La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) tiene abierta una investigación por la presunta filtración de información de la Secretaría de Obras Públicas para favorecer a empresas que ganaron la licitación para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres de Los Mochis y una de las cuales recientemente obtuvo un contrato para construir la segunda etapa del malecón margen izquierda del río Culiacán.

Ríodoce dio a conocer que en una auditoría la STyRC detectó que hasta el 89 por ciento del presupuesto base, los análisis de precios unitarios y la integración de los costos horarios de las empresas ganadoras, es idéntico y hasta con los mismos errores que los documentos de la Secretaría de Obras, por lo que se presume que utilizaron información privilegiada para integrar la propuesta con la que ganaron la licitación.

Las empresas que ganaron el contrato por 13 millones de pesos en julio de 2023 son Constructora Marvines y Obras y Servicios del Río, para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres de Los Mochis.

En febrero de 2024, Constructora Marvines ganó otro contrato por 7 millones de pesos para la construcción de la segunda etapa del mismo Centro de Justicia y en marzo de este año Obras y Servicios del Río obtuvo un contrato para la construcción de la segunda etapa del malecón margen izquierda del río Culiacán, por 306 millones 52 mil 803 pesos.

La secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda, dijo que tras la auditoría al Centro de Justicia para las Mujeres se inició una investigación por la posible filtración de información.

“En realidad cuando se hacen revisiones preventivas para eso son, para evitar que haya alguna anomalía, en ese sentido se abrió una investigación, pero es lo usual, que cuando se manda hacer una obra y se licita, haya información que esté disponible para el que va ejecutar el gasto sino también para el beneficiario del mismo, entonces ahí hay cierta falta de alguna manera que se regule eso, en el entendido de que no se filtre ninguna información de ese tipo”, indicó.

Mencionó que la misma Secretaría de Obras Públicas dice que la información pudo haberse filtrado en los documentos que están disponibles para las empresas participantes, pero no está confirmado que haya sido así.

Manifestó que la investigación es de todos los que intervinieron en el proceso de licitación, “pero no hay delito, hasta ahorita, que perseguir ni podemos culpar a nadie. Se presume por la investigación que se hizo que pudo haber cierta filtración de información, pero no podemos afirmarlo en tanto no haya alguna conclusión”.

La auditoría en la que se detectó la posible filtración, indicó, es parte de las revisiones preventivas que se hacen para evitar que en algún momento pueda haber alguna anomalía.

Comentó que es necesario hacer ajustes en la normatividad para evitar ese tipo de sucesos y que se cierren las posibilidades de que haya acceso a ciertos datos que pudieran privilegiar en un momento dado a una empresa.

“Hace falta mayor hermetismo en las bases y toda la información previa que se genera dentro de la Secretaría de Obras Públicas cuando se manda una licitación, tendría que haber más cierre, más hermetismo, menos posibilidades que haya filtración”, expresó.

Ramírez Zepeda dijo que las empresas que presuntamente obtuvieron información privilegiada no están impedidas para seguir participando en licitaciones debido a que la investigación no ha concluido y no se ha determinado que tengan alguna responsabilidad.

Cuando la STyRC notificó a Obras la observación que señala que las empresas posiblemente obtuvieron información privilegiada para hacer la propuesta, Obras respondió que “el expediente completo fue proporcionado a la Semujeres, misma que realizó entrega a Conavim, para subirlo a plataforma y realizar la gestión del recurso, aclarando que no solo está Secretaría contó con el expediente de la obra”.

En ese entonces, la titular de la Secretaría de Mujeres era Teresa Guerra Ochoa, quien aseguró que de la Semujeres no se filtró la información porque no la tenían.

La Semujeres, indicó, no tenía documentos técnicos con presupuestos y plazos, solo un proyecto con el modelo del Centro de Justicia, donde se especifican las áreas con las que debe de contar y las dimensiones.

“Para poder conseguir el recurso tú tienes que mandar un proyecto de un modelo de construcción que sea acorde al modelo nacional, para poder bajar recursos, porque si no, no hubiéramos podido bajar el recurso, ya si hablamos de ese proyecto, cómo se va ejecutar y todo eso y qué tipo de constructoras participan en la licitación, todo eso es ajeno a nosotros. Había un modelo que nosotros hacemos llegar a la Ciudad de México, a Conavim, que era la instancia para asignar el recurso, ya lo que específica cómo se va ir ejecutando, eso si nosotros no contamos con eso”, indicó.

Los documentos con detalles técnicos, aseguró, estaban fuera del alcance de la Semujeres.

Comentó que a ella la STyRC no le ha hecho ningún tipo de requerimiento para la investigación y asegura que está tranquila porque de la Semujeres no hubo ninguna filtración.

“Yo no tengo ningún temor, hubo siempre transparencia, legalidad, se ejercieron recursos más allá de eso y no hay una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación, yo siempre he estado tranquila”, expresó.

Reconoció que el Centro de Justicia se puso en marcha sin estar concluido porque se empezó a construir con recursos federales y faltaba la etapa que se haría con recursos estatales.

Aseguró que fue abierto inconcluso porque cuando se aplican los recursos federales, la federación los obliga a iniciar operaciones.

Artículo publicado el 27 de abril de 2025 en la edición 1161 del semanario Ríodoce.