Los jubilados resisten mientras los directivos de la UAS sostienen que la reingeniería es una reforma necesaria y urgente
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) atraviesa una de las coyunturas más tensas y decisivas de su historia reciente. Tras varios años marcados por un conflicto judicial —incluidos procesos judiciales contra sus directivos por presunto desvío de recursos— y con una relación fracturada con el Gobierno del Estado, la institución puso en marcha una Consulta Universitaria para aprobar la llamada Reingeniería Integral Universitaria, una propuesta que busca reformar el sistema de jubilaciones y prestaciones con el argumento de garantizar la viabilidad financiera de la casa de estudios.
El rector Jesús Madueña Molina ha defendido la medida como “una decisión responsable y necesaria”, asegurando que responde a las exigencias del gobierno federal para mantener la llamada jubilación dinámica, una prestación que desde hace más de cuatro décadas permite a los trabajadores retirados recibir el mismo salario que los activos. Sin embargo, la iniciativa ha despertado rechazo entre sectores de jubilados y trabajadores, quienes la consideran un intento por recortar derechos adquiridos e imponer, sin consenso, un nuevo modelo laboral y financiero.
La consulta, realizada el viernes 10 de octubre en las cuatro regiones universitarias del estado movilizó a más de 20 mil trabajadores activos y jubilados. Mientras las autoridades reportaron una participación “ejemplar” y una tendencia superior al 85 por ciento a favor del “Sí”, grupos disidentes denunciaron irregularidades y calificaron el proceso como fraudulento e ilegal.
Entre discursos de modernización y acusaciones de autoritarismo, la jornada dejó al descubierto profundas fracturas internas en una universidad que se juega mucho más que el futuro de su sistema de pensiones.
Mientras las autoridades universitarias celebraban una jornada “ejemplar”, con una participación que calificaron de mayoritaria y abrumadoramente favorable al “Sí”, alrededor de 200 trabajadores jubilados marchaban por las calles del centro de Culiacán, manifestándose en rechazo a la medida. Los inconformes ratificaron su exigencia de una auditoría a la UAS y advirtieron que llegarán “hasta las últimas consecuencias” en defensa de sus derechos adquiridos.
No hubo acercamientos ni diálogo con los grupos disidentes. La Universidad desplegó toda su maquinaria institucional para instalar 851 casillas en todo el estado y garantizar la realización de la consulta. El Comité de Elecciones y Consultas informó que la participación superó el 80 por ciento del padrón de trabajadores, con una mayoría abrumadora a favor de la reingeniería.
Aunque los resultados oficiales se darán a conocer el lunes 13 de octubre, los jubilados inconformes anunciaron que no validarán la consulta con su participación. La calificaron de ilegal y afirmaron que el resultado “es lo de menos”, pues emprenderán todos los recursos legales necesarios para impedir lo que consideran un atropello.
La presión desde arriba
La reingeniería no surge del vacío. La universidad enfrenta otra vez una gran presión financiera. Para cerrar el año, ha solicitado al Congreso del Estado un crédito por 1,200 millones de pesos, mientras que el Gobierno Federal ha advertido que no habrá recursos extraordinarios sin que antes modifique su sistema de pensiones.
De acuerdo con José Carlos Aceves Tamayo, actual director de Comunicación de la UAS y exlíder sindical, más del 30 por ciento de la nómina universitaria se destina al pago de jubilados, a través de un sistema único en el país que no contempla aportaciones de los trabajadores.
“El recurso de la universidad no contempla el pago de jubilados; llega estrictamente para cumplir actividades sustantivas y pagarle a un número determinado de trabajadores académicos y administrativos”, explicó.
Aceves Tamayo añadió que el subsidio federal es insuficiente, pues la Secretaría de Educación Pública no reconoce 90 mil horas asignatura, ni considera a más de 30 mil alumnos en actividades complementarias como idiomas o arte. En contraparte —dijo—, se exige a la UAS mantener cobertura universal.
“Hemos sido advertidos por parte de la federación; es parte de una política nacional. Nos han pedido crear un fondo que soporte el sistema de pensiones. El rector lo expresó muchas veces: esta es la opción menos lesiva para los trabajadores, y era obligatorio ponernos de acuerdo antes de que nos impusieran algo desde afuera”, sostuvo.
La consulta
El presidente de la Comisión de Elecciones y Consultas, Tiojari Dagoberto Guzmán Galindo, destacó que la jornada se desarrolló “sin incidentes” y con una nutrida participación de la comunidad universitaria.
“Con los datos del conteo preliminar visualizamos una participación mayor al 80 por ciento, y además te adelanto que los trabajadores se han manifestado a favor del “sí” a la Reingeniería Integral con un rango del 85 al 90 por ciento de la votación”, declaró Guzmán Galindo, dos horas después de haber concluido el proceso, con el 62 por ciento de las actas computadas.
Respecto a la manifestación de jubilados, señaló que todas las expresiones son respetables, pero que la amplia participación demuestra el respaldo mayoritario de la comunidad.
“Todos tienen derecho a manifestarse; sin embargo, la mayoría de los jubilados sí está participando, y eso se refleja en la alta afluencia. La consulta se encuentra dentro del marco constitucional y de la Ley Orgánica de la UAS”, afirmó.
La otra cara…
En contraste, en las escalinatas de la Catedral de Culiacán, un grupo de aproximadamente 200 jubilados y trabajadores activos se pronunció en contra.
