La CNDH señala que la dependencia de salud en el estado ha recibido el mayor número de quejas por omisiones en atención médica

Los bebés de Claudia y Leticia murieron por negligencias en el hospital Regional 1 del IMSS en Culiacán. A la primera de ellas, incluso, le dijeron que estaba desperdiciando tiempo en la cama del hospital porque su bebé no nacería y que mejor se provocara el parto.

La omisión de proporcionar atención médica en hospitales del IMSS son la principal causa de violación de derechos humanos en Sinaloa.

Los nombres de Claudia y Leticia son ficticios, porque la CNDH, mantiene protegidos los verdaderos, pero sus historias son reales.

Las dos mujeres son parte de los ciudadanos que han acudido al organismo a denunciar violaciones de sus derechos.

Este año, la CNDH ha recibido 267 quejas por presuntos abusos de autoridades federales en Sinaloa.

El IMSS es la autoridad con más quejas al registrar 76, de las cuales 26 fueron por omisión de proporcionar atención médica.

De acuerdo con la CNDH es en Mazatlán donde se han presentado más casos de violaciones a derechos y en ese municipio han presentado 40 quejas contra el IMSS, en Culiacán son 24 y el resto en Ahome, Guasave, Sinaloa municipio, Navolato y Salvador Alvarado.

El año pasado el IMSS presentó la Política Institucional en materia de derechos humanos, que contiene las directrices generales, las estrategias específicas y los mecanismos de coordinación interinstitucional para articular estrategias preventivas.

La política tiene como elementos base la dignidad, inclusión social, la perspectiva de género y la empatía, sin embargo la CNDH señala que el derecho a la protección de la salud es el más vulnerado, principalmente por el IMSS y menciona que los hechos violatorios relacionados con la salud representan hoy la mayor cantidad de expedientes radicados en esa Comisión.

La CNDH establece que en los últimos años ha habido cambios en los violatorios de derechos humanos y en las autoridades a las que emiten recomendaciones, pues en 2018 la institución con más recomendaciones era la Comisión Nacional de Seguridad, seguida del IMSS, la SEP y la Semar; y en el último año, la lista la encabezó el IMSS, seguido del ISSSTE y el Instituto Nacional de Migración.

Los casos de Claudia y Leticia, son dos de los que atiende la CNDH contra el IMSS y en los dos, la atención inadecuada provocó la muerte de sus bebés por lo que el organismo emitió dos recomendaciones este año para el hospital Regional número 1 en Culiacán.

El caso de Claudia ocurrió en 2023 y la CNDH confirmó que fue maltratada por servidores públicos y fue objeto de violencia obstétrica por parte de ocho personas médicas de ese hospital, que con sus omisiones la expusieron a riesgos innecesarios que afectaron su salud y la del producto de la gestación.

De acuerdo con la CNDH, Claudia tenía un embarazo de 24 semanas y acudió al área de urgencias el 7 de noviembre por presentar dolor de tipo obstétrico de ocho horas de evolución y le diagnosticaron amenaza de aborto, por lo que fue ingresada a Ginecología y Obstetricia.

Desde el 10 de noviembre permaneció en el piso de Ginecología y Obstetricia en vigilancia materno fetal; y del 26 al 28 en manejo para maduración pulmonar fetal ante la inminencia de un parto pretérmino complicado y su bebé nació el día 30 sin respirar, pero a ella le dijeron que había nacido bien y que minutos después falleció.

La Comisión determinó que no tuvo un manejo médico adecuado a lo prematuro del bebé, no consideraron las alternativas terapéuticas idóneas para la patología obstétrica que presentó la madre, omitieron registrar la evolución, monitoreo y las condiciones por lo que no se realizó una vigilancia estrecha de la evolución materno-fetal.

Menciona que, además, un médico adscrito al servicio de Ginecología y Obstetricia le dijo que su bebé no iba a nacer y le insistió en que se provocara el parto, y que solo estaba perdiendo el tiempo en la cama del hospital.

El caso de Leticia ocurrió en el mismo hospital. La víctima narró que el 6 y 7 de noviembre acudió a la clínica debido a dolores de parto ya que contaba con embarazo a término, pero personal médico la regresó a su casa.

El 8 de noviembre acudió nuevamente y permaneció sin vigilancia ni valoración médica desde las 13:00 hasta las 21:00 horas, momento en que el personal se percató de que estaba en fase de “coronación”, por lo que fue ingresada de inmediato a quirófano para la atención del parto.

Al momento del nacimiento el bebé presentó asfixia y un paro cardíaco y su vitalidad fue restablecida mediante maniobras de reanimación practicadas, pero al día siguiente sufrió un segundo paro que derivó en su fallecimiento.

La CNDH concluyó que omitieron realizar una adecuada estimación del riesgo obstétrico, no hicieron exámenes de laboratorio ni sonográficos, no tomaron la presión arterial cada 4 horas con el fin de anticipar y tratar cualquier condición irregular e interrumpir el embarazo vía abdominal al detectar alguna anomalía materna o fetal, ya que, de haberlo realizado, se hubieran percatado de la presencia atípica del cordón umbilical entre el feto y el cérvix, lo que requería cesárea.

Artículo publicado el 26 de octubre de 2025 en la edición 1187 del semanario Ríodoce.