en manos, demandaron que autoridades superiores retiren de la función pública a los funcionarios corruptos que perjudican a los campesinos avalando sesiones irregulares y otorgando derechos agrarios en donde no existen.

Citaron que el ejido Carrizo Grande aunque es de los primeros que obtuvo la dotación de tierra de 958.41 hectáreas por resolución presidencial del 5 de marzo de 1934 y ampliación de 1455 hectáreas el 10 de marzo de 1954, es también de los más atrasados, pues un conflicto estallado en 1997 entre las familias Gastélum Valenzuela y Rivas Moroyoqui los dividió, decidiéndose conformar dos ejidos.

DON APOLINAR COTA. Las denuncias.

La división creó las condiciones propicias para la incursión de políticos vivales que aprovechándose de su influencia política y dominio de las leyes y de la ignorancia y sed de justicia de los mayos-yoremes maquinaron los despojos en favor de los adinerados.

Así, el entonces exgobernador, Francisco Labastida Ochoa, quien buscaba ser candidato a la presidencia de México, donó dos parques acuícolas al ejido a través de una operación de compra-venta de la empresa Contratistas en Camarón S.A. DE C.V. que le fue entregada a Leonardo Gastélum Valenzuela.

“Él de manera oportunista ocultó y mantuvo en secreto con intenciones perversas la donación, afectando a los 61 campesinos, negándose a devolver a los comuneros el predio, por lo que promoví un amparo para lograr la restitución y disolver los acuerdos de división, lo que se obtuvo”, dijo Roberto Ortega Valenzuela.

Desde entonces, añadió, la corrupción de las dependencias los ha favorecido, solapando los delitos incurridos o haciéndose de la vista gorda ante gestiones enderezadas, persistiendo el saqueo de los bienes comunes.

El grupo de mayos-yoremes describió con escritura pública 12,841 inscrita en el libro 28 bajo el folio 169-570 que Gonzalo Gastélum Valenzuela, Juan Manuel Gastélum Valenzuela y Rosario Castro Mendívil, apoderados legales de la Sociedad de Producción Rural Zatajaki vendieron a dos menores de edad representados por Miguel Ángel Chacón Cuenca un polígono de 126 hectáreas que ocupa la granja camaronera El Aparecido que se amparaba bajo la clave catastral 3040-5668; vendieron 90 hectáreas de terrenos ejidales a Rodrigo “N”, y un predio de 60 hectáreas a Aureliano Torres, así como ventas consecutivas de lotes urbanos a particulares diversos.

La misma familia con la protección de las dependencias han usufructuado durante seis años la granja acuícola obteniendo ingresos por 3 millones de pesos, reteniendo las rentas a más de 15 campesinos derechosos. Y no es todo, pues durante los últimos años saquean el banco de materiales pétreos vendiendo la extracción a la sociedad “Sol de Fuego”, a diversos particulares, y hasta se han dado el lujo de vender terrenos en las playas de el “Jito”.

Incluso, esta familia ha provocado la miseria de sus compañeros al apoderarse de los apoyos y subsidios municipales y del Estado que se destinan a mayos-yoremes.

Sin embargo, las trácalas anteriores se ven reducidas a nada pues el 1 de abril del 2001, denunciaron, desconocieron como ejidatarios a siete campesinos detractores vendiéndolos a Mario Cervantes Espinoza, incluso de tres mayos-yoremes finados Lorenzo López Gastélum, Natividad López Flores y Dolores Alamea Valenzuela, repartiéndose las dotaciones de estos entre 30.

“El día de la asamblea de depuración, anotaron que los anulados tenían 10 días para impugnar el acuerdo de la asamblea, pero estos fueron notificados 20 años después de sucedidos. La perversidad es evidente”, dijo Ortega Valenzuela.

Apolinar Cota Capasegua dijo que una familia y autoridades corruptas han condenado a los mayos-yoremes a vivir en la miseria, al menos, durante tres décadas, lo que continuará si el Estado no interviene pronto.

Artículo publicado el 26 de marzo de 2023 en la edición 1052 del semanario Ríodoce.

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