Un informe independiente confirma que gran parte del armamento usado por el Cártel de Sinaloa proviene de los estados fronterizos de Arizona y Texas: Barrett .50 y FN Minimi, los preferidos
Un informe de una organización no gubernamental estadounidense, confirmó una serie de investigaciones hechas por este semanario en el que reitera que armamento de alto impacto, incluyendo Minimis y Barret .50, recuperados y confiscados en Sinaloa, provienen de Arizona, y serían el apéndice de la violencia que actualmente ocurre en el estado.
El grupo Stop US Arms to Mexico (Detengan las Armas de EU hacia México), explica en su investigación de 12 meses, cómo este armamento es originalmente comprado en ciudades como Phoenix y Tucson para posteriormente ser traficados al norte del país, incluyendo Sinaloa, sin que el gobierno de Estados Unidos haga algo para detener el flujo de armas.
“Las armas traficadas siguen alimentando las desapariciones forzadas y otras formas de violencia en México, a pesar de los reportes de una disminución de homicidios. Los rifles grandes de calibre .50, que tienen un mercado civil pequeño en Estados Unidos, pero son utilizados por los cárteles, y fácilmente comprados en Arizona y Texas”, dijo John Lindsay-Poland, una de las autoras del informe.
La investigación reconoce que el tráfico de armas representa también un negocio, no sólo para las empresas armamentistas, sino para los traficantes de armas, que se alimentan del gran número de armerías con licencia que hay en el vecino país del norte, además de los vendedores sin licencia con quienes principalmente los cárteles hacen negocio.
“El gran problema es que las autoridades que confiscan las armas, normalmente no publican ni divulgan datos sobre ellas de una manera consistente, a veces por la sensibilidad política o leyes domésticas que prohíben su divulgación”, expone Lindsay-Poland.
Los autores de la investigación hacen hincapié en un vacío en la ley llamado “enmienda Tiahrt”, que restringe el acceso público y policial a los datos de rastreo de armas de fuego de la agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), además de impedirles que investiguen dónde los cárteles compran las armas de fuego.
La enmienda protege a los comerciantes de armas para que no realicen inventarios físicos anuales y así detecten armas robadas o perdidas, y restringe el uso de estos datos en demandas civiles contra comerciantes de armas, lo cual ha sido criticado por las policías y grupos de seguridad porque dificulta identificar a los traficantes de armas y limita la capacidad de las autoridades locales para combatir la violencia armada.
Aunado a ese vacío en la ley, existe un principio promulgado en 2005 por el presidente George W. Bush llamado “Ley de Protección del Comercio Legal de Armas” que evita que los fabricantes de armas sean nombrados en demandas civiles federales o estatales presentadas por quienes han sido víctimas de delitos relacionados con las armas fabricadas por esas empresas.
Ese habría sido el principal argumento de la Corte Suprema de Estados Unidos para anular una demanda por 10 mil millones de dólares presentada por el gobierno de México en 2021, contra los principales fabricantes de armas, aunque la demanda se mantuvo activa en el estado de Arizona, pero sólo contra tiendas distribuidoras.
El corredor Arizona a Sinaloa
Según expone la investigación de Stop US Arms to Mexico, fundamentado en peticiones hechas para acceso a la información ante el ATF, Arizona es la fuente principal y el corredor para el tráfico de armas para los grupos criminales en México, principalmente para los que operan en Sinaloa, incluidos los identificados como Chapiza y Mayiza.
Esta información sería el resultado de las armas confiscadas en 2024 por autoridades mexicanas, en donde se mostró que casi dos de cada tres armas encontradas en Sinaloa vinieron del Condado Maricopa, que corresponde al área de Phoenix, en Arizona, y de donde vendrían el 53.9 por ciento de las armas decomisadas; el 8.8 por ciento de las armas vendrían del condado Pima, que corresponde al área de Tucson, también en Arizona.
“Desde el secuestro de Ismael el Mayo Zambada, han matado a casi 2 mil personas, muchas de ellas involucradas en actividades criminales, y la mayoría de las armas utilizadas en esta guerra sangrienta han venido de Arizona”, confirma la investigación.
Un traficante de armas, contactado en noviembre de 2025, dijo a este semanario como los Barrett calibre .50, “se los estaban arrebatando”, durante el conflicto armado entre las diferentes organizaciones criminales en Sinaloa, y cuyos precios no bajaban de 150 mil pesos.
El Ejército Mexicano, por su parte, reveló que, en 2025, confiscaron 140 rifles Barrett de calibre .50, solo en Sinaloa, además de 10 mil 689 armas de diversos calibres, incluyendo AK-47, AR-15, M4, FN SCAR, entre otras, lo cual representaría un 10 por ciento de las armas que el gobierno estima que traficaron el año pasado, es decir, más de 135 mil armas de fuego.
parte, se considera que muchas de las municiones para rifles de calibre .50 y otros que han sido traficadas a México, están hechas por la empresa contratada por el gobierno de Estados Unidos para surtir a sus fuerzas militares y policiales.
En los 16 meses desde iniciado el conflicto entre Chapos y Mayos, al que se han integrado otros grupos criminales que operan en Sinaloa, la Fiscalía General del Estado ha contabilizado 2 mil 417 personas asesinadas, además, de casi 4 mil personas desaparecidas, sin contar ejecuciones y desapariciones forzadas durante febrero.
En 2025 se cuantificaron de manera oficial, mil 656 personas asesinadas, lo cual representa la tercera cifra más alta en la historia del estado, aunque el número no incluye desapariciones forzadas, lo cual podría convertir este año en el más violento en la historia, y gran parte de las ejecuciones y levantones se habrían cometido con armas que vienen de Estados Unidos.
Artículo publicado el 23 de febrero de 2026 en la edición 1204 del semanario Ríodoce.
