Condena unánime de organizaciones civiles a nueva Ley de Transparencia por ser regresiva

La invitación se presentó como un espacio plural de diálogo para quienes están interesados en los temas de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y participación ciudadana. No obstante, en la práctica derivó en una reunión sin oportunidad para el debate, donde la dinámica se redujo a otorgar a los invitados un turno en el micrófono, sin que sus intervenciones tuvieran un efecto vinculante.

La convocatoria a la reunión había sido firmada por el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, quien desde la primera intervención advirtió que no era una reunión para el debate, sino solamente para escuchar y recopilar propuestas.

La reunión había sido bautizada como “Mesa de diálogo para el fortalecimiento de la transparencia y la participación ciudadana” y estaba dirigida a instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, academia, especialistas y ciudadanía.

Por la dinámica fijada, las organizaciones civiles que asistieron calificaron al ejercicio como una simulación para pretender que su presencia avalara la propuesta de la nueva Ley de Transparencia que había enviado el hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Los representantes de organizaciones civiles como Iniciativa Sinaloa y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción reclamaron que habían insistido desde hace meses, sin éxito, en la realización de mesas de trabajo y ejercicios de Parlamento Abierto con efectos vinculantes, para construir una ley junto con los integrantes del poder legislativo, acorde a los principios de no regresividad y libertad de decisión de los diputados.

Durante la reunión, algunos representantes de organizaciones pusieron de manifiesto que era un contrasentido tomar en cuenta una iniciativa de transparencia que había sido presentada por un gobernador que tiene una solicitud de detención con fines de extradición a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Los ciudadanos asistentes llevaron a la reunión carteles con la leyenda “Ley Tapadera”, como bautizaron a la propuesta de la nueva Ley de Transparencia enviada por Rocha Moya, la cual propusieron desecharla de plano por regresiva.

Desde que se realizó la reforma constitucional en materia de transparencia a nivel federal, Iniciativa Sinaloa, junto con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, habían presentado una propuesta de iniciativa para la nueva Ley de Transparencia. La segunda iniciativa presentada fue la registrada por Rocha Moya, y una tercera de Guaiacum, una agrupación civil dedicada a la conservación del medio ambiente, el cuidado de la biodiversidad y la mejora urbana.

La primera fue rechazada porque proponían que se creara un órgano descentralizado que supliera las funciones de la CEAIP, pero la reforma constitucional aprobada en diciembre ya especificaba  la creación de Transparencia Sinaloa como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Lo anterior porque Iniciativa Sinaloa partía del hecho de que los órganos desconcentrados carecen de personalidad propia, mientras que los descentralizados son autónomos, tienen patrimonio propio y son independientes.

Un día posterior a la celebración de la reunión en el Congreso del Estado, que terminó entre gritos de rechazo por parte de las organizaciones civiles, reclamaron que habían sido convocadas de improviso por el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez sin un programa, orden día o información sobre el objetivo y dinámica a seguir.

Ruta ciudadana

Las organizaciones plantearon una ruta a seguir que debía iniciar con la publicación de un portal de consulta pública sobre el proceso de armonización de la nueva Ley de Transparencia que permita conocer los avances, documentos, comparativos y propuestas legislativas.

La realización de un ejercicio de parlamento abierto sería el siguiente paso para la recepción de opiniones, observaciones y propuestas generales de la sociedad civil, academia, especialistas y ciudadanía en general, propusieron.

Además, las observaciones ciudadanas tuvieran un efecto vinculante, mediante mesas de trabajo y matrices públicas que desemboquen en una redacción conjunta con los diputados de una nueva propuesta.

En defensa a la iniciativa de Rocha, el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez argumentó que entre lo que más ha causado malestar es la ampliación a 20 días del plazo de respuesta en lugar de 10, pero que esta no era una decisión del Ejecutivo Estatal, sino que es parte de lo que viene en la ley general.

“No hay vicios ocultos”, dijo el diputado días después que criticó que a la reunión asistieron personas que llevaban un tinte político, como fue la asistencia del diputado federal del PRI, Mario Zamora, quien consideró no tenía injerencia en el tema.

Valenzuela Sánchez calificó como drásticas las posturas de las organizaciones al tener solo una: el rechazo, sin tomar en cuenta que existe un ordenamiento legal que ya se aprobó desde diciembre de 2024 y que al Congreso del Estado le corresponde armonizarlo.

Cuestionó que personajes de la sociedad civil utilizaran un foro de propuestas para hacer posicionamientos políticos de manera radical.

“La ley va”, enfatizó, pero no está finalizada, que puede ser enriquecida incluso con nuevas iniciativas, por lo que no hay urgencia ni fast track.

Aunque desde el Congreso se ha planteado la consulta de expertos para expedir la nueva Ley de Transparencia, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información (CEAIP) se ha convertido en un cero a la izquierda para los legisladores.

A la fecha, los comisionados de la CEAIP no han sido llamados por el Poder Legislativo a ninguna reunión formal, trabajo o análisis sobre la nueva legislación, ni siquiera sobre cómo operaría el proceso de entrega-recepción, solo se han registrado atenciones fortuitas en eventos.

Pese a reiteradas peticiones mediante oficios de la CEAIP al Poder Legislativo para plantear sus puntos de vista, no han recibido respuesta.

Artículo publicado el 24 de mayo de 2026 en la edición 1217 del semanario Ríodoce.