El encargado del despacho de rectoría Robespierre Lizárraga Otero deberá depositar una garantía de 50 mil pesos para asegurar que acudirá a las audiencias y no seguirá retrasando el proceso penal.

La mañana de hoy se celebró una audiencia de revisión de medidas cautelares por el delito de abuso de autoridad por presuntamente negarse a una auditoría de la Auditoría Superior del Estado.

El abogado de Lizárraga Otero, Milton Ayala, mencionó que la FGE pretendía solicitar la separación del cargo al igual que lo hizo con el rector Jesús Madueña Molina, pero creen que un amparo concedido por un juez federal contra el auto de vinculación a proceso frenó la intención.

El Ministerio Público, Ramón Valenzuela, pidió al juez imponer como medida cautelar que Robespierre acudiera a firmar cada mes y una garantía económica.

Mencionó que las medidas son necesarias para garantizar que asistirá al proceso penal y no lo seguirá retrasando.

Señaló que las audiencias se han diferido en varias ocasiones por cuestiones atribuídas a Robespierre y el proceso no ha podido avanzar.

Además, señaló, ha influido en testigos como en la contadora general Rebeca Carrasco quien en 2019 participó en una auditoría de la ASE y recientemente en una entrevista ministerial dijo que la ASE no tiene competencia y es el mismo argumento de Lizárraga Otero.

El asesor víctimal Janer Guillermo Senado señaló que la garantía económica es una medida idónea para garantizar la asistencia de Robespierre a las audiencias.

Mencionó que el imputado ha presentado justificantes médicos cuestionables.

Dijo que es público que Lizárraga Otero no acude a audiencias por enfermedad y un día después está encabezando marchas.

El abogado de Robespierre, Milton Ayala, mencionó que la solicitud de la fiscalía estaba injustificada.

Manifestó que el imputado ha justificado todas sus inasistencias.

Mencionó que ya hay una sentencia de amparo en la que el juez de distrito estableció que la ASE no tiene facultades para auditar los recursos autogenerados.

Aseguró que no hay riesgo de sustracción de la justicia porque es una figura pública y lo podría reconocer cualquier persona.

Mencionó que solo estaba de acuerdo en que acudiera a firmar, pero cada dos meses.

El juez Carlos Alberto Herrera revolvió que Lizárraga Otero acuda a firmar cada dos meses.

Explicó que no hay una base para fijar un monto de una garantía económica, pero en aras de agilizar el proceso estableció la garantía en 50 mil pesos.

Lizárraga Otero solo tenía la medida cautelar de no salir del país.

Madueña Molina también estaba citado para hoy pero por enfermedad no acudió por lo que la revisión de medidas para él será el próximo 27 de mayo.

En octubre pasado en una revisión de medidas en otra causa penal, Madueña Molina fue separado del cargo.