Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito, implicados en el caso Rubén Rocha Moya, solicitan la protección de la ley; el primero para evitar el bloqueo de sus cuentas, el segundo para no ser detenido ni extraditado y acusa una investigación ilegal en su contra

Alberto Jorge Contreras Núñez, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal, implicados en el caso Rubén Rocha Moya no se presentaron a declarar ante la FGR, pero solicitaron amparos ante un juzgado en Culiacán.

Ambos están acusados en la corte del Distrito Sur de Nueva York de presuntamente recibir sobornos de los Chapitos a cambio de dejarlos operar en el estado y enfrentan cargos por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Ulises Lara, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, dijo el 29 de mayo, que hasta ese momento solo habían declarado cinco de los 10 señalados por EU. Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el vicefiscal con licencia, Dámaso Castro Zaavedra y el exjefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés acudieron a las instalaciones de la FGR en Culiacán el 26 de mayo, y los dos últimos defendieron ante los medios su inocencia al salir de los juzgados.

Rocha, Inzunza y Gámez Mendívil esquivaron a los periodistas y salieron por una puerta trasera de los juzgados, y en redes sociales los dos primeros informaron que habían comparecido ante el Ministerio Público Federal, confiando en las leyes y el sistema de justicia mexicanos.

“Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, remató Rocha en X.

Al día siguiente, el 27 de mayo, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito no habían atendido aún el citatorio de la FGR, pero sí solicitaron amparos ante el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Sinaloa, en Culiacán.

Contreras Núñez, a quien EU apoda el Cholo, presentó el recurso contra cualquier orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de sus cuentas bancarias por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El juez le negó la solicitud al exfuncionario el 2 de junio y fijó para el próximo martes 9 la audiencia incidental.

El recurso presentado por Alberto Jorge Contreras Núñez se debió a que la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer el 18 de mayo que había bloqueado “con carácter estrictamente preventivo” las cuentas bancarias de los 10 implicados en la acusación del gobierno estadounidense, quienes tienen solicitudes de detención con fines de extradición.

La medida, añadió la UIF, se realizó a partir de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.

Contreras Núñez fue jefe de la policía de Investigación de noviembre de 2022 y hasta febrero de 2026, tiempo durante el cual Estados Unidos señala que recibió sobornos de los Chapitos y, a cambio, permitió que esa facción operara libremente en Sinaloa.

“CONTRERAS NÚÑEZ, quien fue designado jefe de la Policía de Investigación por ROCHA MOYA con la aprobación explícita de los líderes de los Chapitos, ordenó la puesta en libertad de miembros de los Chapitos que habían sido detenidos por sus actividades de tráfico de drogas y ayudó a los Chapitos a localizar y matar a sus enemigos, incluidos miembros de cárteles rivales”, menciona la acusación del distrito Sur de Nueva York.

La acusación específica que el Cholo, recibía 300 mil pesos mensuales de los hijos del Chapo.

Tornado acusa ilegalidad en investigación

Ese mismo día, José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal, solicitó también un amparo, pero contra la Secretaría de Relaciones Exteriores para evitar ser detenido y extraditado.

El exfuncionario de Sinaloa acusó ante el juez omisión de denegar las solicitudes de detención con fines de extradición solicitadas por parte del gobierno de Estados Unidos a través de la embajada y cuestionó la legalidad de la investigación en su contra.

Dionisio Hipólito dijo que la indagatoria, que realiza la FGR en su contra, inició el 6 de mayo y va en contra de la integridad, documentos, posesiones y su ubicación, y se lleva a cabo sin la fundamentación y motivación que exigen los artículos 14 y 16 Constitucional. Dichos artículos garantizan el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad frente a los actos de la autoridad.

El juez desechó el recurso, debido a que el exfuncionario del gobierno de Sinaloa no se presentó en las instalaciones del Juzgado en los dos días siguientes después de haber sido notificado.

“Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de las instalaciones del Juzgado y que se publicó en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, que en lo conducente dice: Fórmese el expediente 647/2026-I-B, tanto impreso como electrónico. Por los motivos expuestos, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Materia”.

En la acusación S9 23 Cr. 180 (KPF), en la que están incluidos también Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar y una veintena de integrantes de los Chapitos, Estados Unidos acusa a Dionisio Hipólito, a quien apoda Tornado, de desde 2012 y hasta 2024, siendo Comandante y subsecretario de la Policía Estatal, presuntamente recibió 100 mil pesos mensuales de sobornos de los hijos del Chapo Guzmán a cambio de permitirles operar sin interferencias en su jurisdicción y colocando en puestos de poder a otros agentes de policía que estaban en la nómina del grupo delincuencial.

Añade que además notificaba previamente a los Chapitos de las operaciones e investigaciones de las fuerzas del orden público para que sus miembros pudieran evitar ser detenidos y se protegieran, y les permitió vender drogas abiertamente en la calle y portar armas de fuego.

De acuerdo a EU, por los cargos en su contra, tanto José Antonio Dionisio Hipólito como Alberto Jorge Contreras Núñez podrían alcanzar una pena mínima de 40 años de prisión o cadena perpetua.

En la acusación también están señalados el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el vicefiscal con licencia, Dámaso Castro Zaavedra, el exjefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés, el exsecretario de Seguridad Pública, el general retirado Gerardo Mérida Sánchez y Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.

Gerardo Mérida Sánchez se entregó a las autoridades estadounidenses en Arizona el 11 de mayo después de cruzar la frontera, y fue trasladado a Nueva York donde se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, mientras que Enrique Alfonso Díaz Vega se entregó a la embajada de EU en Irlanda.

A todos los imputados, las autoridades de EU los vinculan a la facción de los Chapitos, quienes señala intervinieron en la elección de 2021 secuestrando a operadores opositores a Morena, para que Rubén Rocha ganara la elección, y a cambio este los dejó operar en el estado.

Artículo publicado el 07 de junio de 2026 en la edición 1219 del semanario Ríodoce.