Alegan pagos a cuentagotas desde el sexenio de Jesús Aguilar Padilla

Basilio Carvajal Moreno, asesor legal de los comuneros afectados desde 2007 por la construcción de la presa Picachos, coincide con la esencia del libro “Picachos, Los caminos del desarraigo y la resistencia”, publicado en 2009, durante el sexenio del entonces gobernador, Jesús Aguilar Padilla.

“Las indemnizaciones por el patrimonio despojado no se han cubierto en su totalidad, sólo se han cumplido con una parte y a cuentagotas…”, escribió en el segundo párrafo de la página 35 de ese libro, el hoy secretario general de gobierno, Feliciano Castro Meléndrez.

Por ello, Carvajal Moreno reclama al gobierno del estado el finiquito pendiente de las tierras de uso común, tierras parceladas y los bienes distintos a la tierra.

“Recordarle al actual secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, que a finales de abril se va a cumplir un año que suspendieron los pagos a los comuneros por la superficie de mil 869 hectáreas, otrora propiedad de la comunidad de San Marcos, municipio de Mazatlán”, enfatiza el litigante.

Cómo hicieron “manita de cochi” a los comuneros

Mediante la promoción de juicios de amparos 534/2007, 583/2012 y 1010/2023 ante el juzgado Noveno de Distrito y el juicio agrario 577/2007, en el Tribunal Unitario Agrario No. 39, y protestas en la construcción de la hidroeléctrica y potabilizadora de agua, en la cortina de la presa, los comuneros de San Marcos habían reclamado los pagos pendientes al gobierno del estado.

A raíz del Decreto Presidencial Expropiatorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2023, y ejecutado en sus términos el 14 de febrero de 2024, el gobierno del estado obligó a la comunidad de San Marcos a desistirse de los juicios de amparo y de las protestas en la presa antes citadas, con el objetivo de lograr un convenio para finiquito.

El 25 de febrero de 2024, según acta de asamblea de segunda convocatoria de la comunidad de San Marcos, 130 comuneros autorizaron a sus directivos para promover el desistimiento de los juicios de amparo y suscribieran con el gobierno del estado un convenio para la ejecución de las contraprestaciones acordadas.

El convenio para finiquito

La cláusula segunda del convenio para finiquito del tratamiento de la problemática social en la comunidad Agraria de San Marcos, con motivo de la afectación de una superficie de 1869-35-29 hectáreas, para la construcción de la presa Picachos y obras complementarias, destaca el gobierno del estado.

“Que ‘El Gobierno’, como promovente de la expropiación, ha garantizado el pago de la indemnización mediante depósito del importe que indica el citado Decreto Expropiatorio, ante el Fideicomiso Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) y que los bienes distintos a la tierra le fueron reconocidos mediante convenios que suscribieron los comuneros para ese efecto”, reza el documento.

En esa tesitura, el gobierno del estado asegura que los pagos pendientes por cubrir, se realizarán conforme a los acuerdos conciliatorios precedentes.

“Por lo que el gobierno del estado reconocerá la calidad de la tierra como de temporal y por lo tanto se reconocerá que las tierras de uso común con la misma calidad de temporal, se sujetarán al valor que se establece para dicha calidad en el avalúo INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales) de fecha de 20 de junio de 2023”, indica el convenio.

Los pagos a cuentagotas al estilo del PRIAN

— ¿De cuánto fue el importe de la indemnización y cuánto depositó el gobierno del estado al FIFONAFE?— se le pregunta al asesor de los comuneros.

— En el decreto expropiatorio salió el monto de 105 millones. Estos (el gobierno del estado) dijeron: “no pues les hemos pagado tanto y les vamos a dar la diferencia”. Y les dijo FIFONAFE: “no, depositen los 105 millones que dijo el decreto y ya después veremos si sobra o hay diferencias, y si lo regresamos”.

Y tuvieron que depositar los 105 millones, precisamente. Entonces de ahí ya, ese fue el pretexto para decir (los del gobierno del estado) que ya no tenían dinero y que iban a esperar la devolución.

— ¿Cuánto les deben de la indemnización?

— El fondo que ellos depositaron fueron 105 millones. Pero más o menos calculo yo, de diciembre de 2023 a abril de 2024, se pagaron como 34 millones, sí se pagó una gran parte. Pero la expropiación de los terrenos afectados de la presa Picachos, son mil 869 hectáreas en total. Ahí están incluidas tierras parceladas y tierras de uso común. Ahí estamos hablando de una indemnización de tierras de uso común, para todos los 256 comuneros. En las tierras de uso común tienen derecho todos los comuneros.

— ¿No se las han pagado?

— Esas no. Se hizo una negociación de 24 millones. Ahí nos quedamos en la negociación de 24 millones, para tierras de uso común.  Las tierras de uso común son 323 hectáreas afectadas por la presa Picachos. Y de las tierras parceladas están afectadas casi mil 600 hectáreas, parceladas. Ahí son afectados, individuales, un promedio de 120 comuneros. Porque a muchos se les afectaron dos o tres parcelas. De las tierras parceladas afectadas, al inicio del 2005, 2006 se hicieron unos pagos, con convenio de ocupación previa, ¿no?, después hicieron pagos en el 2010, y el tercer pago se puede decir que se hizo ahora en 2023-2024, de algunos comuneros, no de todos.

— Desde el sexenio del finado Jesús Aguilar Padilla, se les ha pagado a cuentagotas…

— Sí. De todo ese universo de comuneros afectados, hay gente a la que todavía se le debe completamente toda una indemnización total de un promedio de 20 y tantas gentes. No se les ha pagado lo que es nada, en absoluto, y a los demás se les ha pagado parcialmente. Por eso estamos reclamando y recordando al secretario general de gobierno que las indemnizaciones no se han cubierto en su totalidad, sólo se han cumplido con una parte y a cuentagotas.

Artículo publicado el 06 de abril de 2025 en la edición 1158 del semanario Ríodoce.