Conspiración para la importación de narcóticos, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos, son los cargos que Estados Unidos imputa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y por los que podría alcanzar una pena mínima de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
En la acusación S9 23 Cr. 180 (KPF) dada a conocer hoy, el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, señala que esta forma parte de una serie de acusaciones emitidas desde 2023, en las que se imputa a más de 30 miembros y asociados del Cártel de Sinaloa.
En el caso de Rocha Moya señala que presuntamente el político de 76 años, recibió el apoyo de los Chapitos en las elecciones a la gubernatura de 2021, quienes ordenaron a sus miembros robar las papeletas con votos de los oponentes, y secuestrar e intimidar a los candidatos opositores.
“A principios de 2021, o alrededor de esa fecha, Rubén Rocha Moya, estaba en campaña para convertirse en gobernador de Sinaloa. Por esas fechas, y antes de su elección en junio de 2021, o alrededor de esa fecha, se reunió con los entonces líderes del cártel, incluidos Iván y Ovidio. En la reunión, que fue protegida por sicarios del cártel armados con ametralladoras y otras armas, Iván y Ovidio prometieron que los Chapitos se asegurarían de que ganara las elecciones a gobernador. A cambio, Rocha Moya prometió a los líderes de los Chapitos que, si resultaba elegido, se aseguraría de que se colocara en puestos de autoridad del gobierno de Sinaloa a funcionarios favorables al tráfico de drogas de los Chapitos”.
Añade que al igual que Rocha, Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario de gobierno y actual senador de Morena, se reunió también con los hijos del Chapo antes y después de las elecciones.
“Según lo prometido, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de los Chapitos en su elección, Rocha Moya ha permitido que los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa. Entre otras cosas, Rocha Moya ha permitido a los líderes de los Chapitos colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público”, señala el documento.
La acusación señala que la información de los oponentes de Rocha en las elecciones de 2021, fue entregada supuestamente a los hijos del Chapo Guzmán por Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
“Díaz Vega entregó a los líderes de los Chapitos los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya, para que los Chapitos pudieran amenazar y obligar a esos oponentes a retirarse de la contienda por la gubernatura”, detalla.
“Tanto Díaz Vega como Enrique Inzunza Cázarez, ayudaron a los líderes de los Chapitos a colocar a funcionarios corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos y actuaron como enlaces entre los líderes de los Chapitos y Rocha Moya, incluyendo la transmisión de comunicaciones de los líderes de los Chapitos a Rocha Moya (…) a cambio de la protección de su administración”.
Añade que el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil ha “recibido sobornos de los Chapitos”, a cambio de permitir que operen sin interferencia en la capital del estado, protegiendo sus operaciones de tráfico de drogas y evitando que sean detenidos.
A Dámaso Castro Saavedra, quien fue ratificado como vicefiscal general, EU señala que ha recibido sobornos mensuales de los Chapitos a cambio de brindarles protección e información sobre operaciones de seguridad realizadas con el respaldo de EU, de alertarlos sobre operaciones para desmantelar laboratorios clandestinos, para que estos “pudieran destruir o trasladar las pruebas de las actividades de tráfico de drogas antes de dichas operaciones”.
Añade que también recibieron sobornos a cambio de protección e información Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, el Cholo, exjefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado; José Antonio Dionisio Hipólito, Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.
En el documento se incluyen imágenes de una supuesta nómina del jefe de plaza en Culiacán de los Chapitos, en los que aparecen los nombres de los mandos policíacos y de la Fiscalía.
Señala que Dámaso Castro Saavedra, quien está etiquetado como “Culiacán Regio” recibía un soborno de aproximadamente 200 mil pesos mensuales, Almanza Avilés y su sucesor Contreras Núñez, denominados “R1”, 30 mil pesos; Hipólito o Tornado, 100 mil y Juanito, 30 mil.
“A cambio de estos sobornos habituales, los acusados y otros funcionarios corruptos han permitido a los Chapitos traficar con toneladas de narcóticos y cometer actos de violencia masiva con total impunidad”. Como ejemplo señala que ordenaron a los agentes no detener a los miembros de esa facción, pero sí a los rivales, permitieron la venta de drogas abiertamente en las calle y que porten armas de fuego, y han proporcionado información sobre investigaciones en curso y de cateos e incautaciones planificados por el Ejército y la Marina de laboratorios de drogas y casas de escondite donde almacenan drogas, armas y dinero, “lo que permite a los Chapitos trasladar sus operaciones y las pruebas de actividad delictiva antes de que se produzcan dichos cateos”.
“Y, por último, ciertos funcionarios corruptos, entre ellos Millán, han ayudado a los Chapitos a secuestrar y cometer homicidio contra sus enemigos, incluidos individuos sospechosos de cooperar con el gobierno de los Estados Unidos contra miembros de los Chapitos”.
Todos los señalados en la acusación, a excepción de Juan Valenzuela Millán, enfrentan los mismos cargos y penas que Rocha. Juanito está acusado además de secuestro con resultado de muerte, y la pena propuesta para él es de cadena perpetua.
