En 2022, para cumplir su misión de investigar y perseguir los delitos en forma eficiente, eficaz, expedita y científica observando la legalidad y el pleno respeto a los derechos humanos, a la fiscalía de Sonora le aprobaron un presupuesto de 58 mil 647 pesos por ciudadano. A la de Sinaloa, solo 28 mil 441 por cada uno de nosotros.

Muy lejos de los 80 mil 177 de la Ciudad de México, de los 67 mil 342 de Nuevo León, 57 mil 661 de Guanajuato y 54 mil 369 de Baja California.

Estados más débiles financieramente invierten más en la seguridad de sus habitantes, por medio de su fiscalía, como Nayarit, 40 mil 839 pesos por persona y Durango, 30 mil 850.

La fiscalía de Sinaloa es de las que menos recursos tiene para hacer su trabajo, del que depende nuestra seguridad y paz.

Ni el gobierno del estado ni la mayoría morenista en el congreso le asignan recursos suficientes.

Aquí no se invierte adecuadamente en investigar y perseguir los delitos.

Se invierte peor, no comparados con naciones avanzadas, comparados con los otros estados del país, siendo que aquí padecemos crimen organizado de nivel mundial.

La organización “México Evalúa” ha recolectado esta información.

Nos señala que los servicios periciales son una necesidad básica del sistema de justicia penal: que proveen los insumos técnicos para las investigaciones sobre las cuales se construyen las acusaciones y las defensas. Van desde la medicina forense hasta dactiloscopia, genética o contabilidad.

Combatir el delito pasa inevitablemente por invertir en los servicios periciales, para dotarlos de la capacidad y los instrumentos necesarios para procesar la evidencia, generar datos de prueba y presentarlos ante el juez.

El presupuesto 2022 para servicios periciales de Nuevo León fue de 44 mil 258 pesos por habitante y el de Sonora 28 mil 974. Mientras que el de Sinaloa, solo de 2 mil 159.

No hay peritos suficientes.

La tasa de peritos por cada 100 mil habitantes de Baja California Sur es 16.36; la de Colima, 15.46; la tasa promedio nacional, 7.81. La de Sinaloa es 6.68, de las peores.

No es casual que la FGR haya señalado, entre los principales problemas reportados por la investigación de la Fiscalía de Sinaloa de hace días, la falta de precisión en la necropsia y el que no estableció correctamente los signos cadavéricos inmediatos ni la temperatura ni las livideces del cuerpo.

Tampoco la Secretaría de Seguridad Pública del estado tiene los recursos necesarios para prevenir la comisión de delitos y las conductas antisociales que generan violencia y delincuencia; salvaguardar la integridad de las personas, su patrimonio, derechos y libertades y, preservar el orden, la tranquilidad y la paz pública en Sinaloa.

En Quintana Roo se aprobó un presupuesto 2022 para la secretaría local de seguridad pública de 125 mil pesos por cada ciudadano de ese estado; en CDMX, 106 mil; en Tabasco, 104 mil; en Guerrero, 84 mil, en Aguascalientes, 78 mil; en Sonora, 81 mil; en Nayarit, 64 mil.

En Sinaloa, 279 pesos. Sí, doscientos setenta y nueve. Lo de 11 litros de gasolina. El presupuesto per cápita más bajo del país.

Las instituciones de seguridad pública del estado que padecen a la delincuencia organizada de entre las más poderosas del mundo, tienen el menor presupuesto de México.

Además, los fondos federales para apoyar a las policías locales disminuyeron en el gobierno de López Obrador.

Los fondos federales apoyan el diseño de políticas de prevención social; el desarrollo, profesionalización y certificación policial; la adquisición de tecnologías, infraestructura y equipamiento para la operación policial, y el fortalecimiento de capacidades para la prevención del delito.

En 2020, el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) contó con un presupuesto de aproximadamente 7 mil 300 millones y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 4 mil millones. Un total de 11 mil 300 millones.

En 2021, el FORTASEG, que beneficiaba a 300 municipios, desapareció. El nuevo fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) sólo maneja una cuarta parte de los recursos que tenía el FORTASEG.

El presupuesto federalizado en 2024 es de 9 mil 200 millones del FASP y 1 mil 100 millones del FOFISP. Un total de 10 mil 300 millones.

En cuatro años perdieron mil millones de pesos.

La Fiscalía sinaloense, la policía estatal y las policías municipales no cuentan con suficiente personal, no tienen buenos sueldos, no están equipados adecuadamente, no poseen tecnología idónea, no están capacitados convenientemente, ni disponen de infraestructura óptima para la inteligencia policiaca.

No hay control adecuado del comportamiento y la ética. Uno de los elementos estuvo al servicio de un importante capo durante años y la titular se enteró por los medios.

Ninguno de estos problemas está contemplado en la reforma judicial del presidente.

El cambio de Fiscal no es suficiente para que se prevenga, investigue y se persigan los delitos.

Es imprescindible reconstruir las instituciones o nada mejorará.

La Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y las policías municipales están debilitadas.

Los ciudadanos no podemos limitarnos a sugerir “que le echen ganas”.

Una demanda ciudadana básica para iniciar es el aumento presupuestal al nivel del mejor estado en 2025.

No desaprovechemos esta crisis.

Construyamos públicamente las soluciones a nuestro mayor problema público.

Hacia una masiva supervisión ciudadana que sea contrapeso de la falta de autonomía de la fiscalía.

Lo han hecho otras sociedades.

Artículo publicado el 25 de agosto de 2024 en la edición 1126 del semanario Ríodoce.