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‘Sin consultar ni darle a aviso a nadie’, trabajador desvió arroyo Jabalines, acusa Estrella Palacios

Conagua confirma el riesgo de inundaciones por la obra; el Ayuntamiento corrige y abogados de afectados acusan que los trabajos resarcitorios se hicieron en predio privado y sin permisos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) constató que los trabajos realizados en el arroyo Jabalines el 29 de mayo desviaron el cauce del mismo, afectando el flujo y velocidad natural del agua, por lo que pidió al Ayuntamiento de Mazatlán su intervención para regresar el cauce original.

Dos meses y medio después, la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, declaró por escrito ante la Fiscalía General del Estado que un empleado de la Dirección de Obras Públicas por “iniciativa propia” y “sin consultar ni darle a aviso a nadie”, ordenó el desvío del arroyo.

Antecedente

En el oficio B00.808.-386 del 25 de julio de 2025, dirigido a Estrella Palacios, la Conagua informó que recibió una denuncia en la oficialía de partes en Culiacán el 9 de julio de 2025 sobre las acciones realizadas por personal de la Dirección de Obras Públicas, y que llevaron al desvío no autorizado del cauce natural del arroyo Jabalines.

“Una vez analizados los hechos narrados en la citada denuncia, así como la revisión de los documentales que como prueba se adjuntaron, se desprende la presunción de hechos constitutivos de infracciones a la Ley de Aguas Nacionales (…) personal de este organismo (…) (hizo) visitas e inspecciones de campo a efecto de verificar los hechos denunciados”, cita el oficio del cual Ríodoce tiene copia.

“Se constató el desvío del cauce ocasionado por el uso de maquinaria pesada afectando con ello el flujo y velocidad natural del agua. Esta alteración representa un riesgo potencial de inundaciones por desbordamientos, así como erosiones masivas del propio cauce por el arrastre y transporte de sedimentos ante fenómenos de precipitación, lo cual puede ocasionar daños y/o pérdidas en los asentamientos humanos aledaños”, agrega.

Dado que se trata de un arroyo que cruza por la zona urbana, la Conagua con fundamento en la Ley de Aguas Nacionales, solicitó al Ayuntamiento “su intervención para la ejecución de las obras complementarias que permitan mantener el cauce original y poder garantizar el adecuado flujo hidráulico de dicho cauce”.

En el mismo documento se hace referencia a que en el oficio número B00.808.-0175 del 18 de febrero de 2025 se emitieron las recomendaciones sobre las actividades de prevención ante los efectos de fenómenos meteorológicos.

En respuesta a la Conagua, el Ayuntamiento solicitó que se le diera información que le permitiera conocer la zona federal y dimensiones del cauce de la sección dañada, así como las instrucciones técnicas y jurídicas.

Acusa Estrella Palacios a trabajadores

En el oficio DGAJ 2284/2025 con fecha 14 de agosto de 2025, la alcaldesa Estrella Palacios respondió al Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Especializada de Delitos contra el Patrimonio que: “tanto la suscrita como el ayuntamiento que represento no ordenaron ni autorizaron la ejecución de obras que modificaron el cauce del arroyo Jabalines en el tramo colindante con el predio de la familia López Somoza”.

En el documento Palacios indica que “del 22 al 30 de mayo de 2025 se estaba llevando a cabo un programa de limpieza de canales en el área antes indicada con el propósito de prevenir contingencias durante la próxima temporada de lluvias y que con fecha 29 de mayo Pedro Salazar Ayala, quien es jefe de maquinaria y equipo de la Dirección de Obras Públicas de este ayuntamiento, sin consultar ni darle a aviso a nadie ordenó el desvío del cauce del arroyo Jabalines debido a que unas personas que radican en la curvatura del arroyo le manifestaron que se inundaban”.

“Por lo que decidió, a fin de evitarles problemas, ordenar a Jesús Humberto Rendón Hernández, operador de maquinaria, desviar el cauce natural del arroyo Jabalines, y realizarlo en forma recta pasando por el terreno propiedad de la familia López Somoza”, menciona el documento.

La alcaldesa expuso que la orden y ejecución del desvío del cauce del arroyo no fueron realizadas por autoridad alguna, pues aun cuando ello se ejecutó por trabajadores y maquinaria del ente municipal, ello obedeció a una conducta ejecutada por un servidor público actuando de propia iniciativa y no con motivo del despliegue de orden administrativa alguna.

Lo dicho por escrito por Estrella Palacios, tiene fecha 14 de agosto, es decir, un día antes de que el trabajador Pedro Salazar Ayala fuera enviado nuevamente al arroyo Jabalines con la maquinaria.

El documento indica que ante las acciones de Pedro Salazar, la directora de Obras Públicas, Cristina Ovalle Acosta, presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control porque “el trabajador desplegó actos que dan como resultado una conducta calificable como ilegal y sancionable a la luz de la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado”.

Ante el requerimiento que hace la FGE a Estrella Palacios para que proporcione cualquier otro documento, contrato con terceros, dictamen o registro de obra pública relacionado con los trabajos mencionados, ésta respondió que ni ella ni el ayuntamiento “ordenaron, realizaron o autorizaron la ejecución de obras que modificaron el cauce del arroyo Jabalines (…) es por ello que no se cuenta con (dichos) documentos”.

