Más temprano que tarde, saldrá la verdad, dice el ex alcalde de Ahome

El ex alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, fue quien solicitó que la contratación del arrendamiento de patrullas se hiciera por adjudicación directa y realmente fue un subarrendamiento que causó un daño de 42 millones de pesos, ya que la empresa contratada no tenía vehículos y ésta los rentaba a otra, reveló la Fiscalía General del Estado.

El jueves de la semana pasada se llevó a cabo la audiencia inicial contra el ex alcalde Gerardo Vargas Landeros y los ex funcionarios Gerardo Iván Hervás Quindos, Héctor Adonai Beltrán Moreno, Antonio Humberto Vega Arellano, Fausto Ibarra Celis, Julio César Romanillo Montoya, Genaro García Castro, Judith Luna y Marisol Morales.

Vargas Landeros está imputado por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública; y los ex servidores públicos de desempeño irregular de la función pública.

Durante más de cinco horas la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dio a conocer los datos de pruebas con los que pretende acreditar la responsabilidad de los ex funcionarios.

De acuerdo con la FGE, los funcionarios contrataron sin licitar el arrendamiento de patrullas a la empresa Grinleasing, pero era subarrendamiento.

Grinleasing, según la Fiscalía, no tenía capacidad económica para prestar el servicio por lo que rentaba los vehículos a la empresa Casanova Vallejo.

Si el Ayuntamiento hubiera contratado el arrendamiento con Casanova Vallejo, señaló la FGE, hubieran pagado 42 millones 415 mil 18 pesos menos.

Especificó que los vehículos son pick up, sedán, motocicletas, cuatrimotos y Urvan.

La fiscal, Edna Rocío Gálvez, mencionó que la contratación se hizo por adjudicación directa, cuando por el monto debió ser por licitación pública.

Dijo que para justificar la urgencia de contratar sin licitación realizaron un acta de inspección de las condiciones mecánicas de las patrullas que indica que el 70 por ciento de las unidades estaban en mal estado, como argumentó el ayuntamiento.

Indicó que la Fiscalía entrevistó a dos trabajadores del Órgano Interno de Control y dos mecánicos del taller municipal que firmaron los documentos, y ellos declararon que sí revisaron 15 unidades que se encontraban ahí; y después trabajadores del Ayuntamiento les llevaron el acta ya elaborada solo para que la firmaran.

Aseguró que no había causa fundada y motivada para que no hicieran licitación y al hacerlo por adjudicación directa afectaron el servicio público al no desempeñarlo correctamente.

Mencionó que Vargas Landeros tenía conocimiento que podía afectar el patrimonio del Ayuntamiento y no lo evitó estando dentro de sus facultades.

“Pudo oponerse, pero, al contrario, solicitó que se realizara sin licitación”, expresó.

Manifestó que mediante un oficio Vargas Landeros solicitó que la contratación se hiciera por adjudicación directa, exceptuando la licitación.

Abundó que el Comité aprobó la adjudicación directa, al día siguiente se firmó el contrato y al otro la empresa empezó a entregar los vehículos.

Detalló que el 21 de diciembre a las 17:00 horas en el Ayuntamiento se reunió el Comité de Adquisiciones y aprobó entregar el contrato por adjudicación directa.

Al día siguiente, el 10 de diciembre, Vargas Landeros, el entonces secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro; el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Julio César Romanillo; y el representante de Grinleasing, Raúl Antonio Hernández, firmaron el contrato.

El contrato era por el arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones 451 mil 935 pesos, con una vigencia del 10 de diciembre de 2021 al 31 de octubre de 2024.

El 2 de febrero de 2022, los mismos funcionarios y el representante de la empresa hicieron modificaciones al contrato y hubo cambios en cantidad de vehículos, modelos y marcas.

Con la modificación el arrendamiento era por 135 vehículos por un monto de 161 millones 112 mil 148 pesos.

La fiscal precisó que el 11 de diciembre de 2021 la empresa entregó al municipio 62 vehículos, el 2 de febrero de 2022 fueron 15, el 1 de abril entregó 25 y el 2 de mayo los últimos 33.

La fiscal, Blanca Virginia Morales, mencionó que, al vencer el plazo del contrato, el municipio compró a la empresa 122 de las 135 patrullas en 3 millones 237 mil pesos.

Los ex servidores se reservaron su derecho a declarar y pidieron al juez un plazo de 144 horas para presentar datos de prueba, por lo que el juzgador resolverá la situación jurídica el martes 8 de julio.

Horas después, de terminada la audiencia, en un comunicado, Vargas Landeros aseguró que le atribuyen un delito por tomar una decisión que benefició la seguridad del municipio.

“El arrendamiento no fue un capricho. Fue una medida responsable, común en muchos municipios, precisamente para no descapitalizar las finanzas públicas, sobre todo en contextos donde los presupuestos son limitados. No fue una excepción, fue una práctica regular para responder con eficacia a una necesidad urgente”, indicó.

Mencionó que el martes 8, su equipo jurídico presentará una estrategia clara para demostrar que todo lo realizado fue legal, transparente y enmarcado en las atribuciones propias de un gobierno municipal.

Confió en que, más temprano que tarde, la verdad saldrá a la luz.

“Lo que hice, lo hice por Ahome. Mi deber como presidente municipal fue velar por la seguridad de quienes viven aquí y confiaron en mí”, expresó.

Artículo publicado el 6 de julio de 2025 en la edición 1171 del semanario Ríodoce.