No somos Cuba ni Irán, pero tampoco estamos en un lecho de rosas. Donald Trump no ofrece tregua. Esta semana, el presidente de Estados Unidos ha emitido una orden ejecutiva que ordena a los bancos y empresas financieras exigir que los clientes clarifiquen su situación migratoria y otorguen mucha más información personal. Este mandato podría reducir más de 10 por ciento las remesas que llegan a México y restringir o bloquear el acceso a los servicios financieros a alrededor de 4 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos en condiciones de ilegalidad migratoria.

La orden ejecutiva llamada Restaurando la Integridad de Nuestro Sistema Financiero está escrita en un lenguaje que por momentos suena amenazante: “Mi administración no tolerará riesgos a la seguridad nacional causados por la actividad financiera ilícita que atraviesa la frontera, tampoco permitirá los riesgos al sistema financiero que derivan de la extensión de créditos o servicios financieros a la inadmisible y removible población extranjera”.

INADMISIBLE y REMOVIBLE, las mayúsculas son mías. Así se refiere a los migrantes indocumentados, entre los cuales los mexicanos somos la población más numerosa. No sabemos el número exacto, aunque la presidenta Sheinbaum mencionó 4 millones.

La orden ejecutiva cabe en cinco páginas tamaño carta. La parte conceptual está en los primeros tres párrafos. El segundo se lo dedica a los cárteles y explica que transacciones de bajo monto han sido usadas para facilitar el narcotráfico, el tráfico de personas, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales. El tercer párrafo se concentra en los migrantes ilegales. Vuelve a referirse a ellos como “inadmisibles y removibles”; son dos menciones con esas palabras en tres párrafos. Los coloca en la categoría de riesgos crediticios y afirma que erosionan (undermine) la seguridad y solvencia del sistema bancario nacional.

Trump les está diciendo a los bancos que deben considerar si los acreditados que podrían ser deportados mañana podrían pagar sus créditos. Este riesgo de insolvencia representa una vulnerabilidad para los bancos. Para remediarlo, la orden ejecutiva instruye a los bancos a conocer mejor a sus clientes. En caso de que vean señales de peligro (red flags), restringir o negar servicios: tarjeta de crédito, cobro de nómina, seguros, crédito automotriz o hipotecario.

¿Podrá el Departamento del Tesoro implementar la medida? Un artículo de la agencia Reuters se refiere a la complejidad de hacerlo. Todo indica que no podría hacerse en su totalidad, pero no se requiere el 100 por ciento para hacer mucho más dura la vida de los indocumentados. No sólo estoy hablando de acceso a los servicios financieros, sino de complicar su incorporación al mercado laboral. En la pista de los pagos, podrían cerrar la llave por el lado de los empleadores. Hay que recordar que los “ilegales” ya están siendo perseguidos en sus sitios de trabajo y lugares de reunión. No podrán recibir la asistencia “normal” que recibían de los consulados, si se cumple lo anunciado la semana pasada de poner bajo la lupa el trabajo de los 53 consulados mexicanos. Un aspecto que llama la atención de la orden ejecutiva es que los bancos podrían rechazar la matrícula consular como documento de identificación. Se necesitarían otros papeles que acrediten la residencia legal.

Es difícil calcular de qué tamaño será el impacto de la medida para la economía mexicana. Una reducción de 10 por ciento en las remesas implicaría que dejarían de llegar 500 o 600 millones de dólares mensuales, si consideramos los envíos de los últimos tres años. Las remesas son cerca de 5 por ciento del consumo y 3.5 por ciento del PIB, dice Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base. En Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, las remesas son más de 10 por ciento del PIB.

El impacto se sentirá con fuerza en el último trimestre del año, porque la implementación de la misma se dará en un periodo que va de los 60 a los 180 días. No sería raro que en las próximas semanas empecemos a ver incrementos importantes en los envíos de dinero por parte de paisanos que buscan aprovechar la ventana que seguirá abierta antes de que las medidas sean implementadas en su totalidad. Luego vendrá la reducción drástica.

Para el próximo año, el motor de las remesas tendrá menos fuerza y eso podría quitar entre 0.3 y 0.5 por ciento del PIB. ¿Qué pasará con los otros motores? No perdamos de vista las exportaciones y la inversión privada. Prendan las veladoras y/o abróchense el cinturón.

Artículo publicado el 24 de mayo de 2026 en la edición 1217 del semanario Ríodoce.