La alcaldesa acotó que, el terreno sobre el que atraviesa el arroyo Jabalines no puede considerarse propiedad privada en razón de que la Constitución Política establece que las Aguas Nacionales son propiedad de la nación.

Reincide Ayuntamiento

El viernes 15 de agosto, a las 10:00 de la mañana tres retroexcavadoras de la Dirección de Obras Públicas y un camión de carga, sin placas, pero con el logotipo del municipio ingresaron al terreno de la familia López Somoza.

Quintana Pucheta informó que quien estaba a cargo de la supuesta legalidad de las obras es el abogado Fausto Rivas Robles, quien no exhibió identificación, pero dijo que labora como auxiliar jurídico en la Dirección de Gobierno de Asuntos Jurídicos, y que su jefe directo es Roberto Clemente Favela, titular de ésta.

Cuestionado respecto a que se encontraba dentro de la propiedad de la familia López Somoza, respondió que está en el margen de la zona federal, relató Quintana Pucheta.

“Le precisé que ellos no son autoridad federal sino municipal, y que no habían mostrado un oficio comisión que les permitiera estar dentro con los trabajadores y máquinas (…), argumentó que contaba con un permiso y exhibió dos oficios, el primero en el que la Conagua le informa a Estrella Palacios que recibió nuestra denuncia por el desvío del cauce del arroyo, y que tras una inspección y pruebas aportadas por nosotros lo constató, por lo que solicitó la ejecución de obras que permitan mantener el cauce original (…)”, relató.

“Luego me mostró el oficio fechado el 12 de agosto de 2025 (…), que le dirige a la presidenta que dice (…) en relación a la alteración del cauce natural del arroyo Jabalines, es decir que el municipio reconoció que lo había alterado, solicita el Ayuntamiento que se le proporcione información que permita conocer la zona federal y dimensiones del cauce de la sección dañada, así como las especificaciones técnicas y jurídicas para continuar con el procedimiento (…) pero aquí nunca le dice que le da permiso”.

Quintana Pucheta dijo que cuando llegaron a la propiedad de la familia López Somoza, estaba “Pedro Salazar, y te adelanto, la alcaldesa rindió declaración por escrito ante la FGE, culpando de todo a Pedro Salazar Ayala, sindicalizado, adscrito a la Dirección de Obra Públicas (…). Él estaba hoy (viernes 15 de agosto) como responsable”, indicó.

El abogado dijo que se presentó con un notario público para que se levantara un acta de hechos, y se tomó nota de que las máquinas del municipio estaban acabando con la maleza, tumbando árboles, robándole tierra al vecino colindante, “porque estaban desgajando la propiedad del vecino para verterla”.

“Con respecto a la afectación, lo que quieren hacer es un tapón donde se comunica la desviación con el cauce, y van a hacer otra vez trazado del cauce natural”, dijo.

El abogado explicó que no van a rellenar el trazo que hicieron y que abrirán el cauce original, sin ningún estudio hidrológico ni topográfico.

La defensa ampliará los amparos

Quintana Pucheta adelantó que ampliará los amparos con la información que se generó el viernes con el ingreso de máquinas y personal del municipio.

Presentará además una denuncia ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por afectación al medio ambiente, y otra ante la Conagua.

“Ante la Conagua se hará en el sentido de que no tienen permiso porque hay Norma Oficial para hacer este tipo de obras, además el personal no presentó ningún estudio hidrológico, porque en el oficio, la Conagua le está dando las coordenadas únicamente del cauce ordinario, como estaba originalmente, pero no le dice qué obras de reparación debe tener”, señaló.

Se abre otra puerta porque Conagua tiene una responsabilidad patrimonial subjetiva. El municipio tiene responsabilidad patrimonial objetiva porque ellos cometieron la afectación, y la paraestatal porque no observó el cumplimiento de la ley en la obra del 29 de mayo ni en la del 15 de agosto, señaló.

El abogado Héctor Hernández Balcazar, también defensa de la familia López Somoza, señaló la ausencia de personal de la Conagua que verificara que se haya cumplido con la normatividad.

Las agravantes recaen en Estrella Palacios y Cristina Ovalle: defensa

En el primer amparo que la defensa tramitó ante el Tribunal Noveno de distrito, la autoridad municipal negó inicialmente haber ejecutado la obra. “(…) y ahora hay un nuevo amparo que se está tramitando ante el Juzgado Décimo, porque la Conagua detecta las irregularidades y le recomienda al Ayuntamiento hacer la obra, y ahora, con esta acción se reitera que el Ayuntamiento sí realizó las actividades que nosotros denunciamos (…), el Municipio negó la ejecución de la obra, y ahora la está reparando por recomendación de la Conagua”.

En términos de la ley de amparo, aquí ya se está configurando la comisión del delito de falsedad de declaración ante la autoridad, advirtió Hernández Balcazar, porque la alcaldesa y la directora de Obras Públicas, negaron los actos, dijeron que no habían ejecutado nada y ahora están reencauzando el arroyo.

Los abogados consideraron que la Conagua no le da permiso al Ayuntamiento para que reencauce el arroyo, sino que se refiere a que el 18 de febrero le emitió recomendaciones para los trabajos de desazolve.

Recordaron la declaración del 18 de julio del secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, cuando dijo que no fue un desvío, sino un desazolve.