ELECCIÓN DEL PODER JUDICIAL. El punto sin retorno.
Estamos en la antesala de una elección inédita del Poder Judicial en México y por ende en un resultado impredecible por parte de quienes ejercerán su derecho a votar, que son los ciudadanos y ciudadanas este 1 de junio.
Una elección llena de ruido desde que se aprobó e impide escuchar con claridad y es casi imposible entender las ideas, propuestas o buenas intenciones de quienes serán electos por primera vez, que son ministros, magistrados y jueces.
Llegamos a un día sin retorno en lo que pueda suceder este 1 de junio; si bien será histórico, también deja muchas dudas y preguntas, ¿la elección popular del llamado “nuevo Poder Judicial” realmente garantizará la justicia?, ¿garantizará la transparencia?, ¿la justicia llegará pronto al pueblo?
Habrá que ir a votar, sí, porque es un derecho ciudadano, pero cada quien deberá hacerlo a conciencia y con la cabeza fría, sin creer que mañana todo será distinto, yo no lo creo. Lo que sí veo es que esta elección permitirá iniciar un proceso novedoso, pero donde todo está por verse. Los cambios en la realidad cuestan mucho y este no será distinto.
En este proceso que seguramente tardará algunos años en consolidarse hay varios puntos que deberíamos considerar al ir a ejercer nuestro derecho al voto.
Estos jueces y magistrados durarán nueve años en su cargo y deberán ser ratificados por voto popular al término de este periodo, no tengo la menor idea de cómo se ejercerá esto, pero deberá ser de acuerdo a su desempeño en el cargo. O sea que además de elegirlos, habrá que vigilarlos, vaya tarea.
Me parece que algunos de los criterios o lineamiento de ideas, como quieran llamarlo, que tendríamos que considerar para elegir a estos jueces y magistrados, una de ellas tiene que ver con su conocimiento y sensibilidad en las problemáticas de derechos humanos que vive nuestro país; entra ellas las desapariciones de personas que tanto han lastimado a nuestra sociedad.
Otro sería que tengan realmente un perfil profesional real, una formación jurídica sólida, una trayectoria impecable, honestidad intachable, sensibilidad a las problemáticas de derechos humanos y las víctimas y que estén dispuestos a juzgar con perspectiva de libertad de expresión y no prevalezcan las simpatías políticas sobre el derecho y conocimiento sobre el marco internacional de los derechos humanos. Y creo que no es mucho pedir, porque para esto deberían estar preparados.
Sobre la perspectiva de libertad de expresión, considero que deberían ser algunos de estos: Que valoren principalmente el derecho de toda persona a expresar sus ideas y opiniones de manera libre; 2) considerar en sus sentencias la perspectiva de libertad de expresión cuando se trate del ejercicio periodístico; 3) Considerar siempre los análisis de contexto del ejercicio periodístico a la hora de juzgar o emitir sentencias, así como el derecho de las víctimas.
Pero tampoco podemos dejar de mirar los riesgos que de este proceso emanan y que ya se han manifestado públicamente. Estos son algunos focos rojos que se han encendido a unos días de esta elección del 1 de junio para ministros, jueces y magistrados, y son aquellos candidatos que, por su dudosa trayectoria, son un riesgo para la justicia por sus presuntos vínculos con violaciones a derechos humanos y libertad de expresión.
Entre los ruidos que he escuchado, están aquellos que tienen que ver con quienes han logrado colarse cual elección política, a los cargos de jueces y magistrados con o sin trayectoria.
Entre estos, se encuentran poco más de una docena de candidatos entre magistrados y jueces de dudosa probidad y que aparecen en las boletas y que indudablemente se le colaron al Legislativo en la dichosa tómbola.
Algunos de estos casos son señalados por la organización Defensorxs, y que hizo público en su portal https://eleccionjudicial.defensorxs.com/project/andres-montoya-garcia/ y que considera como candidaturas de alto riesgo.
Uno de ellos es el caso de Andrés Montoya García, detectado por Defensorxs como candidato a magistrado en Hermosillo, Sonora, señalado por ser una de las últimas personas que mantuvo comunicación con el periodista Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial, desaparecido hace 20 años en aquel estado.
Montoya, quien fuera en aquel entonces subdirector del Sistema Penitenciario, fue unas de las últimas personas con las que el periodista tuvo contacto y que reconoció haber visto al periodista antes de su desaparición.
Otro caso que menciona la organización, es el del candidato a Juez Federal de Michoacán por el Circuito 11, Francisco Herrero Franco, postulado por el Poder Legislativo.
Franco ha sido señalado de extorsionar a comunidades para que colaboren con el crimen organizado, así como su posible involucramiento en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Eduardo Linares. Herrera aparece en la lista de boleta número 28 para el cargo de Juez de Distrito en Materia Penal.
Ya no se diga aquellos candidatos, la mayoría a cargos de jueces, que son vinculados a lavado de dinero, violaciones a derechos humanos, abuso sexual, corrupción o vínculos con el crimen organizado, sentencias a modo y los que ni idea tienen pero que les pareció una oportunidad de darse a conocer.
Así, llegamos a una elección histórica del 1 de junio donde todo estará por verse, con candidatos desdibujados, sin perspectiva, ciudadanos sin información clara y que no atinan a entender por qué tantas boletas y colores. Vaya elección del “nuevo Poder Judicial”.
Artículo publicado el 25 de mayo de 2025 en la edición 1165 del semanario Ríodoce.
