En el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo de Sinaloa 2023, la ASE señaló irregularidades en el gasto de 10 mdp

La Auditoría Superior del Estado reveló que en el gobierno de Rubén Rocha Moya hubo irregularidades en el gasto de 10 millones de pesos, principalmente en la Secretaría de Obras Públicas; que persiste una deuda de mil 800 millones de pesos de la administración de Mario López Valdez y evidencia de que el mandatario ha entregado obras que no están terminadas.

La ASE dio a conocer el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo de Sinaloa en el que detalla observaciones con probable daño al erario y un desorden administrativo en la Secretaría de Obras Públicas en 2023.

La mayoría de las observaciones son para la Secretaría de Obras Públicas, que durante el periodo auditado estuvo encabezada por José Luis Zavala Cabanillas y luego por Joaquín Landeros Güicho, hoy secretario de Administración y Finanzas.

La revisión de la cuenta pública evidencia que el gobernador Rubén Rocha Moya ha entregado obras que no están terminadas.

El 6 de octubre de 2023, dice un boletín de gobierno del Estado, “entre anécdotas, la mayoría chuscas, gratos recuerdos, abrazos y el reencuentro con caras conocidas, el gobernador Rubén Rocha Moya regresó a su natal Batequitas para cumplir un compromiso personal, como es la pavimentación a base de empedrado ahogado en concreto de la calle principal”, pero no estaba concluida.

Seis meses después de la inauguración, el 23 de abril de 2024, los auditores hicieron una inspección física y encontraron que el drenaje sanitario no se encontraba operando ni en condiciones de operar, debido a que carece de las obras o trabajos complementarios; los trabajos faltantes no se incluyeron en el contrato celebrado y tampoco hay planeación, programación y presupuestación de las acciones y etapas necesarias que garanticen la continuidad de los trabajos correspondientes hasta su total conclusión y operación.

“Se advierte de la existencia del acta de entrega-recepción de los trabajos de pavimentación del citado contrato, entre la contratante y la contratista, levantada con fecha 12 de octubre de 2023, por lo que, en relación a la fecha de inspección física, transcurrieron aproximadamente 194 días (6.46 meses) desde que fueron entregados y todavía no se han iniciado o continuado con los trabajos correspondientes hasta su total conclusión y operación”, señaló la ASE.

El 24 de febrero de este año, Rocha Moya inauguró el Centro de Justicia para Mujeres en Los Mochis y tampoco estaba concluido.

En una inspección el 25 de abril los auditores encontraron que “no se encontró concluido ni operando en los niveles apropiados de funcionamiento y servicios requeridos, debido a lo siguiente: De acuerdo al proyecto proporcionado de la obra, aún faltan por ejecutarse las áreas que ocuparán el albergue temporal, la cámara de Gesell, la sala de declaraciones y la del Ministerio Público (M.P.), así como su correspondiente mobiliario y equipamiento, todos relevantes para el óptimo funcionamiento del Centro de Justicia, detectándose, que se encuentran en proceso de construcción, sin integrarse la evidencia que motive, sustente y justifique dicha situación”.

El gobernador también inauguró sin estar terminada la pavimentación de la avenida Álvaro Obregón entre el bulevar Universitarios y la calle Velina León de Medina, en Culiacán.

La obra fue entregada el 23 de diciembre de 2022 y en una inspección realizada en abril de 2024, los auditores detectaron que se “observa que derivado de una inadecuada planeación, programación, presupuestación, supervisión y control de la obra, la pavimentación no se encontró concluida ni operando en los niveles apropiados de funcionamiento y servicios requeridos”.

Detalla que faltan por retirarse diversas instalaciones eléctricas como 64 postes de concreto y de madera, que comprometen la seguridad vial debido a que se encuentran dentro del arroyo vial y tampoco se ha realizado la transición eléctrica a una línea subterránea, por lo que hay tramos en los que no funciona el alumbrado público.

