Justicia tardía avanza sobre neumáticos ponchados en Ahome

Seis ex dirigentes de alianzas de camioneros en el norte de Sinaloa serán sentados en el banquillo de los acusados por exigencia de un juez de control, que resolvió una impugnación de actos dilatorios que la Fiscalía General del Justicia del Estado había realizado en los últimos seis años.

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Con diversos argumentos, los fiscales de la dependencia habían evitado que los dirigentes fuesen requeridos por un juez por acusaciones de ataques a las vías generales de comunicación, daños y otros presuntos delitos cometidos en agravio de una familia de camioneros.

Emilio Sam Galaviz y su esposa, Rosa Evelia Pérez Verduzco escucharon tranquilos la resolución de la impugnación número 22/2024 que fue desahogada por el juez Luis Nicanor Barajas Peligra en el caso 21/2024 instruido por los presuntos delitos de ataques a las vías generales de comunicación y medios de transporte.

“Es un alivio, pero es aún insuficiente. Ellos ocasionaron muchos daños y hasta fomentaron que una de sus víctimas muriera, después de que le quemaron su camión cuando estaba estacionado sin acumulador en una de las calles de la colonia Antonio Toledo Corro, en donde vivía”, dijo el concesionario y chofer.

Él y su esposa tienen seis años luchando por su causa.

Para ellos, los responsables de acabar con su forma de vida que mantuvieron durante más de 30 años son los dirigentes aliancistas, José Antonio Chinchillas Fierro, su secretario de trabajo, Ignacio Santos Montes, Rosario Acosta Torres, de la Cooperativa de Carga; Plinio Castro Sosa, Gerardo Villegas Apodaca y José Luis Angulo, así como el delegado de Transporte, Hugo Leal Sañudo, su asesor jurídico, Alfonso Acuña Delgado e inspectores diversos, y la colusión del agente del ministerio público, Heriberto Fernández Estrella.

El agente del ministerio público, acusaron, retardó la investigación, falseó declaraciones de ofendidos para simular un otorgamiento del perdón y hasta el desistimiento de las denuncias, y con evasivos buscaba que los ofendidos perdieran interés en la continuidad de las querellas. “No lo consiguió, y nosotros, cansados de eso, recurrimos ante el juez de control, que comprobó que el caso se estaba retardando intencionalmente”.

Sam explicó que durante tres décadas se dedicó al transporte de carga diversa, pero en el año 2018, el 21 de abril, entre las calles Jiquilpan y Macario Gaxiola fue bloqueado por góndolas de los concesionarios.

Le exigían que dejara de trabajar, sacando huevo desde las bodegas para transportarlo a ciudades de Sonora. “Mucho alegué que tenía permisos de carga federal y licencia federal, pero nada les importó, querían mi fuente de trabajo y hacían de todo para evitar que cargara. Pagaron inspectores de transporte para que me infraccionaran retirándome licencias y los permisos, cuando era notoriamente improcedente. Lo hicieron muchas veces, hasta que me bloquearon, y afectaron la circulación por completo”, mencionó.

Eso es la base de la acusación, que según el fiscal, él la reinició en diciembre del 2022, según lo declaró ante el juez de control, pero fue una mentira porque en realidad la tenía en su escritorio desde diciembre del 2019, cuando el entonces auxiliar, Juan Pedro Cota dejó la silla auxiliar para ser titular en homicidios dolosos.

El fiscal dijo otras mentiras en la tribuna, pero todas fueron desechadas por el juez que ordenó que el caso deberá estar en los estrados del juzgado a más tardar el domingo 20 de octubre, dijo Sam.

Tras la determinación de que el caso sea judicializado, el veterano camionero, aseguró que recurrió a Vialidad de Sinaloa para tramitar la cancelación de las concesiones de los dirigentes involucrados, pero por el deceso del director, ese trámite no se completó.

Según Sam, ahora que su caso sea público, muchos concesionarios más denunciarán a los dirigentes pues se creen autoridad y bloquean a camioneros libres. “Ya debe de haber un freno a esos excesos, y de que los líderes y sus seguidores cometan atropellos por tener nexos con las autoridades que les permiten actuar de delincuentes, exigió.

“Los dirigentes de las alianzas de camioneros se creen inspectores y juzgan a sus detractores con rudeza, pero son unos delincuentes vulgares, amparados en un poder que la autoridad cómplice les otorga. En Sinaloa, el orden y respeto a las leyes ya son decadentes”.

Pidió al Gobernador Rubén Rocha Moya no meter las manos para favorecer a los directivos que tienen comportamientos de delincuentes, como lo ha hecho su gobierno en los últimos años.

“Ya no más protección política a malos dirigentes transportistas, ya no más. La entidad se despedaza por esa complicidad política con directivos chuecos”.

En la audiencia en donde se ordenó la judicialización estuvieron dos directivos indiciados.

Artículo publicado el 20 de octubre de 2024 en la edición 1134 del semanario Ríodoce.