Organizaciones empresariales y asociaciones civiles presentaron un informe ciudadano con el fin de contrastar la situación de inseguridad y afectación económica en Sinaloa, de cara al informe que presentará el gobernador Rubén Rocha Moya este año.
El informe ciudadano recopiló datos del último año y del 2024 de diversas dependencias relacionadas al desempleo, inversión pública, inversión extranjera, presupuesto; así como de seguridad en cuanto a homicidios, robo de vehículos, robo a comercio y personas desaparecidas.
“Si los gobiernos tratan de proyectar una sociedad idealizada corresponde a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y al sector empresarial aportar datos, análisis y propuestas que acerquen al discurso público a la realidad” pronunció Martha Reyes, presidenta de Coparmex, quien presentó el informe.
La presentación se dividió en 4 bloques relacionados con seguridad, desarrollo económico, tejido social y calidad de vida.
En el tema de seguridad, la presidenta de Coparmex destacó que Sinaloa vive 14 meses de confrontación entre grupos del crimen organizado generando una de las etapas de inseguridad más grandes de su historia.
Presentó datos de la Fiscalía General del Estado, indicando que en el último año se registraron 2 mil 76 homicidios, 2 mil 835 desapariciones, 2 mil 914 robos a comercios y 8 mil 7 vehículos robados.
Destacó la variación en la percepción de inseguridad en Culiacán que pasó del 45 por ciento en 2024 a 89 por ciento un año después, mientras que Mazatlán pasó del 34 al 56 por ciento.
Mencionó que, de acuerdo datos de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta mayo de 2025 se habían abierto 3 mil 603 carpetas de investigación lo que representa el triple de las registradas antes de la administración actual.
Reyes Zazueta prosiguió señalando, que de acuerdo a datos del Censo de Seguridad Pública del INEGI, el presupuesto de la Fiscalía en Sonora, en 2024, fue de 712 pesos por habitante; 764 pesos en Baja California; 821 pesos en Chihuahua; y 872 pesos en Quintana Roo; mientras que en Sinaloa fue de solo 282 pesos.
“Nos demuestra el enorme desinterés en fortalecer la institución que procura justicia en Sinaloa” dijo.
Agregó que, de acuerdo con el INEGI, en 2024 de cada mil delitos cometidos en Sinaloa, sólo se denunciaron 60. De estas, se abrieron 37 carpetas de investigación y únicamente 5 tuvieron resoluciones favorables.
Comparó también el presupuesto de seguridad pública invertido por habitantes en Nuevo León de 1 mil 374 pesos, mientras que Sinaloa destinó sólo 432 pesos.
En la cuestión de Desarrollo Económico Martha Reyes destacó que no existe una política pública para mantener el empleo. Criticó que la producción agrícola vive una de sus peores crisis y no hay una política para sostenerla.
Mencionó que la actividad económica cayó 34 por ciento al cierre de 2024 a causa de la inseguridad. Las caídas sectoriales para el cierre de 2024 fueron: industria de esparcimiento -24.1 por ciento, minería -14.3 por ciento, construcción -15.1 por ciento, agricultura -25.2 por ciento y actividades primarias -15.8 por ciento.
Solo el turismo presentó una tendencia al alza, pero este se concentra únicamente en Mazatlán y está bajo la amenaza de la inseguridad, dijo.
Agregó que al cierre de 2024 la inversión extranjera en Sinaloa fue de 316 millones de dólares, lo que representa el 0.9 por ciento de la inversión total en México. Para 2025 la cifra ha sido de solo 34 millones de dólares, observó.
Sobre el Bienestar Social, señaló que 185 mil personas viven en viviendas de mala calidad y el gobierno solo realizó 229 acciones de mejora. A su vez, destacó que hay desabasto de entre 50 por ciento y 60 por ciento de medicamentos; el recorte del 74 por ciento al presupuesto de prevención del dengue con un incremento del 1000 por ciento en muertes y el repunte de solicitudes en el Banco de Alimentos.
Comentó que el 26 por ciento de la población es afectada por el rezago educativo. Mencionó que 2 mil 400 escuelas suspendieron actividades por inseguridad y hay una caída del 25 por ciento en asistencia.
En cuanto a la calidad de vida, criticó que las autoridades federales asumen funciones estatales sin que en la entidad exista una política social, a pesar de que hay indicadores de pobreza en aumento. También señaló que el estado sigue sin tener una política para evitar el cierre de negocios.
“Es urgente que la sociedad y el gobierno definamos un plan de acciones para evitar un mayor deterioro a la estructura productiva de la entidad” urgió Reyes Zazueta.
Puntualizó 10 propuestas en cuanto a gobernanza y políticas públicas; economía; justicia y política; y bienestar social; así como promover el diálogo entre autoridades y sociedad.
Reyes Zazueta agregó que presentarán una reforma al artículo 40 de la Constitución del Estado de Sinaloa para establecer que, sin ambigüedades, el Ejecutivo estatal tenga la obligación no solo de informar sino de usar datos reales verificables y concretos sin maquillar sin medias verdades.
Se trata de cerrar las puertas a falsear, omitir o alterar información con fines políticos o electorales, mencionó.
