Genaro García Castro se mantiene “tranquilo” ante la investigación que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción está realizando en contra del Ayuntamiento de Ahome por el arrendamiento de 126 unidades para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), por 171 millones 451 mil 932.40 pesos.

“Nosotros, como Secretario del Ayuntamiento, validamos, firmamos, como parte dé. También es cierto que nosotros no somos el comité de obras, nosotros no contratamos, nosotros no pagamos, nosotros no adquirimos absolutamente nada”, afirmó.

Se responsabilizó por los documentos que firmó; sin embargo, enmarcó una serie de procesos en los que a él no le corresponde intervenir.

“La ley establece a todos los que intervienen, incluso los que tienen voz y voto, no es mi caso.

Estoy a la espera de que el Ayuntamiento resuelva todos los señalamientos que hace la fiscalía y obviamente en ese orden de ideas estamos a disposición para cualquier aclaración”, respondió.

Atrae las observaciones que realizó la fiscalía durante la investigación con respeto al monto: es muy alto y es menester de una licitación.

“También la ley establece excepciones no importando el monto cuando se requiere en materia de seguridad algunos equipamientos y que, por ende, no pueden no licitarse”, contrastó.

Señaló que no había vehículos en el mercado.

De acuerdo con las investigaciones, el arrendamiento fue llevado a cabo por la empresa Grinleasing, SAPI de CV, el 10 de diciembre de 2024.

“Traíamos un déficit de vehículos y los que existían estaban en un mal estado”, respondió. Dichas condiciones permitieron apegarse al beneficio de la ley para hacer la asignación, es decir, el arrendamiento.

Invitó a revisar el Código Penal del Estado de Sinaloa; artículo 300; fracción cuarta, en donde se establece quiénes son los responsables.

“Ahí dice claramente ‘quien contrate obra pública, incluso quien haga inversiones con recursos públicos’, yo no contraté ni arrendé ni nada”, dictó.