Janeth y Cristina de 10 y 6 años de edad, son hermanas, sus padres Gerardo y Janeth, quienes trabajan como jornaleros agrícolas en la sindicatura de Ruiz Cortines, Guasave, declaran que el 27 de diciembre del 2024 sus hijas salieron a jugar afuera de la cuartería como cualquier otro día, llevando consigo una cobija y un monito de peluche, como solían hacerlo en Guerrero, su lugar de origen; sin embargo, ese día el DIF recogió a las menores y las trasladó a la casa hogar, sin notificarles.
Fue hasta el 13 de enero del 2025 cuando Gerardo y Janeth recibieron una llamada de un testigo que presenció cuando el DIF se llevó a sus hijas, pero al acudir a la paramunicipal se les informó que las niñas debían quedar bajo resguardo del Ministerio Público, al que la procuradora del menor, Damaris Osuna Zavala, los dirigió; en el ministerio, los padres, a pesar de que no saben leer ni escribir y que tampoco se les leyera el documento que firmarían, accedieron con la esperanza de que eso permitiría la entrega de sus hijas.
El documento supuestamente era una declaración de la procuradora, en el que se afirmaba que las niñas al ser encontradas por el DIF estaban alcoholizadas y que no querían regresar con sus padres.
Otro caso similar es el de Ana Lizbeth, de 10 años, quien también fue llevada a la casa hogar el 7 de febrero mientras jugaba en la calle. Sus padres, Prudenciana y Silvino son originarios de Oaxaca, no la han visto desde ese día, pues tanto en el caso de Ana, como en el de Janeth y Cristina, se abrió una carpeta de investigación por violencia familiar en contra de ambas parejas.
Caso Candelaria
Los casos de Ana Lizbeth, Janeth y Cristina, no son los únicos que han tenido los mismos tintes durante esta temporada agrícola; primero fue Candelaria, la bebé de ese entonces 10 meses, que fue encontrada debajo de un tejabán de lámina en condiciones de abandono tras ser robada por un tío el 23 de diciembre del 2024, en la misma sindicatura.
El DIF municipal también abrió una carpeta de investigación por omisión de cuidados, posteriormente se trasladó a Culiacán, pues la menor es candidata para una operación debido a que cuenta con una cardiopatía; sin embargo, Rosa, mamá de Candelaria hace lo posible para permanecer con su hija en la Casa Cuna de la capital, aunque, la activista Alma Acosta, directora de Chihuahua Territorio Vivo A.C., quien ha estado brindando acompañamiento a los padres de Candelaria, denunció que el DIF la está sometiendo a presión psicológica, pues según su testimonio, funcionarios le han dicho: “Disfruten a la niña, véanla todo lo que quieran, porque cuando la operen se las vamos a quitar.”
Posición de la CEDH
Tanto Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), como la visitadora de la zona centro-norte de la Comisión, Lorena Landeros Rosales, convergen en que las cuatro menores deben de estar con sus respectivos padres.
Señalan también irregularidades durante el proceso de aseguramiento de las menores, ya que en ningún momento se les notificó a los padres que serían remitidas a la casa hogar y posterior a su ingreso no se les permitía ver a sus hijas.
Landeros Rosales mencionó que los padres de los dos casos más recientes están tratando de probar que las acusaciones que Damaris Osuna levantó en su contra son erróneas “ellos intentan comprobar que son buenos padres, que tienen un modo honesto de vivir, no usan drogas ni alcohol y en eso estamos apoyándolos para que el procedimiento se agilice un poco más, es justo y necesario que se haga esto porque ellos ya están próximos a irse”, declaró.
Respecto a Ana, sus padres solo tienen la certeza de que su hija está bajo resguardo, pero aún no se les ha permitido verla. Si bien dominan el español, no lo comprenden por completo, y desconocen los procedimientos legales, por ello, a ambas parejas se les asignó una traductora de su propia comunidad.
Activistas
Las activistas Alma Acosta, de Chihuahua y Camelia Anaya Bojórquez, de Cortines, también denuncian irregularidades de los dirigentes de las instituciones que llevan los casos de Janeth, Cristina, Ana Lizbeth y Candelaria.
Alma Acosta expuso que ninguno de los padres de los tres casos contó con un traductor de su etnia hasta que la asociación que lidera hizo presión para que se les asignara uno.
Además, denunció que han encontrado trabas constantes para obtener información sobre las menores. “En el Ayuntamiento nos dicen que es competencia de la Fiscalía; en la Fiscalía nos remiten al DIF. Al final, nadie proporciona la información requerida. Independientemente de que haya una carpeta de investigación contra los padres, la Procuraduría tiene la facultad de entregar información a su criterio o, en su defecto, directamente a los padres de las niñas, pero no lo están haciendo. Se están aventando la pelotita de un lado a otro”, criticó.
Damaris Osuna Zavala, procuradora del menor en Guasave, reconoció que sí recibió las observaciones emitidas por la CEDH y que en el transcurso de la semana respondería a los señalamientos, presentando los argumentos y la documentación correspondiente para sustentar el actuar de la institución en los casos de las menores.
Artículo publicado el 23 de febrero de 2025 en la edición 1152 del semanario Ríodoce.
