El Ayuntamiento se deslinda; el Módulo Santa Rosa también; afloran intereses de particulares

Un desalojo que parecía normal puso al descubierto una trama de engaños, posicionamientos cínicos, mentiras y un abusivo ejercicio del poder para beneficiar a hombres de negocios en agravio de los ciudadanos en Los Mochis, cabecera municipal de Ahome.

Relacionada: Van colonos de Los Mochis contra Policía Municipal por abuso de autoridad en desalojo

El ardid, disfrazado de legal, se armó entre la Presidencia Municipal de Ahome, con el brazo armado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Ahome, el módulo de riego Santa Rosa y un despacho de abogados y acaparadores inmobiliarios en las sombras, para afectar a vecinos del fraccionamiento Stase IV, quienes durante 30 años creyeron que cuidaban un área verde que cercaron para evitar el acaparamiento, pero finalmente resultó con un propietario agazapado… y terminaron siendo vapuleados.

La trama que había comenzado en su etapa operativa días antes, se descubrió la mañana del sábado 24 de junio, cuando dos retroexcavadores particulares, un par de dompes de la alianza de Transportadores de Materiales y Agregados para la Construcción y dos grúas particulares llegaron a la calle 21 de Marzo entre bulevar Álamos y Abril, en el fraccionamiento Stase IV.

Tras estos, arribaron 30 policías que se desplegaron en dos cuadras, y protegidos por los oficiales el abogado, José Bojórquez Félix, del despacho Bojórquez y Asociados, quien se decía ser y ostentaba apoderado del módulo Santa Rosa, argumentando que estaba allí para defender los derechos imprescriptibles del organismo, como el derecho de vía y para limpiar el dren Mochicahui con el fin de evitar inundaciones.

Explicó que la maniobra la llevaba desde el canal Lateral 18 y concluiría en la calle prolongación Enero, y que la policía estaba en el lugar para resguardar el orden, a petición del módulo Santa Rosa, pues estos no tenían propiedad de terrenos que habían cercado, y tenían facultad de desalojarlos si no acreditaban con escritura pública la posesión.

Y uniendo las palabras a los hechos, ordenó a la policía desplegarse y los agentes respondieron como corderos enfundándose en sus capuchas para ocultar sus rostros. Afianzaron sus pistolas a las fornituras y chequearon su equipamiento personal para abalanzarse sobre los ciudadanos, muchos mayores de edad, replegándolos contra los muros de las aceras frontales, y a los más jóvenes, los retaban a los puños frente a los propios padres; el mandante continuó dando órdenes: a los operadores de las retroexcavadoras arrasar con postes, árboles y todo cuanto hubiera.

A los operadores de las grúas les pidió remolcar los vehículos estacionados, sin importar ser ajenos. Los conductores se montaron en el volante y se aprestaron a jalar los carros, todos protegidos por policías que formaron una vaya para impedir a los colonos defenderse. Hubo jaloneos, insultos, señalamientos y de todo.

Mientras las retroexcavadoras amontonaban tierras y escombros, los colonos se desconcertaban porque no había autoridad judicial que respondiera por los actos de la policía y del abogado.

Imelda Cossío, Teresa de Jesús González, Osvaldo Vega Grijalva, intentaron defender el predio, pero fueron superados en número, y entonces se calmaron.

“Es una impotencia ver lo que está sucediendo y no poder hacer nada. Cómo la policía te mete miedo y amenaza, hostiga y de nada es responsable. Estamos peor que con otros gobiernos. Esto es infame”, dijo Imelda Cossío a punto de desfallecer pues como todos los demás, es una adulta con salud precaria.

¡Demuestren que son dueños!, retaba insistente el que dice apellidarse Bojórquez. Este nunca presentó documento que le facultara arrasar con todo, y un agente mostraba una foto en el celular con la que argumentaba tener facultades para detener a quien les plazca a petición del módulo de riego.

La cuadrilla de policías recibió en pago un sope y un refresco que engulleron en la calle, sobre cajas de camionetas y cofres de vehículos aparcados.

Cuando la escaramuza avanzaba, cuadrillas de jornaleros comenzaron a colar tubos y extender una tela ciclónica. Hasta en la noche trabajaron y continuaron el domingo para terminar la faena el lunes.

La disputa, a cabildo

Para entonces, el regidor Ramón Salmerón reforzó a los colonos y el caso saltó al cabildo, denunciando el proceder de la policía en un acto a todas luces ilegal y que pintaba de cuerpo entero a la administración abusiva con los colonos, además de depredadora de los poquísimos espacios verdes.

