La controversia en torno a la Ley de Educación Superior de Sinaloa y la reforma a la Ley Orgánica de la UAS acaparó gran parte de la agenda del Congreso del Estado en 2024.

Desde los primeros días de enero, la maquinaria jurídica del Poder Legislativo empezó a atender la controversia. El primer movimiento fue buscar interponer un recurso de revisión a un juicio de amparo emitido por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa en contra del decreto que expidió la Ley de Educación Superior.

La constante fue una especie de medición de fuerzas entre las autoridades de la UAS y el Congreso local. Por una parte, la UAS sostenía que el nuevo marco legal era violatorio a la autonomía universitaria; en tanto que los legisladores afirmaban que no se violentaba el autogobierno, además de que el decreto era congruente con la Ley General de Educación Superior.

Casi en paralelo, a finales de enero el Poder Legislativo debió atender la polémica surgida en la Universidad Autónoma de Occidente a partir de la elección del nuevo rector, en medio de acusaciones que aseguraban que el proceso había sido ilegal y turbio.

El Congreso entonces buscó tomar como ejemplo a la UADEO para mostrar que era posible expedir una nueva Ley Orgánica para que las autoridades, entre ellas rectoría, puedan ser electas democráticamente por la comunidad universitaria, además de incluir reformas en materia de paridad de género y rendición de cuentas.

En total fueron 10 las iniciativas que se recibieron para reformar la Ley Orgánica de la UADEO y en la primera semana de marzo se realizó la consulta, para el día 20 se aprobó el paquete de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente, que desapareció la Junta de Gobierno que tenía dentro sus facultades la designación del titular de rectoría. En su lugar toda la comunidad universitaria podrá elegir al rector y directores de unidades regionales, mediante el voto universal, libre, directo y secreto.

Concluidos los tiempos de campañas electorales, el 28 de junio, el Congreso marcó un nuevo rumbo en la controversia con la UAS, al anunciar el retiro del recurso de revisión en contra de la sentencia que resolvió el juicio de amparo en favor de la posición de las autoridades universitarias.

El entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, aseguró que el anuncio mostraba la voluntad política para establecer una mesa de diálogo en la que se establezcan acuerdos en favor de la comunidad de la UAS, y el 1 de julio la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico dio luz verde a 36 iniciativas de reformas a la Ley Orgánica de la UAS.

Con la cuenta regresiva, la meta prioritaria era lograr concretar la reforma a la Ley Orgánica de la UAS antes de concluir la LXIV Legislatura a finales de septiembre, y en medio del brote de la crisis de violencia que estalló en municipios como Culiacán, Eldorado, Navolato, Elota y Concordia, el Congreso realizó la consulta.

La situación de inseguridad no mereció por semanas un pronunciamiento desde el Poder Legislativo, pero sí fue tema central la consulta universitaria, pese a que la Universidad se fue a clases virtuales con el argumento de las crisis de inseguridad.

Los resultados de la consulta fueron magros. Menos del 1 por ciento de la comunidad universitaria acudió a los centros de recepción de opiniones que se instalaron. De un total de 200 mil personas que componen la comunidad universitaria acudieron a emitir su opinión mil 399.

Por el nivel de participación en la consulta, los directivos de la UAS y el Grupo Parlamentario del PAS calificaron el ejercicio como una ilegalidad, además de una simulación.

Luego de concluir el ejercicio y la realización de un foro, la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología emitió el dictamen de reforma. La Mesa Directiva convocó a una sesión extraordinaria, pero no contó con que los universitarios que se oponían a la reforma se activaron rápidamente y llenaron de inmediato la sala de sesiones con gritos y consignas de “¡Traidores, Traidores!, o ¡Fuera Rocha, Fuera Rocha!”

En un hecho inusual, pero legal, el Pleno aprobó que por el volumen del dictamen se sustituyera la lectura por la entrega del documento por correo electrónico y la publicación que ya se había hecho en la gaceta parlamentaria. Por la noche sesionó en el salón de un hotel y citó nuevamente para el día siguiente.

A primera hora los universitarios montaron carpas en el acceso principal del Congreso y llenaron la sala de sesiones, pero no hubo quórum de diputados. La secretaría general comunicó que la sesión se prorrogaba de manera indefinida y esta finalmente se realizó en el salón de eventos FigloStase, al que solo tuvieron acceso diputados y personal del staff.

Así por mayoría y con la oposición del PAS, por la noche el Congreso logró su cometido de modificar la Ley Orgánica de la UAS.

Ya con la nueva Legislatura, la resistencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa a la nueva Ley Orgánica subió de tono, ahora se declaró en paro indefinido a partir del 7 de octubre y tres días después, la UAS determinó reanudar en su totalidad las actividades académicas y administrativas, después de la reapertura a la Mesa de Diálogo, en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mesa de diálogo derivó que en la primera quincena de diciembre el Consejo Universitario de la UAS aceptara la nueva Ley Orgánica, días después de que Jesús Madueña retornara a la rectoría.

Artículo publicado el 22 de diciembre de 2024 en la edición 1143 del semanario Ríodoce.