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En el colapso del tiburonario, los culpables son otros: Acuario

TIBURONARIO. Acuerdos en la cúspide.

El representante legal y el director del Acuario de Mazatlán dieron un vuelco al proceso penal contra los tres ex funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del estado acusados de realizar licitaciones a modo para la construcción del Tiburonario que colapsó.

Lea: Quirino perdonó a implicados por caso Tiburonario https://bit.ly/2SgwKq9

Dos años después de iniciado el proceso penal, los representantes de la paramunicipal aparecieron para señalar que los principales responsables del colapso del acrílico no son los acusados sino otros funcionarios y las constructoras.

El Tiburonario fue inaugurado en diciembre de 2019 y dos meses después el acrílico colapsó.

Los ex servidores que fueron vinculados a proceso son el ex director de Control Administrativo, Dionisio Sánchez Félix; el ex Jefe de Departamento de Seguimiento Documental de Contratos, José Luis Ulloa Miranda; y el ex Jefe del Departamento de Concursos y Contratos, Armando Trujillo Sicairos.

Aunque los imputados no aceptan la responsabilidad, la semana anterior llegaron a un acuerdo con el Acuario para suspender el proceso penal y evitar el juicio oral.

Para aceptar el acuerdo la paramunicipal pidió a los imputados reparación del daño cámaras para monitorear pingüinos con un costo de 717 mil 212 pesos y la instalación de los equipos por alrededor de 60 mil pesos, los cuales serán colocados en el pingüinario con el que contará el Acuario.

Los imputados aceptaron y propusieron al acuerdo al Juez de Control, Adán Alberto Salazar, quien consideró que cumplían con los requisitos que marca la Ley y lo aprobó pero hizo una modificación y como reparación del daño los imputados deberán pagar 3 millones de pesos en equipo para el Acuario.

Los representes del Acuario dijeron que no habían intervenido en el proceso penal antes porque la Fiscalía no les había acreditado la personalidad jurídica para poder participar.

El representante jurídico de la paramunicipal, Ángel Servín Sanpedro, dijo en la audiencia que solicitarán a la FGE ejercite acción penal contra otras personas que intervinieron en la construcción del Tiburonario y exigirán la reparación del daño integral.

El director del Acuario, Juan Pablo Rojo, señaló que la acusación contra los tres ex funcionarios no incluyó a los verdaderos responsables.

Mencionó que los responsables son otros servidores públicos y las constructoras que hicieron una construcción mal diseñada y con material no adecuado.

El daño, indicó, no es por 34 millones 614 mil pesos como señalada la Fiscalía sino de alrededor de 80 millones de pesos.

El representante legal explicó que la primera propuesta que hicieron a los ex funcionarios fue comprar equipo con valor de 6 millones 893 mil pesos, porque ellos creían que también estaban involucrados los constructores.

Cuando se enteraron que solo los ex servidores eran los vinculados a proceso, detalló, reconsideraron y pidieron el equipo con costo de 717 mil pesos.

Explicó que para determinar ese monto como reparación del daño tomaron en cuenta que los ex funcionarios son los menos responsables del colapso.

A los que sí son los responsables, abundó, solicitarán el pago de 80 millones de pesos por reparación del daño.

Tras escuchar que los funcionarios del Acuario señalaban a otros responsables, el Juez preguntó a los fiscales “¿por qué Fiscalía no investigó antes?, ¿tienen una investigación?, o ¿porqué no la tiene?, si no la empezaron ¿porqué la va empezar hasta ahora?

El Fiscal Librado Romero señaló que ellos solo tenían la investigación contra los ex funcionarios porque al ser una fiscalía especializada en delitos de corrupción solo tienen competencia con servidores públicos, por lo que la investigación contra los particulares debía estar en otra agencia del Ministerio Público.

Manifestó que cuando se presentó la demanda también denunciaron fraude y lo que resulte.

El Juez dio un receso para que el fiscal averiguara si existía una investigación contra otras personas y en qué agencia.

Al reanudarse la audiencia el fiscal dijo que sí había otra carpeta de investigación que estaba en integración pero no pudo precisar en cuál agencia del Ministerio Público.

El Juez aprobó la suspensión pero el pago por reparación lo subió de 717 mil pesos a 3 millones de pesos.

Explicó que determinó aumentar el monto para que se compre más equipo en mayor beneficio para la sociedad.

“Estamos de cara a la sociedad, no debemos soslayar que los recursos son públicos, no solo se trata de las partes sino también se trata de la sociedad. La sociedad está atenta al dinero que es de todos, no se trata de un asunto que no compete a los ciudadanos!, dijo.

Señaló que para establecer el monto consideró que la Fiscalía no está acusando que los imputados se quedaron con los 34 millones de pesos, los cuales fueron ejercidos en la obra.

Los imputados tienen un plazo de un año para pagar la reparación del daño, tienen prohibido viajar al extranjero sin autorización de un Juez y deben residir en un domicilio determinado.

En un año volverán a la sala de audiencias y si cumplieron con las condiciones que impuso el Juez, el proceso penal será cerrado.

En octubre de 2019 los imputados habían obtenido una suspensión condicional del proceso y como reparación del daño taparían con concreto el hueco del acrílico que colapsó.

El Acuario apeló el acuerdo debido a que no los tomaron en cuenta como parte ofendida y la Sala de Poder Judicial anuló esa suspensión.

La Fiscalía acusó a los tres ex funcionarios de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

Supuestamente asignaron contratos para la construcción de dos etapas del tiburonario a dos empresas cuyas propuestas debían ser desechadas porque incumplían con las bases.

Uno de los contratos fue para la empresa Osuna Osuna Arquitectos por 15 millones de pesos y el otro con Ecosistemas de México por 19 millones 640 mil pesos.

Artículo publicado el 27 de septiembre de 2020 en la edición 922 del semanario Ríodoce.

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