A las 11:48 de la mañana del miércoles 29 de abril, la fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra la cúpula política de Morena en Sinaloa. Por primera ocasión Estados Unidos acusó a un gobernador en funciones de vínculos con el narcotráfico, específicamente con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
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El gobernador Rubén Rocha Moya, su exsecretario de gobierno y actual senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal general, Dámaso Castro; el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez; el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; los ex jefes de la Policía de Investigación de la FGE, Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras Núñez; el ex subdirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, y el ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, fueron señalados de presuntamente colaborar con los hijos del Chapo Guzmán a cambio de sobornos o favores.
Presuroso, el embajador de EU en México, Ronald Johnson, compartió la noticia y un comunicado en inglés y español, nueve minutos después. En él aseguró que tomaba nota de la presentación de cargos penales contra Rocha y otros funcionarios, ya que “combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para EU y México”.
“Mantenemos nuestro compromiso con una relación basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho. Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los EU”.
Johnson había estado el jueves 23 de abril en Los Mochis para la colocación de la primera piedra de la planta de metanol de la empresa Mexinol, en Topolobampo, la cual no se realizó debido a un boicot de los integrantes del colectivo Aquí ¡No! En sus redes, el diplomático estadounidense compartió el mensaje que pronunció en un hotel ante empresarios. En él señaló que para que dicha inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción y extorsión.
“Por eso, el T-MEC exige que nuestros gobiernos penalicen el soborno y la corrupción y hagan cumplir los códigos de conducta para los funcionarios públicos. Pronto podríamos ver acciones significativas en este sentido. Así que, estén atentos”, dijo entonces.
No hay pruebas determinantes: RE
El 29 de abril, una hora después de que se hiciera pública la acusación, que es la novena actualización del expediente 1:23-cr-00180, que se abrió el 4 de abril de 2023 contra Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Óscar Noé Medina González, el Panu, Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini y 17 integrantes más del Cártel de Sinaloa, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que un día antes recibió las solicitudes de detención provisional con fines de extradición de diversas personas por parte del gobierno de EU, y que estas no contienen “elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad” de los señalados.
Añadió que las peticiones se turnaron a la Fiscalía General de la República, para que las evalúe conforme a las leyes mexicanas pero que, debido a que en los tratados vigentes se establece la confidencialidad de dicha información, enviarían un extrañamiento a la Embajada de EU.
Minutos después, el gobernador Rubén Rocha Moya, a través de sus redes sociales y el canal oficial de prensa de su gobierno negó las acusaciones. “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra (…) ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”.
Agregó que lo dicho no solo es contra él, sino contra el “movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional”.
Doce minutos después, a la 1:14, el senador Enrique Inzunza Cázarez, quien se ausentó de la sesión del Senado, también se deslindó de las acusaciones, a las que llamó “falsas y dolosas”. Consideró el hecho una represalia por el caso de dos agentes de la CIA que murieron desbarrancados en Chihuahua, cuando presuntamente realizaban ilegalmente tareas en territorio mexicano y se sumó a Rocha al considerar que el “ataque” de EU es también contra la 4T, Morena y su fundador Andrés Manuel López Obrador.
“Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”.

A su declaración, le siguió la del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien en dos breves párrafos rechazó las imputaciones. “En mi vida siempre he actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público” Esa misma tarde, durante un acto en la colonia Loma de Rodriguera, afirmó que continuará en el cargo.
A Dámaso Castro Saavedra, a quien EU llama “Zaavedra”, lo defendió la Fiscalía General del Estado. En sus redes oficiales llamó a las autoridades al debido proceso.
En las siguientes horas las especulaciones, acusaciones y defensa del caso llenaron los sitios de medios escritos, de radio y televisión y las redes sociales de México y del extranjero. Fue hasta las 5:13 de la tarde que, a través de un video, Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, confirmó que fue notificado por Relaciones Exteriores de las solicitudes de detención con fines de extradición de los funcionarios de Sinaloa, y que estas no se acompañaban de “elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.
Explicó que de forma paralela la FGR iniciaría una investigación para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal y criticó que EU no respetó los tratados internacionales al hacer pública información que debe ser confidencial y reservada.
