Compras millonarias sin licitación, la causa del octavo proceso penal a Madueña

Compras millonarias sin licitación, la causa del octavo proceso penal a Madueña

El rector de la UAS separado del cargo, Jesús Madueña Molina, fue vinculado al octavo proceso penal por pagos presuntamente ilegales al mismo proveedor al que le hicieron las compras señaladas en otras causas penales.

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La semana pasada fue celebrada la audiencia inicial por una nueva causa penal contra Madueña Molina por compras sin licitación y los ex integrantes del Comité Soila Maribel Gaxiola, Héctor Melesio Cuen Díaz, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadrón y Salvador Pérez Martínez.

De acuerdo con la FGE las compras fueron a Especialistas Comerciales del Noroeste de México, propiedad de César Abraham Cuadras López, quien también es accionista de otras dos empresas a las que les hicieron compras sin licitación y por las que ya se inició proceso penal contra los funcionarios universitarios.

En julio pasado Madueña Molina y los integrantes del Comité fueron vinculados por la contratación sin licitación de la realización de obras de rehabilitación y mantenimiento por 20 millones 964 mil pesos a Arquitectos Constructores de Sinaloa; y el 19 de septiembre por la compra de 118 millones de pesos en equipos y consumibles de cómputo a Soluciones en Informática del Noroeste, ambas empresas propiedad de Cuadras López.

Cuadras López es esposo de Yereli López Sotelo, quien es secretaria académica de la Facultad de Informática de la UAS.

En declaraciones ministeriales César Abraham ha manifestado que, aunque su esposa es socia, ella no interviene en las empresas y que él es proveedor de la UAS desde 2010.

En la nueva causa penal la FGE señaló que en 2021 hicieron compras a Especialistas Comerciales del Noroeste de México por 11 millones 182 mil 708 pesos; y en 2022 por 16 millones 464 mil 631 pesos.

Las adquisiciones fueron de material de electricidad, plomería y construcción; chapas, candados, conectores, centros de carga, focos LED, carretillas, bolsas para basura y tubos LED, para unidades académicas y administrativas de Culiacán y Angostura.

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La FGE señaló que, por el monto de las compras, estas debieron licitarse, sin embargo, la universidad las hizo de manera directa.

Según la Fiscalía todas las compras se hicieron por medio de requisiciones firmadas por Jorge Pérez Rubio, director de Construcción y Mantenimiento.

La fiscal Liliana García dijo que en sus informes trimestrales Madueña Molina tenía la obligación de informar al Consejo Universitario que el Comité estaba realizando compras sin licitación y no lo hizo.

Durante la audiencia, Milton Ayala Vega, defensor de Madueña, pidió a la fiscal que detallara los pagos por rubro y año y dijera cuánto se compró de plomería, cuánto de electricidad, cuánto en tubos LED.

El defensor Alfonso Carlos Ontiveros Elgueazabal dijo que la Fiscalía debe ser precisa y concreta y no dar solo montos globales, pero la fiscal solo respondió con el monto total de cada año.

Cesar Abraham Cuadras, el proveedor, dijo en una entrevista con la Fiscalía que las compras se las hacían por requisiciones firmadas por Pérez Rubio.

Señaló que del año 2022 la universidad tiene un adeudo de alrededor de 3 millones de pesos.

Detalló que tienen un corporativo de varias empresas y además hace ventas como persona física.

El juez Carlos Alberto Herrera dictó auto de vinculación a proceso al considerar que los datos que presentó la FGE son suficientes para presumir que cometieron el delito.

Como medida cautelar otra vez ordenó separar del cargo a Madueña Molina y la prohibición de salir del país sin autorización.

En los procesos penales contra funcionarios universitarios la semana pasada, la FGE intentó que el juez impusiera el pago de una garantía de 500 mil pesos al encargado del despacho de rectoría, Robespierre Lizárraga Otero; y a Madueña Molina, pero la solicitud fue rechazada.

La Fiscalía pidió al juez Carlos Alberto Herrera una revisión de medidas cautelares por la causa penal abierta por abuso de autoridad por negarse a una auditoría de la Auditoría Superior del Estado.

Los imputados tenían como medidas cautelares la prohibición de salir del país sin autorización judicial y acudir a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares y la FGE solicitó al juez adicionar el pago de una garantía de 500 mil pesos.

De acuerdo con la FGE el pago era para garantizar que los imputados continuarán asistiendo a las audiencias del proceso penal y no faltarán.

Los fiscales fundamentaron su solicitud en que en cuatro ocasiones fueron citados para formular imputación y no asistieron y el pasado 20 de septiembre fueron llamados a una audiencia y Lizárraga Otero no se presentó y no justificó su falta.

El juez rechazó la solicitud porque la FGE no aportó las pruebas y datos necesarios para justificar la garantía económica.

Madueña Molina y Lizárraga Otero tienen dos autos de vinculación a proceso por abuso de autoridad por negarse a auditorías; mientras que Madueña y el Comité acumulan seis procesos por compras sin licitación de tortillas, carne, obras rehabilitación, servicios de mecánica, equipos de cómputo y materiales de electricidad, plomería y construcción.

Artículo publicado el 29 de septiembre de 2024 en la edición 1131 del semanario Ríodoce.

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