La ASE encontró deficiencias en los procesos de la Secretaría de Obras Públicas, entre ellos que no tienen medidas que aseguren mayor eficacia en la aplicación del gasto, ejercieron un importe menor al monto aprobado, registraron un número menor de obras, no cuentan con los mecanismos de planeación que permitan cumplir con los objetivos y alcanzar las metas de sus programas en tiempo y forma.

Los auditores también detectaron que el Programa Anual de Obra Pública 2023 no se encuentra debidamente elaborado de conformidad con la normatividad aplicable, ya que no considera el plazo previsto para la ejecución de las obras, así como las fechas de inicio y terminación de todas sus fases y el Comité de Obra Pública no se encuentra debidamente integrado.

La Auditoría señala que dieron preferencia al procedimiento de adjudicación directa y no aplicaron la regla general de licitación pública, ya que el 64 por ciento de los contratos de 2023, los adjudicó directamente.

El informe menciona que, en 29 contratos, Obras Públicas hizo modificaciones en los montos contratados, lo que representó que las obras costaran 83 millones de pesos más de lo pactado debido a que surgieron conceptos que no fueron previstos o habían presupuestado conceptos que no se ajustaban a las necesidades reales.

La pavimentación de la prolongación del bulevar Enrique Sánchez Alonso en Culiacán, por ejemplo, el costo era de 115 millones 684 mil pesos, pero el contrato tuvo que modificarse y terminó costando 18 millones de pesos más.

En la revisión al Poder Ejecutivo la ASE determinó probable daño a la hacienda por 10 millones 62 mil 234 pesos y la mayoría corresponden a obra pública.

Los mayores montos observados fueron en la presa Picachos en el rubro excavaciones, tratamientos y construcción de plataforma y vialidades de acceso en la obra de generación hidroeléctrica con 2 millones 479 mil 450 pesos por conceptos de obras pagadas y no ejecutadas.

En la urbanización del fraccionamiento CVIVE, en la localidad de La Higuerita, en Culiacán, señalaron un probable daño por un millón 646 mil 124 pesos y otro por 2 millones 50 mil 609 pesos por obras que presentan mala calidad.

La eterna deuda de Malova

Los auditores también encontraron que hay un adeudo de mil 898 millones 494 mil 324 pesos desde el gobierno de Mario López Valdez al ISSSTESIN, Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), fideicomisos y financieras.

Al IPES, de la administración de Malova deben mil 167 millones 909 mil 360 pesos de retenciones que hizo a los trabajadores y no enteró al instituto y al ISSSTESIN 71 millones 822 mil 805 pesos.

La administración malovista además dejó una deuda de 546 millones 464 mil 985 pesos en los fideicomisos F/6 FIGLOSNTE 53, Noroeste F/2000485-0 y F/462 correspondientes a retenciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Fondo de Vivienda para Trabajadores al Servicios del Estado de Sinaloa y Fondo de Ahorro de los Trabajadores.

Con las financieras Crediamigo, Prestaccion, Fondo ACH, Metlife y Total Credit la deuda es de 112 millones 297 mil 174 pesos.

La ASE señala que, aunque los adeudos son entre 2014 y 2016, la Secretaría de Administración y Finanzas debe realizar las acciones necesarias a efecto de que se implementen medidas para regularizar.

Los auditores detectaron que el gobierno del estado tiene suficiencia financiera para pagar sus pasivos de corto plazo, sin embargo, existen pasivos sin fondo de pago por 777 millones 786 mil pesos, por lo que recomendó a la SAyF que continúe realizando las acciones necesarias, y siga reforzando las medidas de disciplina financiera implementadas, hasta lograr una suficiencia financiera para cubrir sus pasivos de corto plazo y con ello ser eficiente en el uso del recurso público.

La ASE concluyó que “se determinaron recuperaciones probables por $10,062,234.00 (diez millones sesenta y dos mil doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), originado principalmente por: omisión de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto; volúmenes de conceptos de obras pagados no ejecutados, ejecutados que presentan mala calidad, pagados en exceso, que no cumplen con las normas de construcción y, no comprueban ni justifican el anticipo otorgado al contratista de obra”.

Artículo publicado el 08 de septiembre de 2024 en la edición 1128 del semanario Ríodoce.