La denuncia indica que zona federal marítima fue enajenada como predios rurales en favor de la productora de amoniaco

Un indígena mayo-yoreme denunció la presunción de delitos ambientales cometidos por particulares y la empresa Gas y Petroquímica de Occidente que además tuvieron la supuesta protección de inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al ambiente (PROFEPA).

El caso dio origen a la carpeta de investigación FED/SIN/MOCH/0000771/2022 que instruye el agente del Ministerio Público Federal, además se le informó al encargado en PROFEPA Sinaloa, Biólogo Pedro Luis León Rubio, para que realizara denuncia penal, cosa que no realizó.

La denuncia penal había sido presentada el 1ro de agosto de 2022 ante el Ministerio Público de la Federación, célula IV-2 Los Mochis y hasta ahora no hay mayores indicios que los que el hombre aportó para que se inicie una carpeta de investigación en contra del  notario público Antonio Óscar Ojeda Benítez, el ex diputado federal Rubén Benjamín Félix Hays, la esposa de este, María Cecilia González Ayala y uno de los trabajadores del ex legislador, Armando Lorenzo Rodríguez, así como contra el empresario atunero, José Eduvigildo Leovi Carranza Beltrán, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y el inspector de la Procuraduría Federal de Protección al ambiente (Profepa) Pedro Luis  L. R., por omisión.

El denunciante estableció que entre ellos hubo acuerdo para apropiarse de zona marítimo federal en donde años después se construye una planta de producción de 2 mil 300 toneladas métricas de amoniaco.

De acuerdo con la denuncia de hechos, el ex diputado compró 11 parcelas al ejido Rosendo G. Castro, mismas que al ser desincorporadas del resto de la dotación, fueron escrituradas por el notario público, Antonio Óscar Ojeda Benítez, para después venderlas al empresario atunero y este enajenarlas a Gas y Petroquímica de Occidente.

La denuncia establece que el ex diputado federal y el empresario atunero utilizaron la Ley de Regulación de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, pero que excluye de ser legalizadas las zonas marítimas federales.

En el escrito el ofendido dice: “Por la escrituración de terrenos de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), propiedad de la nación, con características inalienables e imprescriptibles apoyándose de manera irregular e ilegal en la Ley de Regularización de Predios Rurales del Estado de Sinaloa cuando esta no tiene la competencia regulatoria sino las autoridades encargadas del medio ambiente, convirtiéndolas en pequeñas propiedades”.

Ante la tardanza por no ver resultados, en su querella de denuncia de delitos ambiental, el hombre acudió a la Ciudad de México siendo recibido en enero 19 del 2023.

Entonces se entrevistó con Blanca Alicia Mendoza Vera, Procuradora Federal de Protección al Ambiente con copia al Lic. Ricardo Sánchez Alamilla, Director General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio, reclamando que se ordene a la Delegación en Sinaloa la formulación y presentación de una denuncia penal por delitos contra el ambiente cometidos por Gas y Petroquímica de Occidente, a través de su representante el empresario atunero José Eduvigildo Carranza Beltrán, el ex diputado Rubén Benjamín Félix Hays, el notario Antonio Oscar Ojeda Benítez, Armando Lorenzo Rodríguez Gámez y María Cecilia Gonzales Ávila. Pero hasta ahora, esto no ha sucedido.

Artículo publicado el 7 de septiembre de 2025 en la edición 1180 del semanario Ríodoce.