Ante la falta de expedición de una nueva Ley de Transparencia, el organismo está obligado a funcionar con un presupuesto a medias

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) sobrevive en una especie de asfixia institucional: cada día más debilitada, pero obligada a seguir funcionando mientras no se expida una nueva Ley de Transparencia.

Lo que antes operaba como un órgano autónomo, hoy apenas se sostiene con el personal esencial, básicamente el dedicado al trabajo jurisdiccional. La plantilla laboral se redujo a menos de la mitad y sus áreas de verificación, datos personales, gobierno abierto, capacitación y la dirección jurídica están prácticamente desmanteladas, dejándolo en una situación crítica.

El decreto de reforma constitucional estableció de manera explícita que, una vez que entrara en vigor la nueva legislación secundaria, la CEAIP sería declarada extinta. Sin embargo, mientras esa legislación no se expida, la institución está obligada a seguir operando, atrapada en un limbo jurídico que la mantiene viva, pero cada vez más debilitada. La reforma marcó su final, pero la falta de cumplimiento legislativo la condenó a funcionar con recursos escasos, sin estructura y sin certeza sobre su futuro.

El presidente de la CEAIP, José Luis Moreno, señaló ante sus compañeros comisionados, en la última sesión de junio del Pleno del organismo, que no había recursos suficientes para seguir operando en julio.

La CEAIP había estado haciendo ajustes desde enero, utilizando algunos remanentes que se tenían para cubrir los faltantes de nómina y seguro social, pero están llegando al tope.

Indicó que el plazo de la reforma constitucional venció el pasado 7 de junio para que la CEAIP se extinguiera con la aprobación de la nueva ley por parte del Congreso del Estado, pero como esto no ha sucedido, siguen operando con limitantes de personal y recursos.

Durante la misma sesión se propuso la liquidación de cinco integrantes más del personal. La medida representaría un gasto de un millón 508 mil pesos entre liquidaciones y finiquitos, con el objetivo de liberar recursos y permitir que el organismo continúe operando hasta agotar la disponibilidad presupuestal.

El presidente de la CEAIP expresó que han centrado su presupuesto en resolver los recursos de revisión, que siguen llegando alrededor de cuatro diarios. La liquidación de más personal, cinco más, liberaría recursos de nómina, seguridad social, Infonavit, SAR y otros conceptos.

El comisionado José Alfredo Beltrán también se refirió a la precaria situación financiera que atraviesan. Explicó que la fuerte reducción presupuestal que ha padecido el organismo lo ha obligado a achicar su estructura operativa, en un contexto marcado por el anuncio de las reformas constitucionales.

Precisó que de los 41.9 millones que se presupuestaron para el ejercicio fiscal 2026, el Congreso autorizó únicamente 25.1 millones de pesos, con lo que se redujeron en un 40 por ciento los recursos, fundamentalmente el orientado a disminuir la nómina.

“Significó pegarle en el corazón”, dijo.

Añadió que este tipo de instituciones, por la naturaleza de sus funciones, están basadas en la especialización, el conocimiento técnico, la experiencia, la trayectoria de las personas servidoras públicas que la componen.

El comisionado advirtió que no solamente debe expedirse la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, sobre la cual no hay ningún debate.

Lamentó que en las circunstancias que ha estado operando en los últimos meses, la institución se ha ido desprendiendo de áreas sustantivas importantes porque el presupuesto no alcanza.

La situación de la CEAIP ya ha afectado la operatividad de las ponencias, que son las que generan los insumos para las reuniones del Pleno para la resolución de recursos de revisión en el acceso a la información pública, en protección de datos personales, emisión de acuerdos de cumplimiento, incumplimiento, entre otros asuntos.

Sin embargo, al no haberse expedido esa ley, la Comisión quedó atrapada en un escenario contradictorio: obligada a seguir funcionando, pero con recursos recortados bajo la premisa de que ya no existiría.

Al interior de la CEAIP se desconoce por completo hasta cuándo podrán seguir operando. Actualmente no existe ninguna fluidez en los canales de comunicación institucional con el Congreso del Estado respecto a los avances de la nueva legislación, los procesos de transición o los mecanismos de entrega‑recepción que deberían activarse una vez que se declare la extinción del organismo.

La información que llega a la institución es fragmentada y, en muchos casos, proviene únicamente de lo que se publica en redes sociales o de las reuniones que difunden las organizaciones de la sociedad civil, dejando a la CEAIP en un estado de incertidumbre permanente con una lenta asfixia presupuestal.

Artículo publicado el 05 de julio de 2026 en la edición 1223 del semanario Ríodoce.