La causa penal por el colapso del Tiburonario de Mazatlán fue cerrada sin sanciones para los responsables.

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La Fiscalía General del Estado señalaba un daño de 34 millones de pesos y la semana pasada el juez dictó el sobreseimiento después de que los imputados pagaron como reparación del daño con la compra e instalación de cámaras, con un valor de 717 mil pesos.

La FGE imputó al ex director de Control Administrativo, Dionisio Sánchez Félix; el ex Jefe de Departamento de Seguimiento Documental de Contratos, José Luis Ulloa Miranda; y el ex Jefe del Departamento de Concursos y Contratos, Armando Trujillo Sicairos.

En 2020, el entonces director del Acuario, Juan Pablo Rojo, dijo que los servidores públicos a los que la FGE había imputado, no eran los responsables, por eso aceptaban como reparación del daño la compra de las cámaras.

La responsabilidad del colapso del acrílico, dijo, era de los constructores y servidores públicos que intervinieron en la construcción por lo que en esa ocasión pidió a la Fiscalía que ejercitara acción penal contra las personas que sí tenían responsabilidad.

El Tiburonario fue inaugurado por el gobernador Mario López Valdez en diciembre de 2016, y en febrero de 2017 colapsó.

La FGE inició una investigación y determinó que los probables responsables eran los tres funcionarios que realizaron el concurso de licitación para asignar el contrato de la obra.

De acuerdo con el Ministerio Público, la licitación fue a modo ya que las propuestas que presentaron las empresas ganadoras debían ser desechadas porque no cumplían con los requisitos.

Los ex funcionarios fueron llevados a proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público en 2018 y apenas la semana pasada concluyó y fue cerrada la causa penal.

Los involucrados hicieron varias propuestas para llegar a un acuerdo reparatorio y terminar con el proceso.

Una de las propuestas presentada en 2019 fue retirar el acrílico y tapar el hueco con concreto.

Cuando anunciaron al juez al acuerdo, dijeron que el Acuario estaba de acuerdo porque el Tiburonario ya no se usaría y esa reparación era funcional para los planes del nuevo Acuario.

El juez autorizó el acuerdo y dio un plazo de seis meses para que concluyera la obra pero la Acuario apeló.

El entonces director aseguró que a ellos nos los habían consultado sobre el acuerdo que propusieron al juez.

El acuerdo fue revocado y los imputados hicieron otra propuesta, ahora de comprar e instalar cámaras que servirían para el pingüinario que estaba en construcción.

La propuesta la habían acordado ya con los representes del Acuario que la aceptaron.

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En 2020, el director del Acuario se presentó ante el juez el día que propusieron al acuerdo.

Desde que inició el proceso penal no había acudido ningún representante de la paramunicipal.

El director dijo al juez que los responsables del colapso no eran los funcionarios a los que la FGE imputó, sino los constructores y otros servidores públicos que habían intervenido en la construcción mal diseñada y con material que no era adecuado.

Manifestó que aceptaban la compra de las cámaras como reparación del daño porque los tres ex funcionarios eran los que menos responsabilidad tenían.

En la misma audiencia, el representante legal del Acuario, Ángel Servín, dijo que solicitarían a la FGE que ejercite acción penal contra los verdaderos responsables y que el daño era de 80 millones de pesos.

El juez cuestionó a los Ministerios Públicos “¿por qué Fiscalía no investigó antes?, ¿tienen una investigación?, o ¿porqué no la tiene?, si no la empezaron ¿porqué la va empezar hasta ahora?”.

El juez aprobó el acuerdo pero señaló que para reparar el daño tendrían que comprar equipo con valor de 3 millones de pesos y no de 717 mil pesos como habían propuesto.

Los imputados apelaron la decisión del juez y un juez federal la revocó y se mantuvo la propuesta de la compra de equipo por 717 mil pesos.

La semana pasada los imputados pidieron la juez cerrar la causa penal debido a que ya habían cumplido con la compra, instalación y puesta en operación de las cámaras.

El representante del Acuario, Ángel Servín, dijo que la paramunicipal daba por cumplido el acuerdo.

El juez dictó el sobreseimiento total y la causa penal quedó cerrada.

Dos años después de que los representantes del Acuario señalaron que los culpables del colapso eran otros, la FGE no los llevó a proceso penal.

Los contratos que la FGE señaló como irregulares fueron adjudicados en 2013 a la empresa Osuna Osuna Arquitectos por 15 millones de pesos y a Ecosistemas de México, por 19 millones 640 mil pesos.

Las dos empresas construyeron la tercera etapa del Tiburonario, que incluía la parte donde estaba el acrílico que se fracturó.

Tras las fractura del acrílico, la Auditoría Superior del Estado realizó una auditoría y detectó irregularidades por lo que presentó una denuncia en la Fiscalía.

La FGE judicializó la causa penal que terminó sin sanciones para los culpables.

Artículo publicado el 12 de febrero de 2023 en la edición 1046 del semanario Ríodoce.