Los propietarios de Restaurantes Industriales Pozolcali, que brinda alimentación a reos en penales del estado, han operado otros negocios inhabilitados por dar información falsa, simular competencia, subcontratar, cobrar en exceso e intoxicar a más de 400 internas

El Gobierno estatal adjudicó un contrato por 381 millones de pesos para alimentación de reos a una empresa cuyos propietarios tienen otras empresas inhabilitadas por proporcionar información falsa y conducirse con mala fe, investigadas por simular competencia en concursos de licitación, subcontratar, no pagar sus contribuciones fiscales, cobrar en exceso e intoxicar a más de 400 internas.

La empresa contratada es Restaurantes Industriales Pozolcali, con domicilio en Torreón, Coahuila, propiedad de Luis Antonio y Raymundo Ortiz Domínguez.

Los hermanos Ortiz Domínguez también son propietarios de I Food de México, inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública; y Alimentos con Idea, investigada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El gobierno estatal contrató a los mismos empresarios, pero con la empresa Restaurantes Industriales Pozolcali. El 25 de julio pasado el Comité Intersecretarial de Adquisiciones le entregó un contrato por adjudicación directa argumentando que de realizar una licitación pública “la información sería accesible a todas las personas, con lo que existiría una mayor posibilidad de que se enteraran tanto grupos del crimen organizado, como criminales y/o personas comunes interesados en acceder a las instalaciones de los Centros Penitenciarios del Estado, así como del Centro de Internamiento para Adolescentes, lo que se traduce en una vulneración a la seguridad pública”.

El contrato fue firmado por el subsecretario de Administración, Carlos César Castro García y el representante de la empresa José Eduardo Rocha Cantú, el 28 de julio, con vigencia del 1 de agosto de 2025 al 31 de octubre de 2027 y contempla la preparación de desayuno, comida y cena diariamente para 6 mil 990 internos de los penales de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Angostura y el Centro de Internamiento para Adolescentes.

De acuerdo con las actas del Registro Público de Comercio la empresa ha tenido deudas con el SAT y entre 2009 y 2011 tuvo anotaciones de embargo por 13 millones 96 mil pesos, las cuales fueron canceladas en 2011 y 2012 después de que pagaron.

Las otras empresas de los hermanos Ortiz Domínguez que han tenido contratos con penales federales y de otros estados han tenido señalamientos, inhabilitaciones e investigaciones.

Este año la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer irregularidades en el gobierno de Morelos, por la contratación del servicio de alimentación para siete penales por un monto mínimo de 53 millones 645 mil pesos y máximo de 57 millones 164 mil pesos.

El contrato DGPAC/SER16/2023, señalado por la ASF, fue adjudicado a Alimentos con Idea. Los auditores determinaron que en el proceso de adjudicación “las empresas participantes realizaron acciones que implicaron o tuvieron por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida, toda vez que se encuentran vinculadas entre sí, en su caso para cada contrato, por un mismo socio, accionista, apoderado legal o administrador único en común, con respecto a la ganadora”.

En 2022, la ASF ya había señalado a la misma empresa por el servicio en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 en Chiapas, cuyo contrato era con la empresa Makmobil y esta a su vez subcontrató a Alimentos con Idea, pero ésta tampoco prestó el servicio y subcontrató a las empresas LAPI, JAR Tecnología y Meda.

La ASF encontró que, en el SAT, Alimentos con Idea no reportó operaciones durante el ejercicio fiscal; y en el IMSS, de junio a diciembre de 2022, no cumplió con el pago de aportaciones, detectó la existencia de créditos fiscales firmes a su cargo, se emitió una Opinión Negativa y contaba con una auditoría en proceso.

En 2022, la misma empresa estaba contratada en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil, en Morelos, donde las internas se intoxicaron.

Según la CNDH, a partir del 29 de septiembre de 2022 empezaron a presentar malestares que atribuían a la ingesta de alimentos en descomposición y para el día 30, el 75 por ciento de la población penitenciaria presentaba problemas estomacales.

En una recomendación emitida en 2023 el organismo determinó que 404 internas presentaron enfermedad diarreica probablemente infecciosa, derivado de malas prácticas de higiene en la preparación de los alimentos.

En febrero de 2023 el diario Excelsior publicó una investigación que revela que, en 2019, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Jesús Orta, pagó 120 millones de pesos a Alimentos con Idea para la alimentación de policías, pero esta subcontrató a seis restaurantes para que prestaran el servicio y no les pagó.

Un día después, el diario publicó una nota informativa de la SSC encabezada por Omar García Harfuch, en la que se informaba que habían iniciado una investigación a la empresa porque no había certeza de la prestación del servicio y había pagos en exceso.

I Food México, también propiedad de los hermanos Ortiz, en noviembre de 2015 fue inhabilitada por la SFP por dos años y seis meses porque proporcionó información falsa en su propuesta técnica y se condujo con mala fe en un procedimiento de contratación en el Sistema DIF nacional.

Este año los hermanos Ortiz obtuvieron un contrato por 381 millones 995 mil 730 pesos con el gobierno de Sinaloa con una empresa distinta a las señaladas e investigadas, y que de acuerdo con la plataforma de transparencia solo ha tenido un contrato con el gobierno de Coahuila en 2019.

Artículo publicado el 26 de octubre de 2025 en la edición 1187 del semanario Ríodoce.