El pasado 6 de abril, 13 elementos del Ejército fueron vinculados a proceso penal por el homicidio de las niñas Leidy y Alexa, de 11 y 7 años, cometido en Badiraguato.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, informó que los elementos de la Defensa fueron vinculados por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

El 6 de mayo de 2025, la niñas y su familia circulaban en una camioneta en la comunidad de La Cieneguilla, en el estado de Sinaloa, cuando fueron atacados a balazos sin motivo, por elementos del Ejército.

El 31 de marzo de este año, los padres de las menores fueron notificadas de que se habían ejecutado diversas órdenes de aprehensión en contra de 13 elementos del Ejército Mexicano.

Durante la audiencia las Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR presentaron diversos datos de prueba que acreditaban el uso letal de la fuerza de forma injustificada en contra de la familia, sin observar lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y estableciendo, adecuadamente, que se trató de una actuación dolosa.

Las defensas de los elementos entre otros argumentos destacó que los militares actuaron en un contexto de violencia en el estado de Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo.

Dentro de la duplicidad del término constitucional, el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en los Mochis, dictó un auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, bajo la figura del dolo eventual, porque los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia, además de no actualizarse alguna causal de exclusión de responsabilidad.

Los padres y madres de Leidy y Alexa estuvieron presentes en la audiencia y pudieron manifestar cómo este evento de uso arbitrario de la fuerza letal destruyó irreparablemente su proyecto de vida, así como su interés en que la justicia sea diligente y expedita.

El Centro Agustín Pro señaló que la determinación conlleva nuevos retos por delante para que la FGR continúe fortaleciendo y perfeccionando la indagatoria en la siguiente etapa de investigación complementaria, y en tanto el Poder Judicial de la Federación debe llevar a cabo un proceso respetuoso de los derechos humanos, en el que demuestre su independencia en casos relacionados con Fuerzas Armadas.