Sube de 12.50 a 15 pesos, sin consultas y ante la protesta de usuarios en Sinaloa

El incremento en la tarifa del transporte público en Sinaloa es un hecho. El ajuste quedó oficializado en el Periódico Oficial del Estado, dónde se notificó la actualización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo en la Modalidad Urbano Convencional y Foráneo, vigente desde el pasado 1 de abril.

Marco Antonio Osuna Moreno, director de Vialidad y Transportes, señaló que, pese al impacto de la inflación, el sector no había recibido un ajuste desde 2022, cuando la cuota se estableció en 12.50 pesos. La tarifa se mantuvo congelada durante tres años; por ello, el aumento a 15 pesos busca compensar la inflación acumulada y responder al alza en gastos operativos de los permisionarios, como el costo de neumáticos, embragues (clutches), baleros, refacciones y el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado.

La responsabilidad de dictaminar estos ajustes recae en el Consejo de Movilidad, integrado por la Secretaría de Economía, la Dirección de Vialidad y Transportes (en representación de la Secretaría General de Gobierno) y la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides). Esta última dependencia emitió un “Estudio técnico sobre la actualización tarifaria”, en el cual se determinó como viable la propuesta de incremento para el servicio urbano y foráneo.

Como parte de las mejoras proyectadas, Osuna Moreno declaró que en un plazo de dos meses se concretará la instalación de cámaras de videovigilancia y botones de pánico en todas las unidades. Se implementarán sistemas GPS para el monitoreo de las rutas desde una sala de mando, con el fin de cerciorarse de que los choferes cumplan estrictamente con sus recorridos y horarios.

Además, anunció la creación de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, encargada de supervisar diariamente las condiciones físicas del transporte para garantizar que las unidades operen sin vidrios quebrados y que cuenten con asientos, pasamanos, timbres y puertas en óptimas condiciones.

Para Flavio Rolando Ibarra —dirigente del Sindicato de Choferes del Transporte Público en Culiacán— el incremento no es el único remedio: “Muchas veces decimos que el aumento es la solución. El aumento del pasaje no es la solución. Es el servicio que se le dé a los a los usuarios”.

Recordó que, anteriormente, los camiones se renovaban cada cinco años; sin embargo, actualmente circulan unidades con hasta 30 años de antigüedad que no han sido reemplazadas. Al ser interrogado sobre este rezago, Osuna Moreno explicó que, si bien antes se establecía un límite de años para que un camión pudiera mantener su ruta, ahora se aplica un nuevo criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este determina que la vigencia de una unidad ya no depende del año o modelo, sino exclusivamente del estado físico y funcional en el que se encuentre.

Los gastos operativos que requieran los camiones —añadió Rolando Ibarra— no deberían de corresponder a los choferes. El conductor solamente se dedica a trabajar las rutas y aunque se ha planteado que el incremento solventará las mejoras para las unidades, existe escepticismo sobre si será suficiente debido al alza en costos como el diésel.

Propone que el gobierno apoye la transición de un esquema de comisiones a un sueldo base. Esto eliminaría las “riñas” y carreras entre choferes por el pasaje, mejoraría el trato al usuario y permitiría que los trabajadores tuvieran prestaciones de ley como seguridad social y aguinaldo. Resaltando, además, que la Secretaría de Salud y otras dependencias monitoreen las jornadas laborales, que pueden extenderse de 12 a 15 horas, y vigilen el estado de salud de los choferes para prevenir accidentes derivados del cansancio o el estrés.

“El permisionario decide lo que va a hacer el chofer. Entonces, cuando llega la palabra al chofer, pues el chofer dice, ‘no, pues nosotros no nos han dicho nada’ Entonces no estamos de acuerdo (…) porque el permisionario decide por el chofer. Muchos choferes no están de acuerdo y nos lo dicen y nosotros tenemos que decir lo que sienten los choferes también”, demandó.

Por tal problemática, el dirigente insistió en que el estado debe convocar a reuniones tripartitas: gobierno, permisionarios y choferes. Para evitar que las decisiones se tomen de manera unilateral.

Actualmente, la Dirección mantiene en sus registros 26 delegaciones con un total de 203 rutas activas y mil 712 unidades operando en el estado. El despliegue operativo se concentra principalmente en los centros urbanos: Culiacán encabeza la lista con 63 rutas y 696 unidades; le sigue Mazatlán, con 43 rutas y 485 unidades; y Los Mochis, con 26 rutas y 303 unidades. Por su parte, Guasave cuenta con 13 rutas y 59 unidades, mientras que Navolato opera con 9 rutas y 30 unidades.

A estas cifras se unen rutas foráneas con 146 unidades.

Osuna Moreno detalló que Sinaloa requiere de entre 2 mil 800 y 3 mil unidades para operar de manera óptima. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el estado absorba el servicio, argumentó que la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial establece que el sistema debe ser concesionado, y que para que el gobierno tomara el control primero tendría que realizarse una modificación a dicha ley.

La Ley sugiere lo contrario. El Artículo 137 ya prevé que el estado pueda intervenir de forma provisional si los concesionarios se niegan a prestar el servicio sin causa justificada, si hay exceso de demanda o alteración del orden público.

Aunado al Artículo 261 Bis, fracción X que estipula explícitamente como causa de revocación de concesiones que el Gobierno del Estado se haga cargo de la prestación del servicio de forma directa y definitiva. Por tanto, la Ley ya contempla los mecanismos para que el Estado asuma el control sin necesidad de reformas, siempre que se fundamente en el interés social.

Para el director de Vialidad, el problema es también financiero. Si el estado absorbiera el servicio, tendría que asumir la compra, mantenimiento, combustible y nómina de miles de choferes.

Artículo publicado el 12 de abril de 2026 en la edición 1211 del semanario Ríodoce.