La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas, con carácter estrictamente preventivo, a diversas Personas Políticamente Expuestas (PEP) del estado de Sinaloa.
La información es dada a conocer luego de que Emeequis reportara el presunto congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, sus hijos y el senador Enrique Inzunza Cazarez.
Este bloque confirmado hoy por la dependencia, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara durante su conferencia de prensa mañanera la información, incluye al alcalde de Culiacán con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil, así como a otros siete funcionarios, entre los que se encuentran Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, y el ex titular de la secretaría de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega.
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La semana pasada, el medio detalló que “Conforme al Acuerdo 156/2026 emitido por la UIF el pasado 06 de Mayo de 2026 al sector financiero a través de la CNBV, esta medida implica la suspensión total de cualquier operación bancaria y el congelamiento de sus activos dentro del sistema financiero mexicano”.
Además de los 10 implicados en la acusación hecha por Estados Unidos, la UIF bloqueó también, las cuentas de los hijos de Rocha Moya, Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz.
La dependencia federal explicó que la inmovilización de los recursos económicos se ejecutó a partir de los reportes de alerta emitidos por las propias instituciones que integran el sistema financiero mexicano, como parte de sus protocolos ordinarios de cumplimiento regulatorio y monitoreo de riesgo.
El origen de estos alertamientos bancarios, catalogados técnicamente bajo el mecanismo de LPB 24 Horas, se derivó de los señalamientos judiciales y administrativos realizados recientemente por autoridades de los Estados Unidos.
Debido a que las instituciones bancarias que operan en México mantienen relaciones de corresponsalía directa con entidades financieras estadounidenses, los sistemas automatizados locales detectaron el riesgo potencial en las cuentas de los funcionarios sinaloenses implicados y procedieron a notificar de forma inmediata a la autoridad hacendaria para resguardar la integridad del sistema nacional, detalla la SHCP en el comunicado.
La UIF precisó que estas acciones administrativas no representan bajo ninguna circunstancia una determinación definitiva sobre la situación legal de los afectados, ni tampoco implican la acreditación o imputación de responsabilidad penal alguna.
El organismo técnico detalló que los ciudadanos incluidos en esta lista restrictiva mantienen a salvo todos sus medios de defensa consagrados en las leyes mexicanas, por lo que podrán solicitar la aplicación de su garantía de audiencia y promover los recursos jurisdiccionales indispensables para intentar revertir el congelamiento de sus activos.
Actualmente, el personal analítico de la institución se encuentra en una etapa de revisión de toda la información y la documentación financiera relacionada con las Personas Políticamente Expuestas de la entidad que resultaron afectadas por esta medida, dijo.
La dependencia concluyó que dicho procedimiento se lleva a cabo bajo los mismos criterios técnicos, institucionales y de estricta neutralidad con los que se procesa cualquier otro reporte de operaciones inusuales generado dentro del sistema bancario comercial.
Lo anterior se da, tras las acusaciones hechas por el gobierno de Estados Unidos contra los diez sinaloenses por presuntos vínculos con la facción de los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
La semana pasada el medio informó la
