La Secretaría de Relaciones Exteriores difundió este miércoles tres documentos relacionados con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales.

La dependencia aclaró que, aunque se hicieron públicos estos archivos, las notas diplomáticas vinculadas a expedientes judiciales mantienen su carácter reservado.

Los documentos revelados incluyen un oficio de extrañamiento enviado a la embajada estadounidense, un archivo de líneas de comunicación con la postura oficial del Gobierno de México y una ficha técnica con los cargos formulados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

El oficio ASJ-22632, fechado el 30 de abril, expresa la preocupación de México por la revelación pública de los cargos y nombres de los señalados antes de que los procesos judiciales permitieran su detención.

La representación mexicana argumentó que la divulgación de información sensible antes de completar el procedimiento de extradición vulnera el derecho al debido proceso de los implicados.

Asimismo, recordó a la Embajada de Estados Unidos que existía un compromiso previo para mantener la confidencialidad de las solicitudes entregadas, señalando que el comunicado de la fiscalía neoyorquina impidió a México realizar las actuaciones necesarias para asegurar dicho sigilo.

Respecto a las acusaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que los expedientes fueron turnados a la Fiscalía General de la República para su análisis.

La dependencia enfatizó que, bajo el sistema penal acusatorio mexicano, ninguna acción judicial puede proceder sin pruebas claras y verificables, y recordó que los funcionarios y exfuncionarios mencionados gozan de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Finalmente, el gobierno mexicano subrayó que mantiene la cooperación con Estados Unidos, pero reiteró su compromiso de no permitir injerencias externas en decisiones que competen al sistema legal nacional.

En sus comunicaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores reafirmó que la postura del Estado se basa en la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía, asegurando que no se protegerá a nadie que haya cometido un delito siempre que existan las pruebas correspondientes.