Mientras tanto, líderes y militantes de diferentes partidos, como Alejandro Moreno, del PRI; Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano y Jorge Romero Herrera, del PAN, quien ese día se encontraba en Mazatlán, cuestionaron a Rocha y a los funcionarios señalados. Alito Moreno pidió entregarlos y Máynez solicitó su desafuero. En Sinaloa Sergio Pío Esquer, dirigente de MC, primero se mostró mesurado en un video y en otro se sumó a la petición de desafuero de su dirigente nacional.
No vamos a cubrir a nadie, pero que haya pruebas, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto hasta la mañana del 30 de abril. En su conferencia mañanera leyó un comunicado ratificando lo que un día antes informaron Relaciones Exteriores y la FGR. Añadió que México “establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo”.
“Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía, es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, afirmó.
“(…) nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía, esta es nuestra posición”.
Mencionó que un día antes habló por teléfono con Rubén Rocha.
“Le manifesté lo que manifiesto aquí: Si no hay nada, no hay nada que temer, nada. Tiene que haber pruebas…”, dijo.
La mandataria calificó las declaraciones del embajador Johnson, primero en Los Mochis y luego sobre las acusaciones contra Rocha y miembros de su gabinete, de “injerencistas”.
Inmediatamente después de las declaraciones de Sheinbaum, la senadora Imelda Castro, quien fue compañera de fórmula y de bancada de Rubén Rocha Moya en el Senado, publicó en sus redes sociales un posicionamiento en la misma tesitura que el de la presidenta, refrendando su apoyo a las instituciones y al no “injerencismo”.
En el canal de WhatsApp de prensa del gobierno de Sinaloa se replicó la postura oficial del Ejecutivo federal, y a las 9:30 de la mañana se dio a conocer que Rocha tendría una actividad pública en la localidad de Villamoros, Navolato. Media hora antes, Homar Salas, dirigente del Stasac y Benjamín Olivares Reyes, trabajador del Ayuntamiento de Culiacán, fueron asesinados afuera de la casa del líder sindical en el fraccionamiento Las Brisas, sector Humaya.

Esa misma mañana, 18 alcaldes de Sinaloa, a excepción de Choix y Navolato firmaron un desplegado de apoyo a Rocha. En el Congreso del Estado el Grupo Parlamentario de Morena, a través de la diputada Teresa Guerra, señalaron que las acusaciones tienen un móvil político, y sin pruebas claras.
Poco antes de las 10:00 de la mañana, previo a la entrega de fertilizantes para el Bienestar en la localidad de Villamoros, el gobernador fue abordado por los medios de comunicación. Ahí dijo que no pediría licencia para separarse del cargo y que el único temor que tenía es que no le alcance la vida para seguir el proceso.
“No temo más que tener la suficiente vida para darle seguimiento a todo el procedimiento judicial, si es que este se hace, establece, como sea…no hay de nuestra parte absolutamente nada, nada de que temer, el que nada teme, la pasa bien; el que nada teme, nada tiene que pagar”, mencionó.
Por la tarde, en la explana del Palacio de Gobierno, Rocha presidió un concierto masivo con motivo del Día del Niño. “¡Nada como celebrar a la niñez sinaloense en unidad!”, se posteó desde los canales oficiales del gobierno de Sinaloa.
El viernes 1 de mayo, Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía General de la República, informó que en una primera instancia en las solicitudes de detención que envío EU no habían encontrado pruebas que acrediten la comisión de un delito por parte de los señalados, pero que la FGR continuaría las investigaciones sobre los posibles hechos referidos.
Agregó que enviarían una comunicación a la Cancillería para que se solicite a la autoridad requiriente todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios para estar en aptitud de analizar la documentación y con ello fijar un posicionamiento de carácter institucional.
La despedida
Esa misma noche, a las 9:52, a través de un video, Rocha, bordeado por las banderas de México y del gobierno de Sinaloa, anunció que solicitó al Congreso del Estado licencia temporal del cargo para enfrentar las acusaciones “falsas y dolosas” en su contra, para evitar que lo utilicen para dañar a Morena; y como efecto dominó hizo lo mismo Juan de Dios Gámez a través de un oficio que envió al Cabildo de Culiacán, y que se aprobó en una sesión de Cabildo a la que no asistió.
Al mediodía del sábado en Culiacán, el senador Enrique Inzunza posteó un mensaje en X:
“(…) rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas… Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República. De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales (…)”.
Artículo publicado el 03 de mayo de 2026 en la edición 1214 del semanario Ríodoce.