Este se confrontó con sus pares, Judith Luna Castro y Antonio Menéndez de Llano Bermúdez que pretendían dar un portazo a los colonos. Tras una escaramuza y el cabildeo de las regidoras, María de los Ángeles Heredia Zavala y Angelina Valenzuela Benítez, el cabildo se abrió un minuto, y Oswaldo Vega Grijalva exigió una investigación porque la policía actuó grosera y en favor de particulares, sin orden judicial ni mandato de autoridad. El secretario, Dalvingh Iturríos recibió a los colonos y ofreció una investigación, aunque su tiempo como secretario ya estaba por concluir.

Por separado, el jefe de la policía, Julio César Romanillo, justificó el proceder de los agentes en un oficio de intervención expedido por el módulo Santa Rosa, aunque se negó a mostrar el oficio y especificar verbalmente fecha de recepción, texto y firma del remitente. “No lo voy a mostrar”, precisó.

Y dijo que se autorizó la intervención de la policía para evitar inundaciones y permitir el desazolve del dren Mochicahui, retirar a los colonos que habían invadido vía pública, y hasta posesionado de terrenos ajenos y, por tanto, como autoridad de prevención, tenían facultad para hacerlo sin orden judicial. “No fue un desalojo, fue una asistencia a petición del módulo. Nosotros no quitamos a nadie, ni molestamos a nadie”.

Negó ser esquirol oficial, recibir paga y ser empleado de particulares para desalojar predios ajenos, y hacer el trabajo sucio a acaparadores de terrenos.

No obstante, la posición de Romanillo, el director operativo, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, confirmó la existencia del oficio de Santa Rosa firmado por el gerente, Fernando Armenta y en el que les pedía intervenir para la limpieza del dren Mochicahui y denunciaba que una franja del terreno estaba en posesión de particulares.

El alcalde Gerardo Hervás Quindos dijo ser ignorante del caso y que los hechos no le fueron informados, y al igual que Romanillo, negó ser parte de una red de funcionarios gubernamentales que operan en favor de acaparadores de terrenos que se apropian de áreas verdes y de terrenos cercanos a drenes, que después entuban para fomentar las inundaciones por lluvias.

Hervás Quindos insistió que no sabe nada del caso, y reiteró no haber ordenado nada en contra de los colonos, pero tampoco se pronunció por ahondar en el hecho.

El módulo Santa Rosa se deslinda

Rosa Mariana Baca y Fernando Armenta, presidenta y gerente del módulo de riego Santa Rosa, negaron haber enviado un oficio a la policía para desalojar a colonos.

“No hay oficio tal, no hay escrito. Yo no firmé nada, ni envíe nada a la policía ni a ninguna parte. No lo necesitamos, y porque tampoco voy a crear un conflicto social porque sabemos que una parte del bordo de ese dren está ocupado por los vecinos. Que lo resuelvan los particulares, nosotros somos ajenos y no intervenimos”, dijo la presidenta.

Aseguró que el día que sucedió el altercado se enteró del caso y actuó de inmediato. “Le pedí al gerente que despidiera al personal que estaba involucrado porque se decía que eran retroexcavadoras nuestras y que nosotros estábamos encabezando ese desalojo, cuando no era así. Incluso, una draga nuestra estaba limpiando el dren, y ordené que se detuviera. Nosotros no ocupamos ese bordo para limpiar el dren Mochicahui, lo hacemos, lo hemos hecho, desde el otro extremo. Eso se puede demostrar. Hace mucho tiempo que no usamos ese bordo, por el conflicto social, por los vecinos que viven allí”.

Baca externó que nadie de sus subordinados está facultado para pedir la intervención de la policía. “Serían despedidos”, ofreció.

Tampoco nadie de la directiva a título personal y ostentando el cargo puede hacer trámite alguno. “Debe ser por autorización, y no se dio”.

Baca negó también servirle a personas o empresas que acaparan lotes urbanos. “No nada de eso, nosotros solo a los usuarios y a mantener nuestra red”.

Ella también se deslindó del abogado José Bojórquez Félix del despacho Bojórquez y Asociados que se ostentó como representante del módulo de riego Santa Rosa para el desalojo de los particulares.

“No lo conozco, no es de nosotros. No tenemos ningún trato con él ni con ese despacho. No sé quién es. Insisto, no tenemos ningún trato con ellos ni con él”.

El día del desalojo otro apellido fue constante, Murrieta, alguien que se decía era el propietario del terreno.

Y Baca precisa: “Sí, con nosotros hay alguien de ese apellido, es Adolfo Murrieta hijo, el tesorero”.

Artículo publicado el 30 de junio de 2024 en la edición 1118 del semanario Ríodoce.