La Ley en la materia se aprobó hace dos años, pero los diputados no han aprobado la creación de la institución que atenderá los delitos contra el gremio

A dos años de la aprobación de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, la fiscalía especializada en atención de delitos contra estos gremios no se creó y quedó como tema pendiente de la legislatura que sale.

Fue el 24 de mayo del 2022, cuando los diputados locales aprobaron por unanimidad la iniciativa de ley promovida por organizaciones civiles en favor de la libertad de expresión y defensa de los derechos humanos.

En ella, se propuso tipificar los delitos contra estos gremios para que sean sancionados de seis meses a cuatro años de prisión y de 200 a 300 días de multa, a quien, utilizando violencia evite se ejerza y/o se obstaculice, impida o reprima la actividad periodística o de derechos humanos.

Para dar cumplimento a lo establecido se propuso el Instituto para la Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos y se promovió la creación de una fiscalía especializada para la atención de estos delitos.

El dictamen de ley contempla que el Congreso del Estado, dentro de los 60 días posteriores a su entrada en vigor, tenía que hacer las adecuaciones correspondientes a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa para la creación del área especializada.

No obstante, ya pasaron más de dos años y, a causa de que los diputados de la LXIV legislatura no previeron su presupuesto, su creación pasará a manos de la siguiente.

El diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de coordinación Política (Jucopo), dijo que la actual legislatura no previó el presupuesto requerido para la creación de la fiscalía y por eso no se llevó a cabo.

Agregó que el tema era meramente presupuestal y que la legislatura entrante podía contemplar su creación y ampliación.

Deuda pendiente

Para Óscar Loza Ochoa, activista y presidente de la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos, el hecho de que el Congreso local no haya previsto el presupuesto para su creación no era una excusa y la fiscalía especializada debió contemplarse desde tiempo atrás.

“Es una deuda frente a periodistas y defensores de derechos humanos, no debe tardar más ni debe de haber pretexto de que no hay presupuesto para ello, porque debieron haberlo hecho desde que se aprobó el presupuesto para 2024; y, aparte de eso, no es la gran cosa para que digan que pesa demasiado lo que se vaya a dedicar a esa instancia”.

Castro Meléndrez dijo que la FGE tenía la disposición jurídica y los mecanismos suficientes para investigar cualquier delito cometido contra defensores y periodistas, y no tenía por qué retrasarse o detenerse por no contar con un órgano especializado.

Sin embargo, Loza Ochoa declaró que la creación de la fiscalía especializada es necesaria, ya que corresponde a una solicitud de la sociedad civil como respuesta a sus necesidades cuando la FGE no es suficiente.

¿Por qué nacieron las comisiones de derechos humanos y las estatales? Porque hacían falta, ¿Por qué ha surgido la comisión de búsqueda?, se supone que la fiscalía debiera de llevar a cabo ese trabajo, en lugar de los familiares y sin la necesidad de crear la instancia. Hay una comisión para la atención de víctimas del delito y esa se exigió porque no estaba cumpliendo con su trabajo la fiscalía; y así hay una serie de cosas que requiere de organismos autónomos para atender ese tipo de casos”, declaró.

Desde enero de 2023 hasta marzo de 2024, el Instituto para la Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos recibió 85 quejas por presuntos casos de agresión.

Mientras tanto, la FGE abrió en el mismo periodo, 24 carpetas de investigación por agresiones contra personas defensoras y periodistas; y judicializó dos: una en noviembre del 2023 y otra en febrero del 2024.

La omisión en la creación de la fiscalía especializada fue señalada hace más de un año por la Red de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa en un informe que revisaba los avances que había tenido la ley aprobada.

“El Congreso del Estado tiene más de un año en omisión al no haber legislado para reformar la Ley Orgánica de la FGE Sinaloa y crear la fiscalía especializada…lo que representa un fuerte desafío en virtud de los altos niveles de impunidad que presentan este tipo de delitos, en especial los asesinatos de periodistas y activistas, lo que sigue siendo un estímulo para los potenciales agresores que se encuentran tanto en el gobierno como en el crimen organizado”, se lee.

Pero no solo eso, la Red también denunció el retraso que existía por parte del legislativo en la designación del titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos que, hasta hace menos de un mes, se encontraba acéfalo.

El 23 de Julio del 2024, Michelle Adriana Pineda, tomó posesión como la primera titular del OIC del instituto. Los diputados locales tardaron dos años y dos meses en designar a la responsable del órgano.

Artículo publicado el 11 de agosto de 2024 en la edición 1124 del semanario Ríodoce.