“Decidimos no participar porque nuestro patrón no es el Consejo Universitario. Declaramos ilegal esta consulta porque está fuera de norma. Si quisiéramos cambiar el Contrato Colectivo, tendría que hacerse mediante una Asamblea General. A nosotros nos protege la Constitución y el propio contrato: los derechos adquiridos son irrenunciables”, expresó Vladimir Saucedo, trabajador activo de la UAS.
Por su parte, Florina García, presidenta de la Asociación de Jubilados A.C., informó que los más de 800 agremiados acordaron por unanimidad no participar.
“La mayoría de los trabajadores no está de acuerdo con esta reingeniería. Es una consulta fraudulenta que se armó en una semana. Esto es una imposición de (Jesús) Madueña y su gente”, dijo.
García acusó además que se utilizaron recursos institucionales para promover el voto a favor. Anticipó que, aunque el rector podría anunciar un triunfo contundente, los trabajadores inconformes mantendrán su resistencia.
“Que anuncie lo que quiera; nosotros seguiremos firmes. Iremos hasta las últimas consecuencias en defensa de nuestros derechos. Si intentan aplicar las medidas en enero, presentaremos los recursos legales correspondientes e iremos a los tribunales”, advirtió.
Opiniones divididas
El debate también se trasladó a los trabajadores —activos y jubilados— quienes expresaron posiciones opuestas durante la jornada.
José Carlos Aceves Tamayo recordó que la jubilación dinámica nació hace más de 45 años, durante la rectoría de Eduardo Franco, y está consagrada en la cláusula 88.6 del Contrato Colectivo de Trabajo.
“Es una prestación que consideramos la madre de todas las prestaciones. El problema es que cuando se aprobó no se visualizó en el tiempo. Los jubilados no son el problema; los reconocemos por su trabajo, pero es una situación insostenible y debemos encontrar una solución”, argumentó.
Miguel Ángel, trabajador jubilado, expresó haber votado en contra de la reingeniería, aunque reconoció que no confía en el proceso, pues fue organizado por las mismas autoridades que promueven la Reingeniería.
“Cuando alguien promueve una consulta, lleva los dados cargados. Ellos tienen el control, usan a Radio UAS como órgano de propaganda y movilizan trabajadores para aparentar apoyo a una medida que no es popular. Nadie está de acuerdo con que le quiten su salario. Yo vine a votar por conciencia propia, para estar en paz conmigo, pero esto ya está decidido desde arriba por los de siempre”, afirmó.
En contraste, Ismael Camargo González, docente jubilado de la Facultad de Derecho con 30 años de servicio, admitió que al principio rechazó la propuesta, pero finalmente votó a favor.
“Creo que es necesario. Cada año, en diciembre, vivimos la incertidumbre de si recibiremos nuestro ingreso y es algo desgastante. Entiendo que a nadie le gusta que le quiten nada, a mí me descontarán hasta el 20 por ciento, pero prefiero eso a perder la prestación si la universidad se queda sin recursos. Es el mal menor”, reflexionó.
María Enriqueta Noriega, quien trabajó 58 años como administrativa, coincidió en que la medida implica sacrificios, pero también certidumbre.
“Que se acabe esa incertidumbre de que por no aportar pudiéramos tener dificultades a futuro. Estoy convencida de que este es el primer paso para una solución. Me siento obligada a aportar para poder exigir también”, dijo.
Una oportunidad para unificar derechos
El secretario académico de la UAS, Sergio Mario Arredondo Salas, afirmó que la reingeniería integral no busca disminuir derechos, sino fortalecer la jubilación dinámica y garantizar su sostenibilidad, además de abrir un panorama de igualdad entre los distintos sectores universitarios.
“No hay una disminución de derechos, al contrario, se fortalecen. De nada sirve tener una prestación en un contrato colectivo si la institución no puede sostenerla financieramente”, argumentó.
El funcionario señaló que el proyecto también pretende unificar derechos: pues actualmente, existen trabajadores sin acceso a jubilación, todos aquellos que ingresaron a la institución a partir del 2016.
“¿Cómo es posible que nos permitamos tener distintos tipos de derechos? Esto no solo se trata de enfrentar el escenario financiero, sino de construir una institución que nos trate igual a todos. No puede haber universitarios de primera, segunda y tercera”, criticó.
Gabriela Romo, trabajadora administrativa de 39 años con siete de antigüedad, pertenece precisamente a ese grupo sin derecho a pensión.
“Entré después de 2016. Vine a votar porque la reingeniería me puede dar la oportunidad de tener un retiro digno. Nosotros no tenemos IMSS, solo lo que podamos ahorrar en las mentadas Afores, y ¿Qué tanto puede ahorrar uno ahí? Creo que todos deberíamos tener los mismos derechos y oportunidades”, comentó.
Arredondo, quien además fue diputado local, reconoció que existen expresiones legítimas de desconfianza hacia la iniciativa y las propias autoridades, pero insistió en que la Universidad debe asumir un nuevo rumbo.
“La UAS está bajo el escrutinio público como nunca antes. Hay capítulos que la sociedad ha sancionado negativamente, como la politización de la institución, hay que decirlo. La Universidad debe ser transparente, rendir cuentas y mantenerse libre de partidos”, concluyó.
Numeralia de la elección
345 Mesas de Consulta
851 Urnas Instaladas
20, 000 Padrón de Votantes
80% Participación Estimada
CONSULTA UNIVERSITARIA. Todo puesto para reformar.
JOSÉ CARLOS ACEVES. Pensar en los que vienen.
JUBILADOS EN CATEDRAL. Nos vemos en los tribunales.
Artículo publicado el 12 de octubre de 2025 en la edición 1185 del semanario Ríodoce.
