A partir del 20 de diciembre los congresos locales tienen 90 días para homologar las disposiciones nacionales, que llevarán a la eliminación del organismo estatal de acceso a la información

“Estamos en un proceso de agonía con demasiados velorios”, explica el comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, quien califica la extinción de los organismos como CEAIP e INAI, como una muerte anunciada por motivos ideológicos y políticos, más que económicos.

El comisionado de la CEAIP no duda en calificar los hechos como el mayor retroceso en la historia del derecho del ejercicio de acceso a la información pública en los últimos 50 años, al borrar todos los avances y conquistas en la materia.

De acuerdo con el texto del decreto, a partir del 20 de diciembre de 2024 los congresos locales cuentan con 90 días naturales para homologar los criterios, lo que se traducirá en la eliminación de los organismos garantes locales como la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP).

Aunque en Sinaloa la homologación que tendrá como efecto la eliminación de la CEAIP, no ha sido concretada por el Congreso del Estado, los comisionados del organismo saben que ya se ha expedido un acta de defunción, sin espacio para la reversa, por lo que han comenzado a tomar decisiones para proteger al personal a través de las primeras liquidaciones.

En los últimos días de diciembre de 2024, la CEAIP inició su proceso irreversible de extinción. Un primer paquete de empleados fue ya liquidado en paralelo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto de simplificación administrativa que eliminó siete organismos autónomos, entre ellos el INAI.

La Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de Sinaloa incluyó un presupuesto de 40.3 millones de pesos para la operación de la Comisión en 2025, ya que en el ámbito local el Poder Legislativo no ha emitido el decreto correspondiente. La situación permitirá al organismo seguir operando las primeras semanas del nuevo año. En Michoacán, Veracruz y Durango, ya se les suprimió de tajo el presupuesto ante la inminente eliminación.

El exterminio del INAI, el cual figuraba como cabeza de un sistema interconectado con los organismos locales de transparencia, conducirá en el corto plazo a la desaparición de la CEAIP en Sinaloa.

Beltrán Estrada revela que se luchó mucho para que en el decreto se dejara a las entidades federativas ejercer su independencia sobre la decisión de desaparecer los organismos locales, por lo que hay visos que en algunos estados pudiese quedar alguna estructura local.

Entre las decisiones que se deberán tomar en Sinaloa en el muy corto plazo figura que el gobierno estatal defina a quién transferirá las facultades de la Ley de Transparencia, realizar la reforma local en la materia, para posteriormente proseguir a la extinción de la CEAIP y con ello al nombramiento de los comisionados.

Quien también fue presidente del organismo, ve en Sinaloa ciertas condiciones tanto por el respaldo de la sociedad civil como de legisladores, que en su momento acompañaron el nacimiento de la CEAIP y por el trabajo reconocido a través de los años.

Puntualiza que el destino de la CEAIP está en manos del gobernador Rubén Rocha Moya para decidir qué tipo de estructura se requiere para operar en Sinaloa para el ejercicio del derecho a la información pública, ya que el nuevo marco legal aprobado a nivel federal es muy vago, genérico y ambiguo.

“Hay muchos cabos sueltos, es una reforma que genera zozobra, incertidumbre, falta de confianza, desánimo, una percepción de derrota de parte de la gente que estuvo detrás del cumplimiento de la transparencia en este país “, expresa.

Ante la alta posibilidad de que las funciones de la CEAIP pasen en Sinaloa a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno estatal, advierte que habrá una situación de que serán juez y parte en los recursos de revisión.

A ello se suma que un estudio reciente de Iniciativa Sinaloa reveló la falta de eficiencia de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, aunado a que existe un colapso de las facultades de los órganos existentes.

Con la reforma implicará que las controversias sean atendidas por estos órganos internos de control que ya están sobrecargados, por otros que no funcionan, sumado a que hay otras instituciones en las que no existen estas instancias. A ello se les agregará que no son autónomos ni independientes, sino que dependen de la voluntad política y del gobernador, y en general de superiores jerárquicos.

“Será como poner a un zorro cuidar a un gallinero”, expresa.

En general no se tiene claridad que habrá de ocurrir con la CEAIP, por ejemplo, qué pasará con el personal, algunos de cuales tienen hasta 22 años de antigüedad, por lo que están buscando proteger al equipo humano. Por el momento están tomando previsiones, como el disponer de recursos producto de economías y una operación austera para hacer frente al escenario de liquidaciones.

En el caso de los tres comisionados, cuyos nombramientos fueron expedidos por el Congreso local por siete años, los cuales todavía no fenecen, no conocen que pasará con ellos, si procederá algún tipo de indemnización, solo saben que se tendrán que ir.

Reinan los vacíos por doquier porque tampoco se sabe qué pasará con la Plataforma Nacional de Transparencia que integra alrededor de 7 mil 500 sujetos obligados de todos los niveles, desde un municipio serrano y sindicatos pequeños.

“Nosotros apelamos a la voluntad política de Rocha Moya y a las distintas fuerzas políticas del Congreso del Estado”, comenta.

Artículo publicado el 29 de diciembre de 2024 en la edición 1144 del semanario Ríodoce.