Expresa UMPEDFP que no se puede hacer nada por “levantados” en el poblado de Villa Unión.

“Qué podemos hacer, hace días (miércoles 13 de noviembre) privaron de la libertad a varios jóvenes que estaban trabajando en la pizca de chile en el poblado de Villa Unión, municipio de Mazatlán, que se llama Urraca en el estado de Sinaloa”, claman familiares de dos jornaleros agrícolas, originarios del estado de Durango.

Impotentes ante la tragedia, denuncian: “Las madres están desesperadas, ya fueron a la Unidad de Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas (UMPEDFP) en la Fiscalía y/o la Vicefiscalía Regional de Justicia de la Zona Sur, y les dicen que no pueden hacer nada”.

La versión oficial sobre los jornaleros agrícolas privados de la libertad por un grupo armado en la comunidad de La Urraca, asegura que fueron tres personas, pero algunos familiares denunciaron que fueron siete víctimas en total.

Jaime Othoniel Barrón Valdez, titular la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Mazatlán, aseveró que luego de acudir al lugar de los hechos, donde ya se encontraban elementos del Ejército Mexicano, corroboró personalmente que habían sido tres las personas privadas de la libertad.

Desde algún lugar del estado de Durango, algunos familiares denunciaron que siete jóvenes que estaban trabajando en la pizca de chile, en el poblado La Urraca, habían sido privados de su libertad por un grupo armado.

Los consanguíneos de las víctimas de desaparición forzada, informan que algunos son originarios de la comunidad indígena de San Bernardino Milpillas Chico.

“Los nombres de ellos son Brandon Misael Ramos Padilla y Esaú González Murga (sic), ambos de aproximadamente 18 años, originarios de Llano Grande de Milpillas, ubicado en Pueblo Nuevo, Durango; uno de los detenidos es hijo de una comisario comunal de Durango”, comentan.

Diversos portales de comunicación locales y estatales informaron que el nombre de la otra víctima es Miguel Ángel Alzate Mendoza de 21 años, en cuya vivienda habrían irrumpido violentamente hombres armados para llevárselo a la fuerza junto con otros trabajadores del campo.

Desde que ocurrieron los hechos el 13 de noviembre, a las 16:00 horas, el padre de Alzate Mendoza, de oficio agricultor, advirtió la posibilidad real de cerrar la carretera de acceso al Aeropuerto Internacional Rafael Buelna, para exigir que los plagiadores regresen sanos y salvos a los jornaleros agrícolas.

En la localidad nadie quiere hablar sobre lo ocurrido el 13 de noviembre. La calle principal luce desierta y las pocas personas que se observan evaden el tema.

Aunado a los riesgos de los accidentes carreteros durante su traslado a los campos agrícolas y abusos laborales de los “enganchadores” y patrones, los jornaleros agrícolas se enfrentan al peligro de la privación ilegal de la libertad.

El 29 de agosto de 2022, un autobús Mercedes-Benz que trasladaba jornaleros agrícolas del fraccionamiento Santa Fe hacia El Rosario, sufrió un accidente en la carretera México 15, a un kilómetro de la sindicatura de Villa Unión.

En el percance resultaron heridas tres personas, que fueron llevadas a urgencias médicas del Hospital Rural número 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Villa Unión, que recibe pacientes aunque no tengan IMSS.

Desde el 15 de septiembre, la alerta para la población en general, no había surgido de La Urraca, sino del nosocomio arriba mencionado, mediante aquella carta del personal médico que las redes sociales hicieron viral: “En nuestro estado se están viviendo momentos de terror e incertidumbre para la población en general, que ha venido generando la delincuencia organizada”.

En la misiva relataron los momentos de terror vividos “El día domingo 15 de septiembre, durante la madrugada arribaron al servicio de Urgencias del hospital IMMS Bienestar, Villa Unión, un grupo armado de delincuentes, con personas heridas de arma de fuego que requerían de atención médica, por lo cual fuimos sometidos a violencia física y verbal, así como también, los pacientes que estaban recibiendo atención médica en el servicio”.

“En ningún momento, se les negó la atención, sin embargo, recibimos amenazas verbales de muerte como ‘si mueren ellos, mueren ustedes’, nos sometieron a compañeros enfermeros y médicos con violencia física para trasladarlos en ambulancia a otra unidad hospitalaria ubicada en Mazatlán, Sinaloa, desafortunadamente no contamos con equipo necesario para la resolución de dicha urgencia, solo se estabilizaron”, denunciaron.

El 17 de septiembre, directivos de IMSS Rural de Villa Unión, desde Culiacán, dijeron a Ríodoce que se deslindaban de la carta y afirmaron que desconocían quienes habían sido los autores de la misma, por lo que fijaron su postura.

“El día 15 de septiembre a la 1:30 a. m., ingresa al área de urgencias del HR No. 16 una persona con herida en brazo derecho, la cual era acompañada por personas armadas”, informaron, mientras un testigo de los hechos consultado por este semanario desmintió la carta-denuncia del personal médico.

A casi dos meses y medio, de los hechos del IMMS Bienestar-Villa Unión, cuando las autoridades encargadas de impartir justicia guardan absoluto silencio, surge el clamor de los familiares de las personas privadas de la libertad desde La Urraca y una comunidad indígena del estado de Durango.

Los consanguíneos de Miguel Ángel Alzate Mendoza dijeron al portal Línea Directa, “que ya tienen identificados a los hombres armados, que se trata de gente de Villa Unión y que las autoridades municipales también los conocen”.

Por su parte, las madres de los labriegos indígenas de Durango aseguran que ya interpusieron denuncia en la UMPEDFP de la Vicefiscalía en Mazatlán y les dicen que no se puede hacer nada por los “levantados” en La Urraca.

Artículo publicado el 24 de noviembre de 2024 en la edición 1139 del semanario Ríodoce.