Acusaciones prontas de haberse coludido con el narcotráfico, señalamientos de corrupción, pleitos por el control de la UAS y conflictos con alcaldes de su propio partido, signaron una administración ahora señalada de narca por un país extranjero.

La sombra del narco persiguió a Rubén Rocha Moya desde el día de su elección como gobernador. La acusación que presentó el Departamento de Justicia estadounidense el miércoles 29 de abril, señala hechos que ya eran conocidos en Sinaloa y que, aunque han sido negados reiteradamente por él, lo obligaron a pedir licencia el pasado viernes para enfrentar las investigaciones de la FGR.

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La noche del 6 de julio de 2021 Rocha Moya se alzó como vencedor con una amplia ventaja en la que obtuvo el 56 por ciento de los votos mientras que su rival, el priista Mario Zamora, tuvo el 32 por ciento. Rocha se convirtió en el gobernador más votado del país y en el primer izquierdista en ganar la gubernatura de Sinaloa; y casi cinco años después en el primer gobernador que deja el cargo de forma temporal obligado por las acusaciones de presuntos vínculos con el narco de EU, y por las que tiene en su contra una orden de detención provisional con fines de extradición.

Desde su elección Rocha Moya ha tenido señalamientos de apoyo del narco para llegar a la gubernatura, hasta de persecución política contra alcaldes y funcionarios universitarios, pero las ha negado y tenido el respaldo de los presidentes, gobernadores y diputados morenistas.

La madrugada del sábado 5 de junio de 2021, el día previo a la elección, al entonces secretario de Organización del PRI, José Alberto Salas Beltrán, hombres armados lo sacaron de su casa y se lo llevaron. Durante la noche del mismo día operadores del PRI fueron levantados.

Durante el cautiverio les pidieron la información sobre el operativo que haría el PRI durante la elección y la ubicación de las llamadas “casas amigas” donde pagan por los votos.

Todos fueron liberados la tarde del domingo cuando ya estaba por terminar la jornada electoral, con excepción de Salas Beltrán, que fue liberado hasta la madrugada del lunes.

Esto fue denunciado por el PRI y por el PAN ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, alertando sobre la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

La acusación del gobierno estadounidense asegura que, en la elección de 2021, fueron los Chapitos quienes privaron de la libertad a los priistas, e incluso también ordenaron robar papeletas con votos de los oponentes de Rocha y a cambio de ese apoyo, el gobernador les ha permitido operar con impunidad.

Desde antes de empezar su gobierno, Rocha Moya inició sus polémicas. Todavía como gobernador electo en 2021, operó la salida del entonces Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, quien debía dejar el cargo en 2024. Fue sustituido por la jueza en retiro Sara Bruna Quiñónez Estrada, cercana al secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez.

Quiñónez Estrada renunció a la Fiscalía en agosto de 2024 después de que la Fiscalía General de la República exhibió irregularidades en la carpeta por el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda y aseguró que el video del supuesto homicidio en la gasolinera fue un montaje.

El 25 de julio de 2024, Ismael el Mayo Zambada fue secuestrado en una finca de Huertos del Pedregal por los Chapitos y llevado a Estados Unidos, donde fue entregado a las autoridades; y voluntariamente se entregó Joaquín Guzmán López.

El 10 de agosto de ese mismo año, el Mayo Zambada hizo pública una carta en la que revela que fue secuestrado en una reunión en la que estarían Cuen Ojeda y Rocha Moya, y que ahí mataron al exrector de la UAS y líder del PAS.

Ese día el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum tuvieron un evento en Culiacán en el que respaldaron al gobernador.

“Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya”, dijo López Obrador; “Vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa a Rubén Rocha y a su pueblo”, secundó Sheinbaum.

En el mismo evento Rocha Moya rechazó que estaría en la reunión y aseguró que ese día no estaba en Sinaloa.

“Me adjudican cosas que son mentiras, saben que soy yo un académico, ya lo dije el otro día, a fuerza me quieren hacer narco”, expresó.

Los gobernadores y gobernadoras morenistas publicaron un desplegado de respaldo y los diputados federales lo recibieron en San Lázaro entre aplausos y gritos de “no estás solo, no estás solo”.

Días después, Rocha Moya aseguró que el día del secuestro había viajado a Los Ángeles con su familia, en un avión que le prestó a uno de sus hijos el empresario y ex alcalde Jesús Vizcarra Calderón, señalado como compadre del Mayo Zambada.

En septiembre de ese año, empezó una confrontación entre Chapitos y Mayos, que hasta la fecha no ha podido ser frenada y desató una ola de asesinatos, robos de vehículos y desapariciones que alcanzaron niveles históricos.

Con la narcoguerra Sinaloa se ubicó como el estado con más homicidios del país y Culiacán como la sexta ciudad más violenta del mundo.

Pleitos por doquier

En su primer año de gobierno, Rocha abrió confrontaciones políticas con su secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda; y los alcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; y de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres; y el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina.

A Cuen Ojeda lo acusó de hacer trabajo político en su contra y de comportarse como un cacique; hasta el 11 de mayo de 2022, cuando le pidió la renuncia.

A los ex alcaldes de Culiacán y Mazatlán y al rector de la UAS los acusó en varias ocasiones de corruptos y les abrieron procesos penales por compras millonarias sin licitación; y el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, fue desaforado y llevado a proceso penal hasta 2025.

Todos acusaron al gobernador de persecución. Los alcaldes aseguran que era para impedir que obtuvieran candidaturas y el rector porque Rocha Moya quería el control de la universidad.

Desde la semana pasada, Rocha Moya se convirtió también en acusado, por una corte de Nueva York por presuntos vínculos con los Chapitos.

El jueves 30 de abril, Rocha aseguró que no pediría licencia, rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de un ataque al movimiento de la cuarta transformación.

“No temo más que tener la suficiente vida para darle seguimiento a todo el procedimiento judicial, si es que este se hace, establece, como sea…no hay de nuestra parte absolutamente nada, nada de que temer, el que nada teme, la pasa bien; el que nada teme, nada tiene que pagar”, expresó.

Pero la noche del viernes 1 de mayo, mediante un video, el gobernador de Sinaloa informó que pidió licencia temporal al Congreso del Estado mientras dura el proceso de investigación.

Reiteró que las acusaciones en su contra son falsas y dolosas y que tiene la conciencia tranquila y que una vida de trabajo lo respalda.

“A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran. No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental”, expresó.

El sábado, el Congreso aprobó la solicitud de licencia y nombró gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria de gobierno.

Artículo publicado el 03 de mayo de 2026 en la edición 1214 del semanario Ríodoce.