El Ayuntamiento argumenta que los daños son responsabilidad de terceros, mientras una regidora pide asumirlos como parte del servicio de seguridad pública
A pesar de las afectaciones que ha provocado en Culiacán el uso de ponchallantas por parte del crimen organizado, el municipio no cuenta con un mecanismo de indemnización ni con apoyos que resarzan el daño causado a los ciudadanos.
Desde el inicio de la pugna interna del Cártel de Sinaloa en la entidad, el uso de estos artefactos metálicos en forma de estrella se ha intensificado para inhibir y obstaculizar el tránsito vehicular. Tanto las fuerzas de seguridad como los ciudadanos se han visto afectados.
El Congreso del Estado aprobó el pasado 12 de junio tipificar como delito el uso de ponchallantas e imponer penas de entre tres a cinco años de prisión a quien coloque o arroje en vías de comunicación objetos punzocortantes que obstaculicen el tránsito, así como a quien los fabrique, distribuya, comercialice o facilite su obtención. La iniciativa partió de la bancada morenista y, junto a la reforma para perseguir el robo de vehículo por oficio, se convirtió en una de sus aportaciones para combatir el aumento de estos delitos en el estado en medio del conflicto.
Ayuntamiento no asume daños
Aunque la Sindicatura de Procuración de Culiacán ha reconocido que ciudadanos han solicitado indemnización al verse afectados por ponchallantas, ha sido tajante al afirmar que los daños fueron provocados por terceros y que no es responsabilidad del Ayuntamiento asumir los cargos.
Julián González Trujillo, jefe del Departamento en Planeación de Defensa Jurídica de la Sindicatura de Procuración, informó que solo han tenido una petición formal, por escrito, de indemnización por afectación de ponchallantas, en 2024, y que han acudido ciudadanos a pedir indemnización por esa afectación, pero que no tienen registro de cuántos al no ser de su competencia, y solo los canalizan con la instancia competente para interponer una denuncia.
“Cada vez que se acercan a preguntarnos, se les explica y se les orienta en el sentido de que los ponchallantas son un daño de un tercero o un particular…”.
Manifestó que el delito se está persiguiendo por la vía penal y no se han recibido instrucciones del Ayuntamiento ni del Estado para otorgar alguna compensación.
González explicó que las afectaciones que se indemnizan están estipuladas en la Ley de Responsabilidad Patrimonial y sus Municipios, y son solo los daños que no provienen de un hecho fortuito o una situación extraordinaria, como pueden ser fenómenos naturales o sucesos que no sean responsabilidad del municipio.
Hasta septiembre de 2025, la Sindicatura de Procuración había erogado 367 mil 035 pesos en indemnizaciones por daños ocasionados por baches, cristales rotos y otras afectaciones.
La responsabilidad está en la seguridad
El 31 de septiembre, la regidora del PRI, Érika Sánchez, presentó ante el Cabildo de Culiacán una propuesta para que el Ayuntamiento reconociera y atendiera las afectaciones causadas por ponchallantas, argumentando que la seguridad pública es un servicio público.
La deducción de la regidora es que, si la defensoría jurídica alega que atiende solo las afectaciones provocadas por deficiencias en los servicios del Ayuntamiento y la seguridad es un servicio público, los ponchallantas, al ser una afectación provocada por falta de seguridad, deben ser atendidos.
“Si hubiera seguridad, hubiera prevención y hubiera atención completa en todo el municipio, no se pudieran dar este tipo de delitos, se dan porque no hay una efectividad en la prestación del servicio en materia de seguridad pública”, afirmó.
Para la regidora, su propuesta no debería dividir opiniones, sino generar un consenso para ponerse del lado del ciudadano ante la falta de efectividad en la política de seguridad.
“Te pongo el ejemplo de los desplazados en las comunidades de Tepuche. El desplazamiento se da por el desplazamiento de terceros, por una falla en la materia de seguridad pública, una ausencia de control y ¿qué hace en esos casos el ayuntamiento o el gobierno estatal o federal cuando se trata?, crearon una política pública y no estos gobiernos, es una política que se creó desde hace mucho tiempo para atender a todas esas familias que son afectadas por terceros, en este caso el crimen organizado”.
La aportación ciudadana
Mientras las autoridades se deslindan de responsabilidades, un negocio local continúa solidarizándose con los ciudadanos afectados. En febrero de 2025, el taller EFI Llantas inició una campaña para reparar, sin costo, las llantas dañadas por los artefactos colocados por el crimen organizado.
“Fue una iniciativa de solidaridad con la gente porque nosotros íbamos iniciando en ese tiempo aquí en el negocio porque coincidentemente iniciamos el mismo día el 9 septiembre, nosotros ese mismo día cuando inició todo eso que está pasando ahorita. Pues al principio como éramos nuevos no había gente, ni nada de eso y empezamos a ver que la gente estaba batallando con ese tema de los ponchallantas y se tomó la decisión propia de darle esa ayuda a la gente, no se les cobraba, a quien quería dar nomás como para recuperar, pero era todo, pero no se les pedía cobro, cuando te preguntaban cuánto era, ‘no nada, nomás lo que guste’ y si traían y si no, pues también igual”, contó Víctor Martínez, trabajador del taller.
Aunque reconoció que las afectaciones por ponchallantas han disminuido en comparación con los primeros meses del año, relató que al inicio de la contingencia hubo ocasiones en que hasta tres o cuatro personas amanecían afuera del taller esperando ser atendidas luego de sufrir daños en sus vehículos cuando los artefactos eran arrojados en distintas zonas de la ciudad.
“No veo que sea responsabilidad de ellos (de autoridades), pero pues sí son responsables de la seguridad que nos deben de brindar, no sé si sea el ayuntamiento directo o el estado o la federación. Pienso que los tres niveles”, enfatizó.
