Una presunta deuda millonaria del Ayuntamiento de Guasave con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cual fue presentada el 26 de mayo por el tesorero municipal, Édgar Adair Espinoza Robles, desató un debate durante los asuntos generales de la sesión de Cabildo número 18.
La regidora Zulma Karina Gámez Cervantes cuestionó al tesorero por no declarar como litigio el procedimiento legal vigente por más de 126 millones de pesos en cuotas obrero-patronales, actualizaciones y multas.
Gámez Cervantes recordó que ya existe un dictamen de 2022 que declaró la nulidad “lisa y llana” de la resolución original del IMSS, lo que significa que no existe jurídicamente una deuda firme; además, señaló que durante la administración anterior el SAT retuvo en dos exhibiciones ocho millones de pesos al Ayuntamiento por ese concepto, dinero que ahora debería ser reclamado por la vía legal.
“Al ganar este litigio, el IMSS está obligado a regresar ese dinero. Ya deben de ser alrededor de 10 millones de pesos, que serían muy buenos para el Ayuntamiento en la crisis que enfrentamos”, señaló.
La respuesta del tesorero no fue inmediata, pues antes se sometió a votación con los ediles, quienes autorizaron su participación, e incluso, antes de abordar el fondo del tema, hizo una extensa defensa de su perfil profesional.
“Mi perfil técnico está sobrado, ampliamente demostrado. Fui ratificado por unanimidad por este Cabildo”, enfatizó.
Espinoza Robles, a pesar de que en días pasados, reconoció a la deuda como tal. sostuvo que la deuda no se reconoce de ese modo: “No le estoy aceptando al IMSS esa deuda, porque además esa deuda es impagable”, afirmó.
También agregó que el Ayuntamiento promovió una nueva demanda de nulidad tras recibir en julio de 2024 un nuevo oficio del IMSS que insiste en cobrar más de 126 millones de pesos por supuestas omisiones de 2015 a 2017. El funcionario aseguró que el litigio se encuentra en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 3447/24-03-02-9
En su participación, la regidora por el PRI, Mónica López Hernández, evidenció la reciente remodelación del baño de la secretaria particular de presidencia, en medio de la crisis económica, así como también un contrato con el despacho de Asesorías, Defensas, Contratos del Noroeste, con una cifra elevada a 90 mil pesos mensuales.
“Ante la situación tan grave que estamos pasando es necesario prender el foco y revisar que no se den este tipo de gastos”, sentenció.
Ante los señalamientos, Édgar Adair Espinoza Robles, justificó sólo el contrato del despacho, argumentando que es uno con más de dos décadas de experiencia que, según dijo, ha trabajado con otros municipios como Culiacán, Mazatlán, Navolato e incluso el mismo Guasave en el pasado.
“Tenemos un despacho que nos hace ganar dinero y no como antes, que se llevaba una parte”, expresó.
En la sesión también se reavivó el caso de Norma Rodríguez y María Antonia López, las dos mujeres que fueron despedidas del Instituto Municipal de las Mujeres, y quienes denunciaron irregularidades y acoso laboral por parte de la ex directora del instituto.
Tanto Rodríguez, como López, estuvieron presentes en cabildo; sin embargo, a pesar de que la regidora Zulma Karina Gámez Cervantes pidió que se les permitiera tener una intervención, el cabildo dio por agotado el tema.







